La audiencia contra el exfiscal César Jáuregui Moreno reveló un cambio sustancial en la cronología del caso de los agentes de la CIA en Chihuahua: los dos estadounidenses que murieron en abril de 2026 no llegaron a la entidad ese mes, sino que su presencia se remonta a octubre de 2025.
- Punto clave 1: Reservaciones de hotel, contratos de renta de autos y registros de geolocalización fueron presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de formulación de imputación.
- Punto clave 2: Richard Leiter Johnston III se hospedó en la capital de Chihuahua en octubre de 2025 y regresó entre el 21 y el 31 de enero de 2026.
- Punto clave 3: Jáuregui enfrenta dos procesos: uno estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y otro federal por traición a la patria.
Pruebas que modificaron la cronología
El hallazgo surgió de reservaciones de hotel, contratos de renta de autos y registros de geolocalización que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua presentó durante la audiencia de formulación de imputación.
De acuerdo con la información expuesta en la diligencia, Richard Leiter Johnston III se hospedó en la capital de Chihuahua durante octubre de 2025 y volvió entre el 21 y el 31 de enero de 2026. En un primer momento, la Fiscalía estatal sostuvo que los agentes solo habían pedido transporte al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien también falleció en el accidente; sin embargo, esa versión quedó en entredicho al localizarse dos contratos de arrendamiento de vehículos Volkswagen Jetta color gris a nombre de Johnston.
Uno de los autos tuvo una reservación vigente del 14 al 20 de abril de 2026, justo el periodo del operativo que terminó en tragedia. John Dudley Black se hospedó en la habitación 2312 del hotel Holiday Inn y, tras su muerte, familiares y compañeros pidieron acceso para recuperar sus pertenencias.
Los registros satelitales de ambos vehículos mostraron estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se ubica el C4, en inmediaciones de la Oficina de Operaciones Estratégicas. Sobre ese punto, el Ministerio Público señaló:
“Permitieron establecer una relación entre la movilidad de los vehículos y su permanencia en ese punto durante las fechas analizadas”.
Quiénes eran los dos estadounidenses
Richard Leiter Johnston III, de 35 años y originario de Washington D.C., estudió Historia y chino mandarín en la Universidad de Virginia antes de unirse al Ejército de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de capitán. Dirigió tropas en Afganistán durante la Operación Centinela de la Libertad en 2016 y después se integró a las Fuerzas Especiales, conocidas como Boinas Verdes, con despliegues en Filipinas.
John Dudley Black, de 44 años, nació en San Francisco y estudió en la Universidad de Gonzaga, donde jugó futbol americano antes de sumarse al Cuerpo de Marines. También sirvió en Afganistán como ayudante de campo del comandante general de la Primera División de Marines.
Ambos murieron la madrugada del 19 de abril, cuando el vehículo en que viajaban, parte de un convoy de cinco unidades que regresaba del operativo contra el narcolaboratorio, cayó a un barranco cerca de la comunidad de Polanco y se incendió.
La defensa de Jáuregui y sus dos procesos
Durante la audiencia por los cargos estatales, Jáuregui sostuvo que no existe ninguna orden ni mensaje que lo vincule con la decisión de permitir la participación de Johnston y Black en el operativo.
“No existe ni una orden, ni un WhatsApp”
El exfiscal argumentó que, pese a las declaraciones de más de 40 funcionarios de la Fiscalía estatal y a las pruebas de geolocalización, no se presentó una referencia directa que demuestre su participación en las decisiones del operativo. También cuestionó que el Ministerio Público utilizara videos de sus reuniones con dos servidores públicos como pruebas, al considerar que se trataba de encuentros rutinarios por su cargo.
Defendió además su renuncia del 27 de abril y dijo que su salida no buscó evadir responsabilidades, sino evitar que su permanencia interfiriera en las investigaciones internas sobre el operativo de El Pinal. Planteó un trasfondo político en el proceso y comparó su situación con la del comandante Oseguera, fallecido en las labores para desarticular el narcolaboratorio.
En el fuero local, Jáuregui está imputado por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. El juez de control determinó, al concluir la audiencia del 18 de octubre, que podía continuar el proceso en libertad con medidas cautelares como la entrega de su pasaporte, la firma mensual ante el tribunal y la prohibición de acercarse a los testigos.
Esa condición cambió cuando la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una segunda orden de aprehensión, esta vez federal, por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Jáuregui fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece mientras avanza esta causa distinta a la que enfrenta en Chihuahua.
La audiencia inicial del proceso federal quedó programada para este martes a las 8:00 horas. El contenido de las pruebas presentadas en el fuero local y la definición de la situación jurídica del exfiscal en el expediente por traición a la patria marcarán los siguientes pasos de un caso que ha puesto bajo la lupa la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano.