FGR fija reglas para investigar desapariciones

FGR fija reglas nacionales: investigar desapariciones debe iniciarse de inmediato

Resumen: La Fiscalía General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Homologado de Investigación para desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Ordena iniciar diligencias de inmediato y garantizar la participación de las familias.

Creado: 2026-10-23 por

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, casi una semana después de que el gobierno federal presentó ante la ONU los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. El instrumento guía a ministerios públicos, policías de investigación, peritos y analistas para localizar a las víctimas, esclarecer los hechos, identificar responsables y reunir datos de prueba.

  • Inicio inmediato: no se exige denuncia formal para abrir carpeta y ordenar diligencias urgentes.
  • Alerta Nacional: la persona debe registrarse en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y gestionarse una ficha de búsqueda.
  • Participación de las familias: pueden recibir información, proponer diligencias e hipótesis y acceder a los registros.

Primeras horas y plan de investigación

El protocolo parte de la presunción de vida y establece que la etapa inicial comienza con un reporte, denuncia, informe de una comisión de búsqueda o cualquier dato sobre una posible desaparición. La autoridad ministerial debe abrir carpeta, ordenar diligencias urgentes e integrar los registros, con apego a la debida diligencia, exhaustividad, enfoque diferenciado, perspectiva de género, no revictimización, participación de las víctimas y derecho a la verdad.

Entre las acciones urgentes están entrevistas a familiares y testigos; resguardo de cámaras de seguridad; identificación de teléfonos y redes sociales; solicitudes de información a instituciones; preservación de lugares de los hechos; y protección para víctimas indirectas, familiares, familia social y testigos en riesgo.

La Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación debe activarse de inmediato para favorecer la localización con vida, difundir la ficha, cruzar información y dar seguimiento institucional. Diligencias como cateos, intervención de comunicaciones, geolocalización en tiempo real o acceso a datos tecnológicos y financieros requieren autorización judicial.

Tras las primeras diligencias, el Ministerio Público coordinará una reunión con policías, peritos, analistas y, en su caso, la Comisión Nacional de Búsqueda o comisiones locales, de la que surgirá un Plan de Investigación con hechos, hipótesis, líneas de investigación, responsables, plazos y datos de prueba. El plan debe actualizarse; si los datos son insuficientes, se replantean las líneas y se ordenan nuevas diligencias.

El análisis de contexto permitirá identificar condiciones territoriales, sociales, económicas, culturales y de seguridad, patrones criminales, vínculos entre casos, zonas de riesgo y estructuras de participación, y generar informes, mapas, cronologías, matrices y diagramas.

Víctimas, grupos específicos y rendición de cuentas

El protocolo reconoce el derecho de víctimas indirectas, familiares y familia social a participar: recibir información clara, proponer diligencias e hipótesis y acceder a registros. También prevé asesoría jurídica, atención médica, psicológica y psicosocial, y medidas de protección.

En diligencias de alto impacto, como la identificación de una persona fallecida o la entrega de cuerpos o restos, se plantea acompañamiento multidisciplinario. Debe usarse lenguaje claro, respetarse la voluntad de las familias sobre visualización de cuerpos, restos, prendas o pertenencias y procurarse una entrega digna acorde con prácticas socioculturales y creencias religiosas.

Los anexos incluyen medidas para niñas, niños y adolescentes; mujeres o personas gestantes; personas mayores; personas con discapacidad; personas en movilidad humana; afrodescendientes; integrantes de pueblos indígenas; diversidad sexual y de género; defensoras de derechos humanos; personas buscadoras; periodistas e integrantes de instituciones de seguridad pública. Se deberán adaptar acciones con intérpretes, nombre social y pronombres elegidos, revisión de antecedentes de discriminación y coordinación con instituciones especializadas.

Para personas buscadoras y defensoras de la memoria, verdad y justicia se debe analizar si su actividad está relacionada con los hechos e identificar amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio o agresiones previas.

La omisión injustificada o actuación negligente deberá investigarse y sancionarse conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También se revisarán investigaciones previas o reasignadas para detectar omisiones, actualizar registros, revisar cadenas de custodia y reorientar líneas.

Reacción de la sociedad civil

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) señaló que el protocolo establece un marco común para investigar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.

"Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares. Su publicación establece un marco común para investigar estos delitos".

La organización advirtió que el reto será garantizar su aplicación efectiva, fortalecer las investigaciones y asegurar la participación de las familias y su acceso a la justicia.

La emisión del protocolo fija un estándar común, pero su impacto dependerá de que las autoridades lo traduzcan en carpetas activas, planes actualizados y resultados concretos de búsqueda, verdad, justicia y reparación.

Últimas noticias