La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio con implicaciones directas para las víctimas de fraude: el plazo para presentar una querella comienza a correr desde que la persona afectada conoce que fue perjudicada por el delito, y no desde la fecha en que se realizaron los hechos. La decisión se adoptó al resolver el Amparo Directo en Revisión 2454/2026, relacionado con la compraventa de un inmueble en Guanajuato.
- Punto clave 1: El pleno de la SCJN desechó por unanimidad el recurso presentado por un hombre acusado de fraude, con lo que quedó firme la protección judicial otorgada a su hermana.
- Punto clave 2: El plazo de dos años para presentar querella por fraude debe contabilizarse a partir del conocimiento del delito por parte de la víctima, no desde la comisión de los hechos.
- Punto clave 3: El caso se originó por una compraventa verbal de una propiedad en Guanajuato en 2013; la operación nunca se formalizó y años después el inmueble fue donado y vendido.
Origen de la controversia
La controversia se centró en establecer desde cuándo debía empezar a correr el plazo de dos años previsto en el Código Penal de Guanajuato para presentar una querella por este delito. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la SCJN, en 2013 una mujer acordó verbalmente con su hermano la compraventa de una propiedad en Guanajuato. La compradora cubrió la totalidad del precio pactado, pero la operación no se formalizó mediante una escritura.
Tiempo después, en 2020, el hermano donó el inmueble a su esposa, quien posteriormente lo vendió a un tercero. La mujer que había pagado por la propiedad no se enteró de lo ocurrido sino hasta 2021, cuando el nuevo propietario intentó recuperar el inmueble mediante un procedimiento por la vía civil.
Al conocer la situación, la afectada presentó una querella por fraude contra su hermano. Sin embargo, durante el proceso judicial un tribunal consideró que el delito había prescrito, al calcular el plazo de dos años a partir de la donación realizada en 2020. Con esa interpretación, el periodo para denunciar habría vencido antes de que la mujer conociera las operaciones sobre la propiedad que había adquirido.
Posteriormente, un Tribunal Colegiado concedió el amparo a la mujer, al considerar que el plazo para presentar la querella debía comenzar cuando tuvo conocimiento de los hechos que presuntamente constituían el delito.
Qué resolvió la Suprema Corte
El hermano impugnó esa determinación ante la SCJN, con la intención de revertir la protección judicial concedida a la denunciante. No obstante, el pleno del máximo tribunal desechó por unanimidad el recurso de revisión y dejó firme la resolución favorable a la mujer.
La Corte explicó que la decisión es congruente con un criterio previamente establecido: en los delitos que se persiguen por querella, como el fraude, el plazo para denunciar debe contarse desde que la víctima conoce que el delito se cometió en su perjuicio.
La ministra de la SCJN Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que el acceso a la justicia debe ser real y efectivo.
El acceso a la justicia debe ser real y efectivo. No sería justo que una víctima perdiera la posibilidad de denunciar un fraude antes siquiera de saber que lo sufrió. Al determinar los plazos para presentar una querella, también importa el momento en que la persona afectada conoce el delito.
El razonamiento busca evitar que una persona pierda la posibilidad de acudir ante las autoridades antes de enterarse de que sus derechos fueron afectados.
Alcance y límites de la resolución
La resolución no implica que la SCJN haya emitido una nueva sentencia condenatoria por fraude contra el hermano. Lo que quedó firme fue el amparo otorgado a la mujer respecto de la controversia sobre el cómputo del plazo para presentar la querella.
El caso de Guanajuato evidenció la diferencia entre la fecha en que se realizó una operación sobre un inmueble y el momento en que la persona afectada tuvo conocimiento de ella. Esa distinción resultó determinante para establecer que el plazo legal no puede correr en contra de una víctima que aún no sabe que lo es.
Con esta interpretación, el máximo tribunal refuerza un criterio orientado a proteger el derecho de las víctimas a denunciar, particularmente en fraudes relacionados con bienes inmuebles donde los actos pueden pasar inadvertidos durante años.