Vinculan a 11 por colapso en Axe Ceremonia

Vinculan a proceso a 11 imputados por colapso en Axe Ceremonia; esto revela la Fiscalía

Resumen: La Fiscalía capitalina vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por homicidio culposo tras el colapso en Axe Ceremonia; suman 11 imputados por la muerte de dos fotoperiodistas.

Creado: 2026-10-21 por

La Fiscalía de la Ciudad de México logró este martes la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres empresas por el delito de homicidio culposo en agravio del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, quien falleció durante el colapso de una estructura metálica en el festival Axe Ceremonia 2025. La audiencia se prolongó más de 12 horas y concluyó durante la madrugada del 20 de octubre. Con esta determinación, el total de imputados asciende a 11 por la muerte de dos fotoperiodistas.

  • Vinculación masiva: Siete personas y tres empresas deberán enfrentar proceso por el homicidio de Miguel Ángel Rojas; en el caso de Berenice Giles, la imputación recayó únicamente en la empresa administradora del Parque Bicentenario.
  • Dictamen forense: Una plataforma elevadora se utilizó para funciones distintas a las de su diseño, lo que detonó el colapso.
  • Medidas cautelares: Las personas deberán presentarse cada dos meses y no podrán acercarse a las víctimas indirectas; cada empresa tendrá que exhibir garantías de 500,000 pesos.

El juez de control rechazó los intentos de las defensas de frenar el proceso y consideró que existen elementos suficientes para continuar con la causa penal. Una de las tres empresas, encargada de la administración del Parque Bicentenario, también quedó vinculada por el homicidio culposo de Berenice Giles.

La cadena de responsabilidades

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación identificó participación en tres frentes: la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de estructuras. El dictamen de mecánica forense concluyó que la plataforma elevadora que cayó sobre las víctimas fue empleada para funciones para las que no había sido diseñada. Ese elemento fue clave para sustentar la vinculación: estableció una falla directa entre el uso de la estructura y el colapso del 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

  • Eduardo “N”, representante legal de la empresa encargada del Parque Bicentenario, responsable de la implementación y seguimiento del Programa Especial de Protección Civil.
  • Marcos Francisco “N”, gerente de Operaciones del recinto, quien firmó la minuta de una inspección previa que se realizó sin que estuviera instalada la estructura que después cayó.
  • Martín “N”, representante legal de la empresa promotora del evento, vinculado a la planeación y distribución de espacios y estructuras.
  • María “N”, directora de Producción, quien declaró que en una reunión del 28 de marzo de 2025 se aprobó la instalación de cuatro plataformas elevadoras.
  • Nathalie “N”, representante legal de la empresa responsable de producción y ambientación, quien firmó una carta en la que asumió obligaciones sobre el montaje.
  • Rodrigo Napoleón “N”, director creativo, que participó en la instalación de las plataformas, de acuerdo con entrevistas recabadas por la Fiscalía.
  • Pedro “N”, productor de eventos, quien intervino en la recepción y montaje de las estructuras.

A esta lista se suma María del Pilar “N”, responsable de Protección Civil del festival, cuya vinculación por la muerte de Rojas se obtuvo el 15 de octubre.

El caso de Berenice Giles y el acuerdo reparatorio

En el caso de Berenice Giles, la vinculación a proceso se limitó a la empresa administradora del recinto. La Fiscalía explicó que esa compañía “no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026” entre los familiares de la víctima, las ocho personas físicas y las otras dos empresas investigadas. Este acuerdo explica la diferencia: por la muerte de Giles la responsabilidad penal se concentró en una de las tres empresas, mientras que por Rojas el proceso alcanzó a todos los imputados.

Medidas cautelares y señalamientos de la familia

El juez de control impuso a las siete personas físicas la obligación de presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México, además de prohibirles acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. Para las tres empresas fijó un plazo de cinco días hábiles para exhibir garantías económicas de 500,000 pesos por cada una y un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía afirmó que continuará con las diligencias “para esclarecer las responsabilidades por estos hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia”.

En paralelo, la asesora legal de la familia de Rojas, Tábata Salas, denunció que empresas de Grupo Eco, organizadoras del festival, habrían cobrado ya un seguro derivado de las muertes de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles. La abogada calificó el hecho de “sumamente indignante” y señaló que ocurrió mientras las mismas empresas pedían al juez declarar prescrito el delito.

“Grupo Eco ya cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice”, afirmó Salas.

La familia de Rojas también expuso que ha tenido que endeudarse por el proceso, mientras empresarios vinculados al caso habrían presionado para que aceptaran una reparación económica.

El colapso del 5 de abril

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas del 5 de abril de 2025, cuando cerca de 100,000 personas asistían al festival en el Parque Bicentenario. Mientras Meme del Real, integrante de Café Tacvba, terminaba su presentación, una fuerte ráfaga de viento derribó una estructura metálica decorativa de aproximadamente 250 kilogramos sostenida por una grúa.

La estructura cayó sobre Rojas y Giles, quienes cubrían el evento para el medio independiente Mr. Indie y se encontraban cerca de la zona de prensa. Paramédicos de una empresa contratada por los organizadores les practicaron reanimación cardiopulmonar en el lugar antes de trasladarlos al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde llegaron sin signos vitales.

La estructura que colapsó no había sido reportada ni estaba incluida en el Programa Especial de Protección Civil presentado para autorizar el festival, lo que resultó determinante para las imputaciones de la Fiscalía.

La resolución judicial fortalece la tesis de la Fiscalía capitalina sobre una cadena de omisiones y decisiones operativas que terminó en una tragedia evitable. Mientras la investigación complementaria avanza, el caso deja en el centro el control de estructuras temporales en eventos masivos y la responsabilidad de empresas y directivos ante la seguridad de asistentes y trabajadores de medios.

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