Acuden ante juez federal para que revise omisiones en caso de mineros de Concordia

Acuden ante juez federal para que revise omisiones en caso de mineros de Concordia

Resumen: Las familias de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, solicitaron a un juez federal revisar las presuntas omisiones del Ministerio Público y reclaman información sobre las detenciones y la responsabilidad de Vizsla Silver.

Creado: 2026-10-21 por

Las familias de los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, presentaron ante un juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte una petición para programar una audiencia de control en la que se revisen las presuntas omisiones, negligencias y determinaciones del Ministerio Público en la investigación del caso.

  • Punto clave 1: Las familias presentaron una solicitud de audiencia de control ante un juez federal para revisar la actuación del Ministerio Público.
  • Punto clave 2: Pidieron a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy obtener testimonios de los detenidos que ayuden a esclarecer el caso.
  • Punto clave 3: A ocho meses del secuestro, continúa sin localizarse al ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, y Vizsla Silver no ha entregado documentación clave.

Solicitud ante un juez federal

La petición, encabezada por el abogado Odracir Espinoza, fue dada a conocer por las familias después de las recientes detenciones de presuntos responsables del secuestro y homicidio de los trabajadores, ocurrido el 23 de enero en el municipio sinaloense.

El mecanismo de audiencia de control permite que las víctimas pidan a un juez revisar el desempeño de la autoridad investigadora cuando consideran que hay fallas u omisiones en el proceso. En el caso Concordia, los familiares recurrieron a esa vía ante la falta de información sobre los avances, luego de las últimas capturas vinculadas al secuestro.

La representación legal ya había solicitado a la FGR un informe sobre todas las detenciones relevantes realizadas en la zona desde que inició la indagatoria.

Detenciones y reclamo de testimonios

La solicitud se formalizó después de que las autoridades reportaran la detención de Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, y de cuatro presuntos integrantes más de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos, en los municipios de El Rosario y Mazatlán, Sinaloa.

Las familias pidieron a Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y a Ernestina Godoy, fiscal general de la República, un esfuerzo adicional para obtener testimonios de los detenidos que ayuden a esclarecer los hechos.

A ocho meses del secuestro y con al menos 11 personas detenidas vinculadas al caso, según las propias autoridades, los familiares consideran que no es posible que no exista mayor información sobre lo ocurrido el día del hecho, la intervención del grupo criminal y la responsabilidad de Vizsla Silver en la seguridad de sus trabajadores.

En comunicados anteriores, los familiares reconocieron las acciones de la SSPC, la FGR y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aunque mantienen el reclamo por la falta de información sobre los posibles testimonios de los detenidos.

De acuerdo con información oficial, las capturas de “El Talibán” y los otros cuatro presuntos integrantes de la célula criminal se realizaron el 16 y 17 de octubre mediante dos operativos de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional. También participaron la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena.

Los cuatro detenidos en El Rosario formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, identificado como jefe regional de la facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. “El Talibán” fue señalado como persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, también jefe regional de esa facción.

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra “El Talibán” por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días. Los detenidos quedaron a disposición de la FGR, con sede en Culiacán.

El caso y la información pendiente de Vizsla Silver

Pese a las detenciones, sigue sin conocerse el paradero del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, el único de los diez trabajadores que no ha sido localizado desde el secuestro. Las familias insistieron en que las autoridades aún no han precisado si los detenidos aportaron información sobre su ubicación durante los interrogatorios.

También reiteraron el pedido para que Vizsla Silver entregue documentos, bitácoras, protocolos de riesgo, registros de GPS y filmaciones de cámaras de vigilancia que ayuden a dilucidar lo ocurrido el día del secuestro. Hasta el momento, de acuerdo con los representantes legales, la empresa minera canadiense no ha comparecido para proporcionar esos elementos en los términos requeridos por la investigación.

El secuestro de los diez trabajadores ocurrió la madrugada del 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el campamento La Clementina, en el poblado de Pánuco, municipio de Concordia, donde Vizsla Silver alojaba a personal del proyecto minero Pánuco.

El 5 de febrero, las autoridades localizaron una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, a unos 19 kilómetros de Concordia, donde comenzaron a aparecer los primeros cuerpos. El proceso de identificación se prolongó durante meses: para el 6 de abril, Vizsla Silver confirmó que nueve de los diez trabajadores habían sido hallados sin vida.

Las autoridades atribuyeron el ataque a una célula de Los Chapitos que, según la versión oficial difundida por García Harfuch, habría confundido a los mineros con integrantes del grupo rival Los Mayos. Las familias han cuestionado esa versión y sostienen que el motivo del secuestro todavía no tiene una explicación oficial completa.

Entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron aproximadamente 12 incidentes de distinta naturaleza en la región de Concordia. En abril de 2025, Vizsla Silver suspendió temporalmente actividades de campo por condiciones de inseguridad, antes de que los trabajadores regresaran al campamento.

La audiencia de control solicitada busca que un juez federal examine de manera formal el desempeño del Ministerio Público y, con ello, destrabe respuestas que las familias llevan meses exigiendo para conocer la verdad de lo ocurrido y avanzar en la localización del único minero que sigue desaparecido.

Últimas noticias