En un fallo que vuelve a poner el foco en la violencia registrada en el Istmo de Tehuantepec, la justicia de Oaxaca sentenció a 210 años de prisión a Inocencio Irizar Salazar, señalado por el homicidio calificado y el feminicidio de 15 personas durante la llamada masacre de Huazantlán del Río, perpetrada en junio de 2020. La determinación se alcanzó luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentara las pruebas del caso ante la autoridad judicial.
- Sentencia de 210 años: Inocencio Irizar Salazar fue condenado por homicidio calificado y feminicidio en agravio de 15 víctimas.
- Reparación millonaria: El fallo fijó el pago de 6,516,000 pesos por concepto de reparación del daño, además de una multa de 86,880 pesos.
- Justicia en proceso: En 2023 se dictó otra condena de 210 años contra tres personas distintas por el mismo caso, y aún hay órdenes de aprehensión pendientes.
La condena y la reparación económica
De acuerdo con la FGEO, durante la audiencia de lectura de sentencia la autoridad judicial impuso a Inocencio R.S. la pena de 210 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y feminicidio. La resolución se conoció a más de seis años del ataque y se suma a una condena previa dictada en 2023 contra otras tres personas por el mismo crimen.
El fallo también incluyó una obligación económica relevante: el pago de 6,516,000 pesos por reparación del daño y una multa adicional de 86,880 pesos, según el comunicado oficial de la Fiscalía.
Así ocurrió la masacre
El ataque ocurrió la tarde del 21 de junio de 2020 en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Un grupo que mantenía un plantón civil en el corredor de la agencia fue rodeado por una multitud armada con piedras, palos y tubos, la cual ingresó de forma violenta a las instalaciones.
Las 15 víctimas, 13 hombres y dos mujeres, murieron a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 54VG/2022, sostuvo que las personas agredidas fueron sometidas a violencia extrema.
“Fueron golpeadas, apedreadas, les arrojaron blocks de concreto”
La agresión comenzó el domingo por la tarde y se prolongó hasta la madrugada del lunes siguiente, momento en que se registró el ataque de mayor letalidad. Los hechos se enmarcaron en un conflicto político y electoral que había escalado desde octubre de 2019, cuando comunidades de San Mateo del Mar desconocieron el proceso municipal.
Los sobrevivientes señalaron al agente municipal de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado como responsables de las agresiones y torturas contra las víctimas. Además, la agresión del 21 de junio no fue la primera: el 2 de mayo de ese año ya se había registrado un ataque armado contra el mismo plantón y un puesto sanitario de la zona.
La recomendación DDGGH/125/22 de la CNDH documentó que personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal estuvo presente durante los hechos sin intervenir.
Otras sentencias y justicia pendiente
El fallo contra Inocencio Irizar Salazar no es el primero en este expediente. En diciembre de 2023, el Juzgado de Control de Tanivet impuso una condena de 210 años de prisión a José Luis C.S., Gualterio E.A. y Flavio S.S. por los mismos delitos de homicidio calificado con ventaja y feminicidio. La causa penal 206/2020 acusa a 161 personas por feminicidio y homicidio doloso derivados de este caso.
El 20 de octubre de 2026, integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca. Reconocieron la sentencia contra el acusado, pero advirtieron que la justicia sigue incompleta mientras existan órdenes de aprehensión pendientes contra responsables que permanecen prófugos.
Entre los nombres señalados por la organización como presuntos responsables aún no detenidos figuran Raúl Rangel González, expresidente municipal de San Mateo del Mar, y Camerino Dávalos Larrínzar, de acuerdo con su pronunciamiento.
La nueva condena refuerza la ruta judicial del caso, aunque el reclamo de las víctimas mantiene abierta la exigencia de que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión pendientes. Mientras siga esa deuda, el cierre definitivo de la masacre de Huazantlán del Río continuará en disputa.