La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) quedó fuera de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), luego de que el organismo considerara que respaldó la elección popular de jueces y magistrados, un mecanismo ligado a la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.
La resolución se dio mediante una votación secreta celebrada el pasado 17 de octubre y representa un nuevo capítulo en el debate sobre la independencia judicial en México.
- Votación contundente: de las 70 delegaciones participantes, 53 votaron a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro se abstuvieron, cerca de 80 por ciento de los votos emitidos.
- Origen del caso: el procedimiento inició tras un pronunciamiento de la CONATRIB del 28 de junio de 2024 a favor de elegir juzgadores mediante voto popular.
- Rechazo internacional: los relatores de Argentina y España concluyeron que la respuesta del organismo mexicano no desvirtuó la preocupación por la independencia y la apoliticidad judicial.
Votación secreta y argumentos de la UIM
El resultado superó la barrera de dos tercios exigida por los estatutos de la organización. La UIM explicó que la elección por voto popular contradice la designación basada en mérito y criterios objetivos, y afecta la inamovilidad e independencia de los juzgadores.
El procedimiento disciplinario se originó después de que la CONATRIB publicara, el 28 de junio de 2024, su posicionamiento a favor de ese mecanismo. La asociación mexicana presentó su informe el 30 de junio de 2025 y sostuvo que la reforma:
“fue producto del ejercicio de la soberanía popular y tiene la obligación constitucional de acatarla”
Sin embargo, los relatores de Argentina y España determinaron que esa respuesta no eliminaba la preocupación central de la UIM. Señalaron que la CONATRIB avaló un mecanismo contrario a la independencia y la apoliticidad exigidas por el estatuto para las asociaciones miembro, por lo que concluyeron que dejó de cumplir las condiciones que permitieron su admisión.
JUFED celebra la resolución
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró este 19 de octubre la expulsión. En un comunicado firmado por su Directiva Nacional para el periodo 2026-2027, la organización afirmó que la CONATRIB respaldó la reforma judicial y vulneró los estándares internacionales de independencia judicial.
De acuerdo con la JUFED, la decisión se adoptó durante la reunión anual del Consejo Central de la UIM, donde se concluyó que la asociación mexicana incumple los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes. La agrupación sostuvo que el modelo de elección popular impulsado desde el poder político afecta la función jurisdiccional, al desplazar criterios como el mérito, la capacidad y la carrera judicial.
También señaló que las organizaciones que apoyaron la reforma convalidaron un mecanismo de sometimiento de la judicatura. Para la JUFED, la independencia judicial garantiza que la ciudadanía tenga tribunales imparciales y libres de consignas del poder.
Hugo Aguilar Ortiz y la gestión de la SCJN
En otro frente del Poder Judicial, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que el filtro más estricto para admitir asuntos redujo cerca de 30 por ciento los expedientes que ingresan al tribunal, con el objetivo de disminuir el rezago judicial.
Durante el balance de su primer año, el ministro presidente reconoció un déficit presupuestal y se comprometió a resolver antes de que concluya 2026 el asunto sobre prisión preventiva oficiosa planteado por la CIDH. Explicó que la Secretaría General de Acuerdos revisa cada caso antes de admitirlo, por lo que los asuntos que no establezcan un criterio útil para el sistema jurídico nacional dejan de llegar al Pleno.
“Para abatir rezago necesitamos sacar más asuntos que los que ingresan”
Afirmó que la salida de asuntos ya comienza a superar los ingresos: un expediente tardaba tres meses en llegar a la mesa de los ministros y actualmente lo hace en 15 a 20 días. Todavía existe un expediente con cuatro años de rezago y recordó un engrosamiento —la conclusión final de una sentencia— que demoró dos años.
Entre las medidas de su administración mencionó un sistema informático para turnar los asuntos de manera aleatoria, el seguimiento de expedientes mediante códigos QR y avances en la digitalización, aunque se mantendrá apoyo para las personas sin acceso a internet.
Respecto a la posible restitución del seguro de gastos médicos mayores para 288 trabajadores de la SCJN, Aguilar aclaró que depende de la disponibilidad de recursos. La discusión se dio después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó públicamente el tema. El ministro presidente precisó que hubo información parcial y que la medida no alcanza a los integrantes del Máximo Tribunal.
“No es una decisión tomada”
Insistió en que la SCJN enfrenta un déficit de 130 millones de pesos.
La expulsión de la CONATRIB refleja la tensión entre la reforma judicial mexicana y los estándares internacionales que exigen designaciones por mérito y autonomía frente al poder político. Mientras la JUFED considera la resolución como una defensa de la independencia judicial, la Suprema Corte avanza en medidas para reducir rezago y administrar un presupuesto limitado.