Derrame de jales en Zacatecas: piden sanciones

Derrame de jales en Zacatecas: exigen sanciones y rechazan excusa de lluvias

Resumen: Ambientalistas demandan una investigación independiente y sanciones contra Minera Sabinas por el derrame de jales que contaminó 13.58 kilómetros de arroyos hasta el río Súchil, al rechazar que las lluvias absuelvan a Peñoles.

Creado: 2026-10-24 por

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigió una investigación independiente tras el derrame de jales de Minera Sabinas en Zacatecas, y cuestionó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atribuyera el desastre ecológico a las lluvias registradas en la zona. El escurrimiento, originado en una mina subterránea propiedad de Industrias Peñoles —subsidiaria de Grupo BAL—, contaminó 13.58 kilómetros de arroyos hasta alcanzar el caudal continuo del río Súchil, en su trayecto hacia la comunidad de Estación de Canutillo.

  • Alcance del derrame: los residuos recorrieron 13.58 kilómetros de arroyos y llegaron al río Súchil, con afectaciones a vegetación y fauna silvestre.
  • Cuestionamiento central: la organización civil sostiene que el episodio no es un accidente aislado y que atribuirlo a las lluvias diluye responsabilidades corporativas.
  • Medidas y vigilancia: Profepa impuso una clausura temporal parcial del depósito y cinco obligaciones de remediación; además notificó a la Conagua para evaluar daños.

El derrame y la actuación de las autoridades ambientales

Los jales son los residuos en polvo o lodo fino que quedan después de triturar y moler las rocas para extraer minerales como oro, plata, cobre, plomo y zinc. En su recorrido, el material afectó de manera considerable la vegetación y la fauna silvestre, antes de descargar en el cauce permanente.

La Profepa ordenó a la empresa recubrir la presa de jales, vaciar las piletas acumuladas y limpiar el cauce dañado. La dependencia federal notificó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para determinar los daños directos sobre el afluente permanente.

Inspectores federales realizaron una visita técnica a las instalaciones el pasado 8 de octubre. Ese día confirmaron la presencia de lodos residuales en el terreno, decretaron la clausura temporal parcial del depósito e instruyeron medidas inmediatas de remediación. La Profepa notificó que mantendrá la supervisión de las cinco medidas obligatorias impuestas al consorcio para prevenir nuevos derrames en el cauce zacatecano.

Cuestionamientos a la versión de las lluvias y a la falta de información

Para la REMA, el episodio demuestra los riesgos del modelo extractivo sobre las comunidades rurales.

“El hecho no corresponde a un accidente aislado”, afirmó la organización, al señalar que las corporaciones trasladan los costos ecológicos a los pobladores mientras concentran los beneficios económicos.

El colectivo reprobó la postura oficial de la Profepa emitida tras las primeras revisiones en la zona de Sombrerete. Para los afectados, atribuir el escurrimiento de residuos al temporal pluvial diluye las responsabilidades corporativas y evita el análisis sobre el estado de la infraestructura minera.

La organización sostuvo que las lluvias son fenómenos naturales previsibles en el territorio, mientras que el diseño técnico, la operación cotidiana, el mantenimiento de los contenedores y la seguridad de los depósitos corresponden enteramente a la empresa. Por ello, pidió verificar la existencia de fallas estructurales previas en las instalaciones de almacenamiento y subrayó que la presencia de tormentas no convierte el derrame en un suceso inevitable ni exime a Peñoles de sus obligaciones ambientales.

La red ambientalista también cuestionó que los resultados de la inspección permanecieran reservados durante doce días frente a los habitantes del municipio. Exigió la entrega pública del acta levantada durante la diligencia y de la bitácora de avisos ciudadanos recibidos por los funcionarios, además de publicar los análisis de caracterización de los jales dispersados en la cuenca. Las autoridades, señaló el colectivo, omitieron informar el volumen exacto arrojado al afluente y el periodo de exposición que sufrieron los cuerpos de agua locales.

Demandas de sanciones, salud y protección al agua

Minera Sabinas explota yacimientos subterráneos de plomo, cobre y zinc en Sombrerete. Esa presencia mineral en los desechos genera alarma entre los pobladores respecto a la contaminación del agua para consumo y de las tierras de cultivo aledañas.

Para las comunidades afectadas, las tareas de retiro de lodos visibles en el arroyo son labores iniciales insuficientes: recoger el sedimento superficial no repara el daño en el río Súchil ni descarta la permanencia de metales en el suelo. La red reclamó revisiones de salud preventivas para los habitantes de las localidades vecinas, así como el acceso a los dictámenes químicos oficiales y la participación de las familias en las decisiones sobre sus territorios.

El colectivo demandó sanciones administrativas y penales efectivas contra la firma minera y sus directivos, y pidió abrir indagatorias sobre posibles omisiones cometidas por inspectores ambientales federales antes y después de la ruptura del confinamiento de residuos.

El debate de fondo: minería y derecho al agua

La organización advirtió que Sombrerete no debe continuar bajo condiciones de desprotección ecológica recurrente. Exigió que las dependencias públicas garanticen el derecho al agua antes de privilegiar los intereses de la industria extractiva privada.

El desenlace del caso dependerá de la apertura de la información solicitada, de la aplicación efectiva de las sanciones reclamadas y del seguimiento que las autoridades ambientales den a las medidas impuestas a la empresa para evitar nuevos derrames en la región zacatecana.

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