La Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles a un paquete de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocido en el debate público como “Ley Antimemes”. La medida castiga el uso fraudulento de la identidad gráfica de instituciones públicas, la alteración de información de derechos de autor y la piratería de obras antes de su estreno oficial, con penas que van de uno a 10 años de prisión y multas económicas.
En la votación, el dictamen avanzó en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra, y en lo particular con 281 votos a favor y 87 en contra. El proyecto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los tres niveles de sanción
- Uso fraudulento de identidad oficial: de uno a cinco años de prisión y multa de 1,000 a 10,000 UMA por usar o imitar, a escala comercial, logotipos, emblemas o dominios electrónicos de instituciones públicas para engañar y cometer un delito.
- Alteración de información de derechos de autor: de tres a siete años de cárcel y multas de 1,000 a 10,000 días multa para quien suprima o altere, sin autorización y con fines comerciales, información sobre gestión de derechos de autor.
- Piratería: hasta 10 años de prisión y multas de 2,000 a 20,000 UMA para quien divulgue películas, libros o fonogramas antes de su lanzamiento oficial.
El rango económico del primer nivel se calcula con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización en 2026, de 117.31 pesos diarios, por lo que equivale a entre 117,310 y 1,173,100 pesos. En el caso de la piratería, las multas van de 226,200 a 2,346,200 pesos.
La reforma también incorpora una reparación económica independiente de la pena de cárcel. Fija una indemnización mínima del 40% del precio de venta del producto afectado, con la opción de que la víctima reclame hasta 50,000 UMA, equivalentes a 5,865,500 pesos.
El choque por la libertad de expresión
La discusión duró 10 horas y participaron al menos 88 legisladores. Ninguna de las 177 reservas presentadas por la oposición fue aceptada, incluida la que buscaba eximir de sanción el uso de logotipos oficiales con fines periodísticos, educativos o de sátira.
Las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano llevaron a la tribuna pancartas con la frase “Censura de Morena”, memes alusivos a la presidenta Claudia Sheinbaum y carteles con forma de lápida que decían “aquí murió la libertad de expresión”. La puesta en escena buscó ilustrar el argumento central del bloque opositor: la reforma podría usarse para perseguir la crítica satírica al gobierno.
Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, defendió que la reforma no está dirigida contra los memes ni la sátira política.
“no está dirigida a prohibir los llamados memes, la crítica al gobierno y la sátira política”
El petista Ricardo Sóstenes Mejía acusó a la oposición de manipular el debate con la etiqueta “antimemes”.
“Cuando se falsifica el lenguaje, se falsifica el debate. La mentira necesita etiquetas, la verdad necesita argumentos”
El legislador de Morena Arturo Ávila, por su parte, calificó a sus opositores de “memes andando”.
El bloque de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano insistió en que el artículo 403 Bis incluyera una excepción expresa para la parodia, la sátira y el periodismo. Rubén Moreira, coordinador del PRI, ofreció votar el dictamen por unanimidad si el oficialismo aceptaba añadir “cuatro renglones” de protección a la libertad de expresión. La propuesta no prosperó.
La panista Paulina Rubio comparó la reforma con entregar al gobierno “una pistola con una bala cargada” sin garantía de que no se use contra la crítica política. El emecista Gibrán Ramírez advirtió sobre aplicaciones discrecionales y citó episodios previos de presunta censura en Campeche, Sonora, Puebla y el Senado.
“Si quisieran castigar el engaño, eso ya tiene nombre, se llama fraude”
El priista Emilio Suárez reconoció que la motivación original surge de obligaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que exige a México sancionar penalmente la falsificación dolosa de marcas y la piratería a escala comercial. Sin embargo, acusó al gobierno de ampliar el alcance al eliminar la necesidad de probar el dolo o el ánimo de lucro directo para facilitar las condenas.
Otra reforma camina en el Senado
El dictamen aprobado no es el único con el apodo de “Ley Antimemes” en el Congreso. En el Senado avanza una segunda reforma centrada en la Ley Federal del Derecho de Autor, que regularía la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet cuando sus plataformas se utilicen para infringir derechos de autor, con sanciones que podrían llegar a 4.6 millones de pesos.
Una vez que el Ejecutivo federal publique las reformas en el Diario Oficial de la Federación, la atención se concentrará en la forma en que las autoridades interpreten los límites entre la protección a la propiedad industrial y el ejercicio de la libertad de expresión, sobre todo en casos de sátira política y cobertura periodística.