Axe Ceremonia: 90 días para definir responsabilidades

Axe Ceremonia: 90 días para fijar responsabilidades por muerte de dos fotógrafos

Resumen: La Fiscalía capitalina tiene tres meses para cerrar la investigación por el colapso en Axe Ceremonia que mató a Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles. En la causa hay ocho personas físicas y tres empresas vinculadas a proceso.

Creado: 2026-10-22 por

El 5 de abril de 2025, una estructura metálica sostenida por una plataforma elevadora cayó sobre los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles mientras cubrían el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos murieron por las lesiones. Más de un año después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dispone de tres meses para completar la investigación y esclarecer las omisiones que pudieron contribuir a la tragedia.

  • Punto clave 1: La revisión de seguridad se realizó un día antes del festival; las grúas no estaban instaladas ni fueron incluidas en el programa de protección civil.
  • Punto clave 2: Un dictamen de mecánica forense determinó que la plataforma elevadora fue utilizada para funciones para las que no fue diseñada.
  • Punto clave 3: Un juez fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, con ocho personas físicas y tres empresas vinculadas a proceso.

La inspección previa y las omisiones detectadas

Uno de los ejes centrales es la revisión de seguridad realizada el viernes 4 de abril de 2025, un día antes del festival. Personal de Protección Civil recorrió el recinto para verificar que las condiciones correspondieran con lo presentado por los organizadores en el programa especial de protección civil. La minuta de campo de la alcaldía Miguel Hidalgo registró diez observaciones, pero ninguna mencionó las grúas que después sostendrían las estructuras decorativas.

La inspección comenzó a las 12:50 horas y concluyó a las 16:04. Entre las observaciones quedaron pendientes aspectos del montaje, condiciones de las instalaciones eléctricas, pirotecnia y elementos de seguridad en distintas zonas. El documento advertía al promotor que las omisiones o negligencias serían de su responsabilidad conforme a la normativa de gestión de riesgos.

Sin embargo, las grúas no estaban instaladas durante ese recorrido. Fueron colocadas el mismo día del festival, después de la inspección, y no aparecían en el Programa Especial de Protección Civil entregado a las autoridades. Esa diferencia entre el escenario revisado y las condiciones reales durante el evento es uno de los puntos que la Fiscalía debe esclarecer.

Qué debe aclarar la Fiscalía en los próximos tres meses

La investigación no solo debe determinar que las grúas no figuraban en el documento. También necesita precisar quién decidió incorporarlas, qué evaluación técnica se hizo antes de usarlas y qué medidas debían aplicarse para comprobar que podían sostener las figuras decorativas de forma segura. Un dictamen de mecánica forense concluyó que la plataforma elevadora involucrada fue utilizada para funciones para las que no había sido diseñada.

Ese hallazgo técnico aporta un elemento relevante, pero no resuelve por sí solo todas las responsabilidades. La Fiscalía deberá establecer cómo se decidió usar la plataforma, quién conocía sus características y limitaciones, qué verificaciones se hicieron antes de su operación y si existieron advertencias sobre los riesgos del montaje.

La reconstrucción de los hechos también obliga a distinguir las obligaciones de quienes administraban el Parque Bicentenario, de la empresa promotora del festival y de la compañía encargada de la producción y ambientación. Cada una participó en diferentes etapas: desde la elaboración del programa de protección civil hasta la organización de los espacios y la instalación de las estructuras. La Fiscalía deberá definir qué responsabilidad correspondía a cada parte y qué evidencia permite acreditar un incumplimiento.

Vinculaciones a proceso, protestas y debate por prescripción

El 20 de octubre, un juez vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por su probable participación en los hechos. Con la responsable de Protección Civil del festival, vinculada previamente, suman ocho personas físicas y tres empresas bajo proceso. La resolución permite que la causa penal continúe, pero no equivale a una sentencia condenatoria.

El juez fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En ese periodo, el Ministerio Público deberá profundizar en las pruebas técnicas y documentales, las inspecciones, las entrevistas y los registros audiovisuales. La cuestión central será establecer qué controles debían operar, cuáles se omitieron y qué relación puede acreditarse entre esas fallas y la muerte de los dos fotoperiodistas.

El caso no se limita a identificar quién instaló la estructura que cayó. También exige esclarecer cómo se permitió que el montaje cambiara después de la inspección inicial sin que las nuevas condiciones de seguridad quedaran contempladas en el programa presentado ante las autoridades.

El 19 de octubre de 2026, familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas bloquearon durante cerca de tres horas la avenida Niños Héroes, frente a los juzgados de la Ciudad de México, para exigir que las empresas y los directivos señalados fueran vinculados a proceso. Durante la protesta, los asistentes corearon:

“¡No fue coincidencia, fue negligencia!”

Ese mismo día, la abogada Tábata Salas, representante legal de la familia de Miguel, denunció que las empresas organizadoras habrían recibido alrededor de 100 millones de pesos de una aseguradora por el siniestro. Según la defensora, la información surgió durante una audiencia. Tanto la cifra como el pago fueron presentados como señalamientos de la representación legal de la familia, no como una resolución judicial sobre responsabilidad penal.

Salas también cuestionó que las empresas pidieran declarar prescrita la acción penal. Sus defensas argumentaron que había vencido el plazo para imputarlas por los hechos del 5 de abril de 2025. La abogada sostuvo que los retrasos del procedimiento obedecieron a recursos y estrategias legales de los acusados, no a la familia ni a la Fiscalía. La petición de prescripción forma parte del debate judicial y no debe interpretarse como una decisión definitiva.

En abril de 2026, al cumplirse un año de las muertes, familiares y miembros del colectivo realizaron un “anticoncierto” frente al Parque Bicentenario para mantener la exigencia de justicia. En esa ocasión, Salas planteó que el caso también debía servir para impulsar mejores garantías de seguridad para quienes trabajan en coberturas periodísticas.

La recta final de la investigación concentra la atención en los controles omitidos y en la cadena de decisiones que permitió que el montaje se modificara después de la revisión inicial. Lo que arrojen las pruebas del expediente determinará si las fallas de supervisión pueden acreditarse como causa penalmente relevante de la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles.

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