El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra 28 residentes permanentes legales en California, acusados de registrarse de manera fraudulenta o emitir votos ilegales en comicios estadounidenses. Las detenciones se llevaron a cabo el lunes 19 de octubre en distintos puntos del estado, en el marco del operativo federal “Proteger el Voto” (Operation Protect the Vote), coordinado por las cuatro fiscalías federales de California.
- Operativo: Las aprehensiones ocurrieron el lunes 19 de octubre como parte del operativo “Proteger el Voto”.
- Perfil: Los 28 acusados son titulares de green card y provienen de 14 países, con mayoría de México y Guatemala.
- Contexto: El gobierno federal exige depurar el padrón electoral y demandó a California antes de los comicios del 3 de noviembre.
Nacionalidades y acusaciones formales
Los imputados provienen de 14 países, con México y Guatemala como los grupos más numerosos. El detalle por nacionalidad es el siguiente:
- México (9): Flavio Alejandro Zúñiga, Ernest Gutiérrez Ruvalcaba, Jesús Narez-Madrigal, José Antonio Bañuelos-Díaz, Sulema de León, Maricela Nazarín González, Camino Giles Jiménez, Juan Antonio Rivas García y Verónica Bullene (también conocida como Verónica Hernández Martínez).
- Guatemala (3): Axel Giovani Prera García, Rony de Jesús Sicaja y Erick Ronaldo Soto Mendizábal.
- Filipinas (3): Giezell Viduya Adawag, José Probitsado Amaro y Pamele Arbués Line.
- India (2): Amandeep Kaur y Kamlesh Navnitlal Shah.
- Canadá (2): Rouzbeh Seyamaknejad y Jennifer Jung.
- El Salvador (1): Ana Domínguez.
- Camboya (1): Butleng Taing.
- Honduras (1): Carlos Antonio Galeas.
- Pakistán (1): Muhammad Khan.
- Belice (1): Omar Alexander Muñoz.
- Georgia (1): David Shapiro.
- Birmania (1): Moe Thida Lwin.
- Tonga (1): Manakotau Mataele Finau.
- Ecuador (1): Maribel del Carmen Garcés Barriga.
Todos los acusados tienen tarjetas de residencia permanente y fueron imputados mediante quejas penales federales. Los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia indican que declararon bajo juramento en sus solicitudes de registro electoral que eran ciudadanos estadounidenses, pese a no serlo. Sus registros fueron aprobados y, en numerosos casos, emitieron votos de manera ilegal en elecciones recientes.
Los cargos varían según el distrito judicial. En el Distrito Central de California se imputan declaraciones falsas en solicitudes de naturalización, un delito grave con pena máxima de cinco años de prisión. En el Distrito Este se acusa el voto como extranjero en una elección federal, un delito menor con hasta un año de cárcel. En los Distritos Norte y Sur se persiguen la obtención fraudulenta de la naturalización y la falsa declaración de ciudadanía para votar. Once de los acusados fueron detenidos el lunes y debían comparecer esa misma tarde ante tribunales federales; no hubo declaraciones de culpabilidad en las audiencias iniciales.
Disputa por el padrón y reacciones oficiales
La operación se da en medio de una controversia entre la administración federal y las autoridades californianas por el mantenimiento de los padrones electorales, que se intensificó la semana previa. Según Associated Press, el voto de personas no ciudadanas es poco frecuente y difícil de probar, y no se ha demostrado que haya alterado el resultado de alguna elección.
El 13 de octubre, el gobierno federal entregó a las autoridades electorales de California una memoria USB con los nombres de más de 20.000 personas identificadas como probables no ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Otorgó 48 horas para su revisión, plazo que el estado no cumplió. Ante esa negativa, el Departamento de Justicia demandó a California y solicitó una orden judicial para apartar las boletas de voto por correo de esas personas y verificar su ciudadanía antes de contabilizar los votos en las elecciones del 3 de noviembre.
“Si las personas contabilizan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”, advirtió Trent McCotter, subprocurador general interino, en una carta dirigida al condado de Los Ángeles, con copia a la secretaria de Estado, Shirley Weber, y al registrador del condado, Dean Logan.
El fiscal general estatal, Rob Bonta, rechazó que exista un fraude electoral generalizado y calificó los posibles casos aislados como “una gota en el océano” en un estado con 23 millones de votantes registrados. Bonta afirmó que la administración federal “no nos ha proporcionado ningún dato sobre votantes no elegibles, solo una declaración concluyente sin ninguna prueba que la respalde”.
La respuesta local y el alcance nacional
“¿Por qué California se niega a mostrar sus registros de votantes? ¿A qué le temen? ¿Qué están ocultando?”, cuestionó Bill Essayli, primer fiscal federal auxiliar en Los Ángeles.
El Departamento de Justicia informó que en las últimas siete semanas presentó cargos contra 113 personas en 20 estados por delitos de votación y registro ilegal. De manera separada, a lo largo del año acusó a unas 90 personas por irregularidades electorales; de ellas, al menos 50 presuntamente votaron sin ser ciudadanas.
McCotter sostuvo que la demanda contra California era necesaria y acusó a los funcionarios estatales de no colaborar con la verificación de los presuntos votantes no ciudadanos. Sobre la lista de 20.000, declaró: “Ese es solo el suelo”.
Los 28 acusados son inocentes hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, como lo estableció el propio Departamento de Justicia. Las audiencias siguen en los cuatro distritos federales de California. En paralelo, el litigio por la lista de más de 20.000 presuntos votantes no ciudadanos continúa abierto; el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, respondió que “el Departamento de Justicia ha optado por litigar sobre sus afirmaciones no verificadas” y que el asunto debe resolverse en los tribunales.