El panteón de Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, fue escenario de una nueva prospección con georradar y dron para determinar si todavía existen restos humanos bajo la tierra. La diligencia se llevó a cabo el lunes 19 de octubre con especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la supervisión de colectivos de familiares de personas desaparecidas, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.
- Objetivo: Establecer si hay más indicios biológicos en el subsuelo y si se requiere continuar con las excavaciones.
- Metodología: Uso de georradar, fotografías aéreas con dron y trabajo de un equipo de geología, geofísica, arqueología, antropología y criminalística.
- Contexto: Desde 2017 se han localizado 219 indicios en el sitio; la quinta fase de exhumaciones, realizada entre marzo y abril de 2026, aportó 46 indicios biológicos.
La revisión del 19 de octubre y sus alcances
Durante la diligencia, los especialistas retiraron la carpa, el geotextil y las placas de madera que cubrían el área intervenida. Acondicionaron el terreno para el georradar y capturaron imágenes aéreas con un dron. El equipo multidisciplinario de la CNB estuvo integrado por especialistas en geología, geofísica, arqueología, antropología y criminalística. También participaron la Fiscalía estatal, la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la policía municipal de Jojutla.
La Fiscalía aclaró que, hasta el 20 de octubre, no había reportado nuevos restos recuperados en esta revisión. El equipo técnico deberá presentar sus conclusiones antes de definir los siguientes pasos. La detección de anomalías en el subsuelo no confirma por sí misma la presencia de restos humanos; cualquier posible hallazgo debe verificarse mediante una diligencia de campo y documentarse conforme a los procedimientos forenses.
Hallazgos de la quinta fase y avance pericial
Esta nueva prospección se acordó durante una reunión a principios de septiembre, cuando la Fiscalía presentó a los colectivos los avances de la quinta fase de exhumaciones. En esa etapa, desarrollada entre marzo y abril de 2026, se recuperaron y registraron 46 indicios biológicos. Según los resultados preliminares, 24 correspondían a personas fallecidas cuyos restos conservaban partes suficientes para análisis genéticos; los otros 22 eran segmentos humanos y fragmentos óseos que debían someterse a estudios periciales. Además, se reportaron restos de dos infantes y un resto fetal.
La autoridad sostuvo que los restos no eran de origen reciente, pues la última inhumación documentada en la carpeta de investigación correspondía a junio de 2014. Tras la recuperación, el trabajo se trasladó a la etapa de laboratorio para procesar los indicios y avanzar en la identificación.
“Los dictámenes periciales de la primera etapa tenían un avance del 100 por ciento, mientras que los correspondientes a la segunda etapa alcanzaban el 88 por ciento”, informó el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, el 6 de septiembre.
Los análisis comprendían fotografía, medicina, antropología, odontología, genética, criminalística, prendas y lofoscopía. La Fiscalía precisó que esos porcentajes no representaban una cifra de personas identificadas, sino el avance en la emisión de dictámenes periciales. La identificación depende de los resultados técnicos y, cuando es posible, de la confronta genética con muestras de familiares.
De una fosa de 35 cadáveres a un conteo que se amplió
El origen del caso se remonta a junio de 2014, cuando la entonces Procuraduría General de Justicia de Morelos solicitó al Ayuntamiento de Jojutla autorización para inhumar 35 cadáveres que permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo). La petición, presentada el 6 de junio, correspondía a personas fallecidas entre 2011 y 2014 que no habían sido identificadas o reclamadas. Los cuerpos fueron sepultados en julio de ese año en una fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro.
La revisión posterior se centró en las condiciones de las inhumaciones y en la falta de procedimientos forenses suficientes para individualizar e identificar los restos. La documentación disponible tampoco coincidía plenamente con la cantidad de cadáveres que terminaron apareciendo durante las excavaciones. La fosa se hizo pública en junio de 2016, en medio de la presión generada por el caso de Tetelcingo, en Cuautla, y por las exigencias de familiares, colectivos y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Ese mes, el entonces fiscal estatal, Javier Pérez Durón, informó que en Pedro Amaro se habían sepultado alrededor de 30 cadáveres sin identificar o reclamar. Las excavaciones comenzaron el 21 de marzo de 2017. Al cierre de esa primera intervención, los reportes públicos contabilizaron restos de 84 personas recuperados entre el 21 de marzo y el 27 de abril, muy por encima de los 35 previstos inicialmente.
La Fiscalía realizó nuevas intervenciones en 2022 y 2024, y en mayo de 2025 se reanudaron los trabajos con una cuarta fase. Entre el 26 de mayo y el 19 de junio de 2025 se registraron 83 indicios; la cuarta fase se suspendió el 19 de junio por las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Erick y el riesgo de derrumbe de un muro. Al presentar los resultados, la Fiscalía informó que desde 2017 se habían localizado 219 indicios en el sitio, de los cuales 78 contaban con perfil genético.
La quinta fase comenzó en marzo de 2026 y concluyó en abril con los 46 indicios biológicos ya mencionados. Ahora, la prospección del 19 de octubre busca saber si todavía hay indicios bajo el terreno que ameriten nuevas excavaciones. El siguiente paso depende del informe técnico de la CNB y de la coordinación con autoridades y colectivos; hasta que se difundan esos resultados, no existe una cifra confirmada de nuevos restos recuperados en la revisión más reciente.
En Pedro Amaro permanecen abiertas dos tareas: determinar si hay más indicios en la fosa y avanzar en la identificación de los restos ya recuperados. La prospección reciente apunta a la primera de ellas, mientras que los análisis genéticos y periciales son la vía para atender la segunda.