Cuautla, Morelos, enfrenta una de las señales más graves de su crisis de seguridad: entre enero y julio de 2026 se registraron 96 denuncias por extorsión presencial, la cifra más alta entre los municipios del país con más de 100 mil habitantes. Mientras el Plan Cuautla mantiene un despliegue de mil 708 elementos, la Policía Municipal queda en el centro del debate por la rotación de mandos y los señalamientos de presunta colusión con grupos criminales.
- Punto clave 1: Cuautla acumuló 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, con una tasa de 51.3 por cada 100 mil habitantes.
- Punto clave 2: La regidora Anita Sánchez Guerra pidió disolver la Policía Municipal y que la Guardia Nacional asuma las tareas de seguridad local.
- Punto clave 3: El Plan Cuautla reportó un despliegue de mil 708 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, pero no hay cifras actualizadas que demuestren una reducción del delito.
El llamado a disolver la corporación
El 16 de octubre, la regidora Anita Sánchez Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad y Patrimonio Público del Ayuntamiento, solicitó disolver la Policía Municipal de Cuautla y que la Guardia Nacional asuma la seguridad. Su petición se sustenta en un diagnóstico crítico: según afirmó, el municipio tuvo siete responsables de seguridad entre 2025 y 2026, tres de los cuales reprobaron los exámenes de control y confianza; además, sostuvo que la corporación cuenta con apenas 45 policías.
“Cuautla tuvo siete responsables de seguridad entre 2025 y 2026, tres de los cuales reprobaron los exámenes de control y confianza”, señaló la regidora.
Sánchez Guerra también cuestionó la permanencia de funcionarios que trabajaron durante la administración del exalcalde Jesús Corona Damián, detenido en mayo de 2026 por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. De acuerdo con la regidora, alrededor de 20 policías habían sido asignados a la protección del exmandatario. En la estructura actual aparece Manuel Nieto Sotelo, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien participó en la mesa de coordinación del 20 de octubre; su sola continuidad no acredita participación en actividades criminales, pero los señalamientos ponen sobre la mesa los criterios de designación y los resultados de las evaluaciones.
El Plan Cuautla y las cifras oficiales
El balance del Plan Cuautla, difundido el 11 de septiembre, reportó el despliegue de mil 708 elementos. La distribución incluyó mil 50 integrantes de la Guardia Nacional, 414 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 88 policías municipales, 96 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y 50 policías estatales, además de personal de la Fiscalía General del Estado. Los 88 municipales contabilizados no deben leerse automáticamente como la plantilla permanente ni como una refutación definitiva de la cifra de 45 policías mencionada por la regidora.
En el mismo balance, las autoridades informaron que más de 119 personas señaladas como presuntas generadoras de violencia fueron detenidas en el despliegue general, una cifra que no corresponde exclusivamente a investigaciones por extorsión. Para ese delito, el reporte oficial enumeró 60 cateos, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso. También se informó de una red de protección para 2 mil 336 establecimientos y de otra dirigida a comerciantes de seis mercados y de la Central de Abasto, integrada por 506 locatarios.
En el terreno presupuestal, el gobierno estatal anunció una inversión de 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre para acciones de seguridad, infraestructura, educación, economía, cultura y bienestar. El monto se presentó como parte de una estrategia más amplia para el municipio, por lo que no debe atribuirse íntegramente a la operación policial ni al combate a la extorsión.
El contexto judicial y lo que falta por aclarar
La detención del exalcalde Jesús Corona Damián en Acapulco el 30 de mayo de 2026, dentro del Operativo Enjambre, colocó bajo escrutinio a la administración municipal anterior. El exfuncionario permaneció prófugo durante diez días y fue señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. No obstante, los cargos contra él no implican que todos los integrantes de la Policía Municipal estuvieran involucrados; para determinar responsabilidades se requieren investigaciones individualizadas y resultados judiciales.
El encuentro de coordinación celebrado el 20 de octubre en el Quinto Regimiento Mecanizado reunió al alcalde Salvador Molina Martínez; al secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos; al titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Luis Bucio Quiroz; al fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, y a Manuel Nieto Sotelo. El comunicado confirmó la continuidad de la coordinación, pero no detalló nuevas detenciones, operativos específicos contra la extorsión ni indicadores actualizados de incidencia delictiva.
Los registros oficiales de extorsión también requieren una lectura cuidadosa: las denuncias pueden no llegar a las autoridades por miedo a represalias, desconfianza o dificultades para denunciar, por lo que las cifras no son un conteo exhaustivo de todas las víctimas. Además, para saber si el plan ha funcionado se necesitaría una actualización comparable de denuncias posteriores, información verificable sobre la plantilla y los exámenes de control, y el seguimiento de casos judiciales con sentencias y resultados de investigaciones sobre redes de protección.
La discusión sobre disolver la Policía Municipal o mantener el esquema actual no puede cerrarse todavía con la evidencia disponible. La permanencia del Plan Cuautla y la mesa del 20 de octubre muestran que las autoridades continúan apostando por la coordinación, mientras la exigencia de transparencia sobre mandos, evaluaciones y denuncias se vuelve central para determinar si la estrategia realmente recupera la confianza ciudadana.