SCJN avala fondos a pueblos indígenas

SCJN valida entrega directa a pueblos indígenas tras choque Batres-Esquivel

Resumen: El Pleno validó la entrega directa de al menos 10% del FAIS a comunidades indígenas y afromexicanas, mientras Lenia Batres y Yasmín Esquivel intercambiaron señalamientos por un criterio anterior.

Creado: 2026-10-21 por

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el pasado 21 de octubre la entrega directa de al menos 10% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026.

El Pleno concluyó que la medida permite el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, al otorgar personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para recibir y administrar asignaciones presupuestales. La sesión, sin embargo, también dejó un breve intercambio de palabras entre la ministra Lenia Batres y la ministra Yasmín Esquivel, relacionado con una postura de la llamada “ministra del pueblo” sobre un proyecto actual y otro de hace dos años con una posición distinta.

  • Fallo clave: La SCJN ratificó que al menos el 10% del FAIS se entregue de manera directa a pueblos indígenas y afromexicanos.
  • Discusión: Lenia Batres cuestionó un criterio previo de la Corte, mientras Yasmín Esquivel le recordó que votó en contra del amparo que fijó el criterio vigente.
  • Alcance: La resolución reconoce a esas comunidades como sujetos de derecho público con capacidad para administrar recursos.

La controversia por una ley de Michoacán

Durante el debate, la ministra Lenia Batres planteó ante el Pleno que las comunidades indígenas y afromexicanas deben recibir recursos públicos para ejercer su autogobierno. Recordó que la anterior integración de la SCJN invalidó una ley de Michoacán que contemplaba la distribución de presupuesto municipal entre esos pueblos.

Batres se refirió a la controversia constitucional 17/2022, relacionada con la comunidad de Crescencio Morales, y precisó que el debate de abril de 2024 tomó siete sesiones. El asunto analizaba si esa comunidad podía recibir recursos del municipio pese a la existencia de una ley aprobada por el Congreso de Michoacán.

La ministra sostuvo que aquella norma era un instrumento del anterior artículo 2 de la Constitución, aprobado en 2001, y que se trató de la única legislación que alcanzó ese nivel de obligación para establecer la entrega de recursos municipales a comunidades indígenas. Según Batres, la invalidez dejó sin ese mecanismo a por lo menos 10 comunidades indígenas de Michoacán, principalmente en los municipios de Chilchota, Tangamandapio y Nahuatzen.

Batres cuestionó que la anterior integración de la Suprema Corte, encabezada por Norma Piña Hernández, diera la razón a los municipios que negaban presupuesto a las comunidades. También señaló que permanecen pendientes la resolución de la controversia de Crescencio Morales, perteneciente a Zitácuaro, y otro asunto vinculado con el municipio de Erongarícuaro.

“Deben recibir un presupuesto y tienen condiciones para administrarlo de acuerdo con lo que la propia Constitución dispone”, afirmó Batres.

La ministra consideró que ya no debe ponerse en duda que los pueblos indígenas son sujetos de derechos y que, bajo el reconocimiento constitucional de su autogobierno, pueden recibir y administrar presupuesto.

La respuesta de Esquivel: criterio superado y voto en contra

La ministra Yasmín Esquivel respondió que el criterio referido por Batres quedó superado por el amparo directo en revisión 782/2024, resuelto el 2 de julio de 2025. De acuerdo con Esquivel, esa determinación siguió la misma línea argumentativa del asunto que el Pleno discutía el 21 de octubre.

Esquivel indicó que la sesión de la Segunda Sala se celebró el 5 de julio de 2025 y derivó en una jurisprudencia titulada: “Libre administración de la hacienda municipal. Es constitucional que las comunidades indígenas y afromexicanas demanden la entrega de los recursos presupuestales para su administración directa”.

La ministra sostuvo que el nuevo criterio constitucional permite a las comunidades indígenas y afromexicanas reclamar recursos presupuestales para administrarlos directamente. Añadió que Batres votó en contra en aquella sesión de la Segunda Sala.

“Ese criterio que menciona ella quedó superado el 5 de julio con este amparo en revisión 782/2024”, expresó Esquivel, quien consideró que el asunto en discusión se encaminaba a aprobarse “prácticamente por unanimidad” en el Pleno.

Batres rechazó que su postura significara una oposición a la entrega de recursos para pueblos y comunidades indígenas. Aclaró que su cuestionamiento iba dirigido a la anterior integración de la SCJN y no directamente a Esquivel, aunque reconoció haber votado en contra de ese amparo.

Los alcances del fallo de la SCJN

La Suprema Corte validó las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación que garantizan la entrega de al menos 10% del FAIS a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en cumplimiento del artículo 2º constitucional. Según el Pleno, la asignación directa respeta la autonomía municipal porque armoniza las atribuciones de los municipios con la obligación de garantizar los derechos de esos pueblos y comunidades.

La Corte señaló que las aportaciones del FAIS forman parte de la hacienda municipal, pero su destino debe ajustarse a los fines establecidos en la legislación federal. La resolución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para recibir y administrar directamente los recursos que les correspondan. Con ello busca fortalecer el ejercicio de sus derechos y reducir las brechas de desigualdad.

Además, la SCJN determinó que las facultades de coordinación y regulación del FAIS a cargo de la Secretaría de Bienestar no sustituyen las competencias de los gobiernos municipales ni convierten a esa dependencia en una autoridad intermedia prohibida por la Constitución.

El fallo deja en firme un mecanismo presupuestal directo para comunidades que históricamente han reclamado mayor control sobre sus recursos. El intercambio entre Batres y Esquivel, más allá del choque de posturas, confirma que la Corte ya consolidó un criterio que las reconoce como entes con capacidad real de administración y decisión.

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