Exigen investigar filtración de periodista en Sinaloa

Piden sanciones por exponer a un periodista que investigó CEPROFIES en Sinaloa

Resumen: Artículo 19 y Revista Espejo denunciaron que una solicitud de transparencia sobre incentivos fiscales en Sinaloa derivó en la exposición del periodista solicitante; piden investigar y sancionar a los responsables.

Creado: 2026-10-21 por

La Revista Espejo, un medio de comunicación del estado de Sinaloa, denunció que uno de sus periodistas fue expuesto después de solicitar información pública a la Secretaría de Economía estatal sobre los beneficios fiscales otorgados a empresas privadas. Ante el caso, Artículo 19 demandó que las autoridades investigaran los hechos y aplicaran sanciones si se acredita una violación a las obligaciones de transparencia y protección de datos personales.

  • Medio afectado: Revista Espejo denunció la filtración de la identidad de un reportero después de presentar una solicitud de información sobre incentivos fiscales.
  • Reacción de terceros: El 8 de octubre de 2026, empresarios llamaron a periodistas del medio para cuestionar la investigación sobre CEPROFIES.
  • Quejas formales: El 14 de octubre se presentaron recursos ante dos instancias de Sinaloa para determinar una posible transferencia indebida de datos.

Solicitud de transparencia derivó en llamadas de empresarios

El trámite fue presentado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y buscó información sobre los certificados de promoción fiscal, conocidos como CEPROFIES, entregados a compañías privadas en Sinaloa. El 8 de octubre de 2026, periodistas de la revista recibieron llamadas de personas empresarias que cuestionaron por qué se investigaban esos incentivos fiscales y qué uso se pretendía dar a los datos requeridos ante la dependencia estatal.

Para Artículo 19, esas comunicaciones demostraron que personas ajenas al procedimiento tuvieron acceso a información sobre la solicitud. La organización advirtió que la difusión del contenido del trámite o de la identidad del solicitante pudo exponer al reportero.

La publicación señaló a la Secretaría de Economía de Sinaloa como presunta responsable de divulgar datos vinculados con el trámite y con el periodista que promovió la petición de información. Artículo 19 consideró que el caso pudo colocar al periodista en una posición de vulnerabilidad, al permitir que particulares identificaran una investigación sobre beneficios otorgados desde el gobierno estatal.

Quejas ante instancias de transparencia

El 14 de octubre de 2026 fueron presentadas quejas formales ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Los recursos buscaron que las autoridades determinaran si hubo una transferencia indebida de información sobre la solicitud o de los datos personales del periodista.

Artículo 19 pidió que ambas instancias realizaran una investigación diligente, exhaustiva y sin dilación para esclarecer cómo la información llegó a personas empresarias ajenas al procedimiento. Además, exigió que, si se comprobaban irregularidades, se aplicaran las medidas de apremio y sanciones administrativas previstas en el título noveno de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Datos personales, marco legal y efecto inhibidor

La ley establece que cualquier persona puede solicitar información en posesión de autoridades sin explicar los motivos de su petición ni revelar el uso que daría a los documentos obtenidos. Artículo 19 señaló que las autoridades involucradas en el proceso debieron garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales que estuvieron bajo su resguardo.

La Secretaría de Economía de Sinaloa debía preservar la información del solicitante y limitar su tratamiento a las finalidades previstas en el procedimiento de transparencia. En materia de datos personales, una autoridad no puede compartir libremente información identificable con terceros: una transferencia requiere justificación legal y un instrumento que establezca las responsabilidades de las partes.

La organización sostuvo que la presunta filtración no solo pudo afectar al reportero, sino que también pudo desalentar a otras personas de presentar solicitudes de información ante dependencias públicas. El temor de que una petición permita identificar a quien investiga puede limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información, en especial cuando se involucran recursos públicos, decisiones administrativas o beneficios para empresas.

El caso plantea un punto crítico entre el derecho a la información pública y el resguardo de los datos personales de los solicitantes. Mientras las instancias de Sinaloa resuelven las quejas, la exigencia de Artículo 19 se concentra en esclarecer el origen de la filtración y, de confirmarse responsabilidades, aplicar sanciones para evitar que el ejercicio periodístico exponga a quien pregunta.

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