Familiares denuncian presiones y ECO Live aclara seguro

Familia de Miguel Ángel Rojas denuncia presiones; ECO Live aclara destino del seguro

Resumen: La empresa organizadora del AXE Ceremonia 2025 aclaró que la suma asegurada no equivale a un pago automático, luego de que familiares de Miguel Ángel Rojas denunciaran presiones económicas. El caso sigue en investigación por homicidio culposo.

Creado: 2026-10-23 por

El caso del festival AXE Ceremonia 2025 volvió a tensarse después de que ECO Live, compañía organizadora del evento, saliera al paso de las acusaciones de la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas sobre el destino del seguro de responsabilidad civil. La empresa aseguró que la cifra asegurada no es sinónimo de un pago automático y que los recursos restantes se mantienen apartados para las víctimas, mientras el proceso judicial por homicidio culposo avanza contra ocho personas y tres empresas.

  • Punto clave 1: ECO Live afirma que la cifra difundida sobre el seguro no corresponde a lo recibido y que el monto de una póliza es solo el límite máximo de cobertura.
  • Punto clave 2: La familia de Miguel Ángel Rojas denunció presiones y amenazas de empresarios para que aceptaran un acuerdo económico.
  • Punto clave 3: Ocho personas y tres empresas están vinculadas a proceso por homicidio culposo; el juez fijó tres meses de investigación complementaria.

La postura de ECO Live

En su posicionamiento del 23 de octubre, ECO Live —cuya razón social es La Agencia de los Socios— explicó que el festival contaba con un seguro de responsabilidad civil, como lo establece la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. La firma detalló que la suma asegurada de una póliza representa el límite máximo de cobertura y no necesariamente el monto que se paga tras un siniestro.

En referencia a las versiones sobre una póliza superior a los 100 millones de pesos, la empresa sostuvo que “la cifra que se ha difundido no corresponde a lo que se recibió”. Según su versión, al cumplirse el acuerdo suscrito con la familia de Berenice Giles, se hizo efectiva la póliza y los recursos restantes se mantienen en reserva exclusivamente para las familias de las víctimas. La compañía reiteró su compromiso con una reparación integral del daño hacia ambas familias y afirmó que respeta la decisión de los familiares de Miguel Ángel Rojas de continuar con el procedimiento judicial.

“Nuestra voluntad de alcanzar con ellos un acuerdo reparatorio se mantiene firme en cualquier etapa del proceso”, señaló el comunicado.

La empresa también remarcó que la determinación de responsabilidades corresponderá al Poder Judicial al concluir la investigación y que las ocho personas vinculadas a proceso permanecerán sujetas a las medidas cautelares dictadas por el juez.

Las acusaciones de la familia Rojas

Tábata Salas, asesora legal de la familia de Miguel Ángel Rojas, calificó como “sumamente indignante” que las empresas de Grupo ECO pidieran la prescripción del delito pese a haber reconocido públicamente su responsabilidad en el evento.

“Grupo ECO ya cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice”, declaró Salas.

Diana Hernández, hermana del fotoperiodista, denunció una lucha desigual contra empresas con grandes recursos económicos. Aseguró que promovieron juicios de amparo que retrasaron el camino hacia la audiencia y reveló amenazas directas.

“Hubo empresarios que nos amenazaron con disolver sus empresas si no aceptábamos el dinero que ellos fijaron. Nos dijeron que si no firmábamos un acuerdo en ese momento, después ya no podríamos hacerlo y nos quedaríamos sin nada”, relató.

El colapso y la investigación judicial

Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, fotoperiodistas que colaboraban con el medio Mr. Indie, murieron cuando una estructura decorativa con forma de oso, sostenida por una plataforma elevadora, cayó sobre ellos durante la primera jornada del festival en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, mientras Meme del Real, integrante de Café Tacvba, concluía su presentación en el escenario principal. El viento provocó la caída de la estructura metálica, de aproximadamente 250 kilos, sobre la zona donde estaban ambos periodistas. Paramédicos les brindaron reanimación cardiopulmonar por traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas; después fueron trasladados al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde llegaron sin signos vitales.

Esa noche el festival no se detuvo, con presentaciones de Parcels y Natanael Cano. La confirmación oficial de las muertes llegó entre tres y cuatro horas después del colapso, y la segunda jornada fue cancelada al día siguiente.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México atribuyó los hechos a “una deficiente supervisión de medidas preventivas por parte de los organizadores y las áreas operativas de la Alcaldía Miguel Hidalgo”. La estructura no había sido reportada en el Programa Especial de Protección Civil presentado para autorizar el evento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones. El 15 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a María del Pilar “N”, encargada de Protección Civil durante el festival, por homicidio culposo. Cinco días después, el 20 de octubre, se logró la vinculación de siete personas más y de tres empresas: La Agencia de los Socios, O.N. Producciones Creativas —ambas de Grupo ECO— y Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario.

El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Además, la solicitud de las empresas de Grupo ECO para declarar prescrito el delito de las personas morales, con el argumento de que el plazo legal venció el 5 de octubre de 2026, será analizada por la autoridad judicial.

El cruce de versiones mantiene abierta la tensión: ECO Live asegura que los recursos del seguro están reservados, mientras la familia de Miguel Ángel Rojas optó por la vía judicial y denunció presiones. En los próximos tres meses, la Fiscalía deberá ampliar la investigación y el juez definirá si procede la prescripción solicitada por las empresas, en un caso que puso a prueba la supervisión de espectáculos masivos en la capital.

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