La tensión entre México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU escaló este 20 de octubre de 2026 en la Asamblea General. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, rechazó la interpretación del órgano internacional sobre el artículo 34 de la Convención y defendió los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- Postura oficial: México desestimó la lectura del Comité respecto al alcance del artículo 34 y presentó sus propias cifras.
- Denuncia internacional: Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité, acusó que familiares fueron expulsados por exhibir fotografías.
- Dato oficial: El Gobierno reportó la localización de 16 mil personas durante este año y cooperación con cinco países.
El rechazo de México a la interpretación del artículo 34
La controversia se centró en el artículo 34 de la Convención, que precisa que tras la recepción de indicios fundamentados se puede solicitar información al Estado y llevar el caso ante la Asamblea General. En voz del subsecretario, México rechazó la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación de ese mecanismo.
Como parte de su defensa, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum conformó un grupo de expertos para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, insistió el subsecretario ante la Asamblea.
La denuncia por expulsión de familiares
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán Alencastro, denunció a través de redes sociales que familiares de personas desaparecidas fueron expulsadas de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos.
“Su presencia merecía respeto y disposición para escuchar, y debería recordarnos a quién está destinado a servir nuestro trabajo”.
En su cuenta de X, Albán exhibió las acciones tomadas durante los discursos emitidos en la Asamblea General. Puntualizó que el asunto remitido en virtud del artículo 34 no debe perderse “en medio de cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”, y apuntó a una discusión seria y de buena fe enfocada a resultados concretos, tomando en cuenta el sufrimiento y las legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.
El Comité concluyó, tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano y los testimonios de víctimas y organizaciones, la existencia de “indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esta práctica hasta la actualidad”. Albán enfatizó la falta de una política federal enfocada a la comisión de desapariciones forzadas, aunque reconoció los esfuerzos de las autoridades, y señaló que el registro nacional supera los 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.
“Ahora corresponde a esta Asamblea considerar las oportunidades de cooperación, movilización y apoyo internacional que este procedimiento puede ofrecer para asistir a México, si México considera benéfico ese apoyo, en las áreas de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, investigación forense y protección de las víctimas y sus familias”, comentó el presidente.
Cifras y cooperación internacional
Pese a las críticas, ante la Organización de las Naciones Unidas se destacó la localización de 16 mil personas durante este año, como uno de los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Entre los países que mantienen cooperación con México para el fortalecimiento de la identificación humana se encuentran Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala. Arturo Medina reiteró además la colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Confío en que ahora tomarán con igual seriedad su responsabilidad de darle efecto práctico y significado”, refirió Juan Pablo Albán.
El cruce de posturas deja un escenario complejo: mientras el Gobierno mexicano proyecta avances concretos y cooperación internacional, el Comité sostiene que persisten indicios de desaparición forzada y un registro que supera los 135 mil casos. La presión de las familias y la demanda de resultados mantendrán el tema en la agenda durante los próximos meses.