Militantes del Partido Acción Nacional y ciudadanos de Chihuahua convocaron a una movilización para este martes a las 17:00 horas frente al Comité Directivo Estatal del partido, en la capital del estado. El objetivo: exigir que el exfiscal César Jáuregui enfrente en libertad el proceso penal federal que se le sigue por presunta traición a la patria.
- Punto clave 1: La protesta lleva la consigna “¡Liberen a Jáuregui!” y el hashtag #LibertadParaCésar.
- Punto clave 2: Un juez estatal le permitió enfrentar en libertad el expediente del fuero común, pero la FGR ejecutó una orden de aprehensión federal y lo trasladó al penal del Altiplano.
- Punto clave 3: El caso se relaciona con el operativo en El Pinal, Morelos, Chihuahua, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses señalados como agentes de la CIA.
Movilización y postura de los convocantes
La convocatoria difundida en redes sociales llama a militantes, simpatizantes y ciudadanos a concentrarse frente a la sede estatal del blanquiazul. Los organizadores afirman que el exfiscal debe encarar las acusaciones con apego a la presunción de inocencia y al debido proceso, sin presiones políticas ni privilegios.
“Una acusación no es una sentencia. No estamos pidiendo privilegios ni impunidad; estamos exigiendo justicia, respeto a sus derechos y que se le permita defenderse en libertad”, señala el posicionamiento difundido por quienes respaldan la manifestación.
Los convocantes también pidieron que las decisiones judiciales se basen en pruebas y argumentos jurídicos, y solicitaron que se esclarezcan los hechos relacionados con El Pinal mediante un proceso transparente.
El Pinal y la doble vía de investigación
El origen del caso se remonta al operativo de abril de 2026 en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde las autoridades localizaron un laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas. Durante el regreso de los agentes participantes, un vehículo cayó a un barranco y murieron cuatro personas.
Entre las víctimas se encontraban Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. También fallecieron dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la CIA.
A partir de esos hechos, las autoridades abrieron investigaciones en los ámbitos estatal y federal. La causa local aborda presuntas irregularidades en el ejercicio del servicio público y la actuación de funcionarios durante el despliegue. En paralelo, la investigación federal derivó en una orden de aprehensión contra Jáuregui por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria, vinculada con la presunta participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad en territorio mexicano sin la autorización correspondiente.
Dos procesos, dos medidas cautelares distintas
Los convocantes reconocen que un juez de control permitió que Jáuregui enfrentara en libertad la causa del fuero común. Sin embargo, esa determinación no impidió que permaneciera detenido, porque la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión federal distinta y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
En la audiencia estatal del 18 de octubre, el exfiscal negó haber dado instrucciones para que los agentes estadounidenses participaran en el operativo. Afirmó que la investigación no contiene una prueba directa que lo vincule con esa decisión y sostuvo que no existe “ni una orden, ni un WhatsApp” que acredite su intervención.
Pruebas, versión inicial y respuesta de la gobernadora
Durante la audiencia se mencionaron declaraciones de más de 40 funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, además de registros telefónicos y datos de geolocalización. El propio Jáuregui cuestionó que esos elementos demostraran su participación directa.
Algunas de las pruebas presentadas por el Ministerio Público indican que los dos ciudadanos estadounidenses, identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, habrían estado operando en Chihuahua desde octubre de 2025, varios meses antes del operativo de abril de 2026. La información incluye reservaciones de hotel, contratos de renta de vehículos y registros de geolocalización. Uno de los contratos correspondía a un Volkswagen Jetta gris, con reservación del 14 al 20 de abril de 2026. Los registros de ubicación mostraron estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, en las inmediaciones de la Oficina de Operaciones Estratégicas.
Estos datos contradicen la versión inicial de que los estadounidenses solo habían solicitado transporte al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien murió en el accidente posterior al operativo.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que su administración atenderá los requerimientos de información y las diligencias de la FGR. Sostuvo además que la investigación estatal ya concluyó su etapa inicial y que la resolución corresponde al Poder Judicial.
“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley”, declaró la gobernadora.
La solicitud concreta y el reto jurídico
Jáuregui renunció al cargo el 27 de abril de 2026, después de reconocer omisiones en el manejo de información institucional relacionada con la presencia de personal extranjero en el operativo. La diferencia entre los expedientes es central: una determinación estatal no supone libertad automática en el juicio federal.
Por ello, la petición de quienes se congregarán esta tarde es que el exfiscal pueda defenderse en libertad en ambos procesos. La movilización refleja el respaldo político que mantiene una parte del panismo chihuahuense, pero el terreno judicial sigue abierto. La Fiscalía General de la República deberá sostener su acusación por traición a la patria, mientras la defensa busca que la presunción de inocencia y las medidas cautelares se apliquen también en el expediente federal.