La Asamblea legislativa de la capital estudia un proyecto que permitiría a quienes se atienden en clínicas y hospitales públicos de la Ciudad de México pedir una segunda opinión médica sin contratar una consulta particular. La medida está pensada para diagnósticos graves y para tratamientos de alto riesgo; además, modificaría y ampliaría la Ley de Salud local a fin de que el sector público tenga sus propios canales de recepción, derivación y valoración clínica. La iniciativa fue llevada al Pleno por Ricardo Rubio Torres, diputado del PAN.
- Cambio normativo: el derecho a una revisión adicional quedaría dentro de los servicios sanitarios capitalinos, sin exigir que el enfermo abandone la red pública.
- Impulso político: Rubio Torres, legislador del PAN, presentó la propuesta ante el Pleno del Congreso local.
- Plazos: la institución tendría hasta tres días hábiles para encauzar la solicitud y diez días hábiles para entregar la valoración clínica.
- Trámite: la Mesa Directiva la remitió a la Comisión de Salud, que decidirá si prepara un dictamen.
Una revisión dentro de la red pública
La revisión se pondría en marcha ante un dictamen calificado como grave o si el equipo tratante aconseja una intervención de riesgo elevado. Con ese dictamen adicional, el paciente podría sopesar los datos que tenga antes de dar el sí o negarse a una intervención. Rubio Torres sostuvo que el objetivo es evitar que los hogares paguen una consulta particular solo para validar un diagnóstico o resolver dudas ante una intervención riesgosa.
“La salud no debe depender de la capacidad económica de alguna persona o de las familias”, expuso el legislador.
El proyecto también prevé que la derivación y la atención posterior sigan reglas institucionales. Así, las solicitudes no quedarían sujetas a gestiones individuales ni a la capacidad económica de cada familia. Rubio Torres dijo que la propuesta se apoya en tres ejes: seguridad, que busca reducir peligros clínicos y cotejar dictámenes; autonomía, para decidir con datos bastantes; e igualdad, para que la revisión no esté condicionada por el bolsillo ni por la opción de pagar una consulta privada.
“El derecho a una segunda opinión médica no es un lujo ni es un privilegio, y en ocasiones con ello va la vida misma de por medio”, afirmó el diputado del PAN.
El IMSS-Bienestar presta atención médica, medicamentos, consultas, cirugías y estudios. También se indica que el certificado médico será gratuito.
Los datos que citó en tribuna
Para respaldar la medida, el legislador mencionó cifras sobre eventos adversos en la atención médica de México. Según sus datos, en el año 2024 se contabilizaron 67,726 incidentes adversos sanitarios. La cifra incluye 42,500 casos con afectaciones menores o medianas.
Añadió que 1,697 recibieron la etiqueta de “eventos centinela”, es decir, hechos súbitos y serios asociados a la asistencia sanitaria que pueden terminar en deceso o en daño. De acuerdo con lo expuesto en tribuna, 405 correspondieron a fallecimientos.
También señaló que el programa sectorial sanitario para 2025-2030 calcula que 85.3% podía evitarse. Sobre la percepción, refirió que un 57% de la población mexicana dijo estar satisfecha con la asistencia sanitaria, mientras que el promedio en los países de la OCDE llega a 67%.
Pendientes y ruta legislativa
El texto presentado no precisa qué instituciones emitirían la nueva valoración ni cuántos especialistas participarían en cada caso. Tampoco define los criterios para considerar grave un diagnóstico o de alto riesgo un tratamiento; esos puntos podrían aclararse en la discusión legislativa y en el eventual dictamen.
La propuesta sí busca que los procedimientos sean claros, verificables y accesibles para todas las personas, y que la revisión adicional sirva para proteger al enfermo y para que la ciudadanía confíe más en la sanidad estatal.
La Mesa Directiva informó que la iniciativa será enviada a la Comisión de Salud. Esa instancia revisará la propuesta y resolverá si presenta un dictamen que permita al Pleno debatir un cambio a la normativa capitalina.
Si prospera, la segunda opinión dejaría de ser un recurso reservado a quienes pueden pagarla y se incorporaría a la atención pública capitalina con plazos definidos. El reto legislativo será traducir el planteamiento en un procedimiento operativo: definir responsables, especialistas y criterios para identificar los casos que requieren revisión. El dictamen será el punto donde esas omisiones tendrán que resolverse.