La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se trasladó a las torres de lujo levantadas de forma irregular en San Pancho, Nayarit, luego de que el paso de huracanes y tormentas dejara daños que hoy representan un riesgo de colapso. La situación llevó a una reunión extraordinaria entre autoridades para definir medidas de emergencia.
- Punto clave 1: Dos de las torres frente al mar concentran los daños estructurales más severos, según peritajes preliminares.
- Punto clave 2: Profepa acompañará los protocolos de Protección Civil con prioridad en la vida y salud de las personas.
- Punto clave 3: Existe una sentencia judicial que ordena demoler las construcciones y restaurar la zona federal.
Reunión de emergencia ante una falla más grave
La dependencia federal informó que mantiene presencia en la zona y que su intervención estará orientada a respaldar las decisiones de Protección Civil, cuidando que las acciones tengan el menor impacto ambiental posible. La prioridad declarada es proteger la vida, la salud y la integridad de quienes podrían verse afectados por la inestabilidad de los inmuebles.
Roberto Medrano, delegado de Profepa en Nayarit, explicó que la convocatoria de emergencia derivó de una falla estructural más seria en el edificio. Ante ese panorama, dijo, las autoridades deben determinar con rapidez las acciones más eficaces para atender la contingencia.
“Se presentó una falla estructural más seria, por lo cual la reunión fue de emergencia, con el fin de determinar las acciones correspondientes y que sean de manera emergente las más eficaces para atender este tema”, precisó.
Los peritajes preliminares señalan que dos torres ubicadas frente al mar son las que presentan mayor deterioro, mientras que un tercer módulo conserva condiciones físicas más favorables. La gravedad de los daños mantiene la vigilancia de las autoridades sobre la estabilidad de las estructuras y sobre las medidas necesarias para evitar riesgos a la población, al mismo tiempo que se busca contener posibles afectaciones al entorno costero.
Un conflicto con antecedentes judiciales
El caso no es nuevo. Las construcciones de lujo en San Pancho fueron objeto de una resolución judicial que favoreció a Profepa y que ordenó el derribo de las obras, además de la restitución del entorno natural. La empresa Pacific Lifestyle Properties fue sancionada por irregularidades en el uso de terrenos federales y por realizar trabajos en un espacio que debía conservarse en estado natural.
El origen de la controversia se remonta al 13 de agosto de 2009, cuando la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la firma un título de concesión sobre una superficie de mil 469.92 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre o terrenos ganados al mar. Una de las condiciones del permiso era que el área permaneciera sin alteraciones, es decir, no autorizaba convertir el espacio en un desarrollo inmobiliario contrario a ese fin.
Posteriormente, el 26 de marzo de 2014, una resolución administrativa modificó el título de concesión para ampliar la superficie a 2 mil 534.003 metros cuadrados, correspondientes a terrenos ganados al mar. Las obras realizadas en el sitio derivaron en un procedimiento administrativo y judicial que terminó con una sentencia favorable a Profepa, la cual ordenó el derribo de las construcciones y la recuperación ambiental del área intervenida.
Riesgo latente y coordinación institucional
El deterioro estructural de los edificios, en particular de los dos módulos más afectados por los fenómenos meteorológicos, obliga a evaluar medidas para reducir los riesgos asociados con un posible colapso. Al mismo tiempo, se mantiene vigente el antecedente judicial que dispone retirar las construcciones irregulares y restituir el entorno natural.
Profepa reiteró que continuará acompañando las acciones que definan las autoridades de Protección Civil, con el objetivo de que la respuesta a la emergencia priorice la seguridad de las personas y considere la protección ambiental. La coordinación entre ambas instancias será determinante para atender tanto la contingencia estructural como el cumplimiento de las obligaciones legales y ambientales pendientes.