La Plataforma Ciudadana de Fosas documentó durante 2025 una brecha de 20 veces entre los registros estatales y federales: las fiscalías locales reportaron 651 fosas clandestinas en 16 entidades, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció 32 en seis estados. La diferencia ocurre en un país con más de 130,000 personas sin paradero conocido, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El monitoreo, coordinado por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, sumó además 433 fosas identificadas en notas periodísticas durante el mismo año.
- Diferencia federal-local: 32 fosas reconocidas por la FGR frente a 651 reportadas por fiscalías estatales.
- Focos territoriales: Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Jalisco concentraron 431 fosas.
- Cuerpos exhumados: Las fiscalías reportaron 833 cuerpos en 15 estados; en 287 no se informó el sexo.
La brecha entre fiscalías locales y la FGR
Sonora encabeza el recuento estatal con 204 fosas, casi una tercera parte del total nacional. Le siguen Chihuahua con 85 y Baja California Sur y Jalisco con 71 cada una; entre las cuatro suman 431, dos de cada tres hallazgos estatales. A nivel municipal destacan Hermosillo con 90, La Paz con 57, Casas Grandes con 46, Cajeme con 41 y Nogales con 31.
En el registro de la FGR no aparecen Sonora, Chihuahua, Baja California Sur ni Sinaloa, pese a que sus fiscalías documentaron en conjunto 410 fosas. Donde ambas fuentes reportaron casos, la distancia persiste: en Jalisco, 71 contra seis; en Michoacán, 28 contra dos; y en Guerrero, 19 contra cinco.
Entre 2013 y 2025, la FGR acumuló 426 fosas clandestinas, con Guerrero (130), Tamaulipas (110) y Veracruz (49) como principales entidades. Guerrero pasó de un pico de 31 fosas en 2023 a dos en 2024 y cinco en 2025; Tamaulipas cerró 2025 con 15.
La plataforma advierte que la falta de transparencia sobre cómo llegan los datos de las fiscalías estatales a la FGR impide explicar por qué los hallazgos locales no se reflejan en las cifras federales. Desde 2006, la FGR ha sido sistemáticamente la fuente oficial con menos registros.
Cuerpos y restos humanos
Las fiscalías estatales reportaron la recuperación de 833 cuerpos en 15 entidades. Jalisco concentró 257; Sonora, 239; Chihuahua, 119; y Baja California Sur, 96. Del total, 487 correspondieron a hombres y 59 a mujeres; en 287 casos, más de una tercera parte, no se informó el sexo.
En Chihuahua, el sitio conocido como “la fosa de Willy”, en Casas Grandes, concentró 38 fosas y 89 cuerpos exhumados. En Sonora, un predio sobre la carretera 26, al poniente de Hermosillo, derivó en 60 cuerpos distribuidos en 35 fosas, todos de hombres, y en la detención de cinco personas.
Las fiscalías también reportaron 226 restos humanos en 10 entidades, encabezadas por Michoacán con 99, San Luis Potosí con 37, Sonora con 30 y Guerrero con 28. En el 85.8% de los restos, 194 casos, no se registró el sexo. El informe precisa que estas cifras no equivalen al número de víctimas.
Entidades sin información útil
Un total de 11 entidades no entregaron información útil. Baja California reservó los datos por cinco años; Coahuila pidió prórroga y no respondió; Nayarit no entregó; e Hidalgo cerró con incompetencia. Tamaulipas dijo que enviaría registros, pero no los adjuntó; la Ciudad de México reconoció fosas sin la desagregación solicitada; Colima remitió a un enlace no disponible; Guanajuato a un portal sin claridad; Morelos a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y Veracruz a informes anuales sin base sistematizada. El Estado de México afirmó no contar con datos pese a su portal de transparencia.
La actualización confirma la fragmentación y opacidad del registro de fosas clandestinas. Mientras los estados documentan cientos de hallazgos y cuerpos, la federación mantiene cifras notoriamente menores, lo que dificulta dimensionar la crisis forense y responder a las familias de las más de 130,000 personas desaparecidas. El reto pendiente es homologar criterios y transparentar el flujo de información entre fiscalías locales y la FGR.