Reclutamiento forzado: penas de hasta 20 años

Reclutamiento forzado tendrá penas de hasta 20 años y agravantes, aprueban diputados

Resumen: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad tipificar el reclutamiento forzado con penas de 15 a 20 años de prisión y agravantes específicas; la reforma fue enviada al Senado.

Creado: 2026-10-21 por

Con 419 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad tipificar y sancionar el reclutamiento forzado con penas de entre 15 y 20 años de prisión. La reforma incorporó esta conducta a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y estableció una protección específica para niñas, niños y adolescentes que son incorporados por grupos criminales. El dictamen fue enviado al Senado para su discusión.

  • Aprobación unánime: El dictamen obtuvo 419 votos y pasó al Senado.
  • Pena base: Se fijaron sanciones de 15 a 20 años de prisión para el reclutamiento forzado.
  • Protección especial: Todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se castigará como reclutamiento forzado.

Conductas tipificadas y protección a menores

La propuesta sancionó a quien, mediante fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, coerción económica o el aprovechamiento de una condición de extrema vulnerabilidad, obligara, indujera o incorporara a una persona a una asociación delictuosa, banda, pandilla o grupo criminal organizado. La conducta incluyó la participación en delitos, labores de vigilancia o logística y la prestación de servicios para organizaciones criminales. El dictamen también determinó que cualquier reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entendiera y castigara como reclutamiento forzado.

Agravantes que elevan las penas

Las sanciones pudieron aumentar hasta en una mitad si quien cometiera el delito trabajaba o había trabajado en una empresa de seguridad privada y utilizaba información confidencial, capacitación o adiestramiento obtenidos durante ese empleo para reclutar víctimas. El aumento de la pena también aplicó para quienes se ostentaran como servidores públicos. La medida contempló castigos mayores cuando la víctima perteneciera a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Otra agravante se estableció cuando la persona reclutada estuviera en condición de movilidad humana, sin importar su estatus migratorio. También se incluyeron los casos en que el reclutamiento provocara lesiones o implicara tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Posturas de los legisladores

El diputado del PRI Miguel Alejandro Alonso Reyes sostuvo que el reclutamiento forzado era una forma de violencia que arrebataba a la niñez la posibilidad de decidir sobre su vida y su futuro. Expuso que las víctimas eran separadas de la escuela, de sus familias y de sus aspiraciones para servir a quienes aprovechaban su vulnerabilidad. Además, señaló que niñas, niños y adolescentes deberían levantar la mano para preguntar en un salón de clases, pero en algunos casos tenían que aprender a obedecer y guardar silencio para protegerse y proteger a sus seres queridos.

“Es por ello que la bancada del PRI votará a favor de este dictamen para incorporar el reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y establecer penas de 10 a 20 años de prisión a quien reclute a una persona o más por parte de un grupo delictivo, adicionando, además, diversas agravantes”, dijo.

El diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja celebró la aprobación y afirmó que el reclutamiento forzado abría paso a desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos. También consideró que esa práctica sostenía la capacidad operativa de los grupos criminales, junto con el lavado de dinero y el tráfico de armas. Describió el mecanismo como una leva forzada que recurría a engaños, falsas ofertas de trabajo y redes sociales para atraer a jóvenes. De acuerdo con el legislador, una vez que eran enganchados, los grupos delictivos aprovechaban su inocencia o fuerza para asignarles tareas criminales. Las víctimas podían ser utilizadas como sicarios, halcones o mensajeros del crimen, y mencionó el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, como un ejemplo de esta práctica.

La aprobación en la Cámara de Diputados dejó en manos del Senado la discusión de una reforma que definió el reclutamiento forzado como un delito castigable incluso cuando la incorporación a estructuras criminales ocurriera mediante engaños, amenazas o el aprovechamiento de la vulnerabilidad de una persona. De avanzar, México contará con un marco específico para frenar una práctica que, según los legisladores, alimenta la capacidad operativa de los grupos criminales y vulnera de forma directa a la niñez y a las poblaciones en movilidad.

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