La impunidad que rodea los asesinatos de periodistas en México alcanza un nivel casi absoluto. Un monitoreo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó 169 homicidios de profesionales de la información en los últimos 20 años y concluyó que 99 % de esos crímenes no se esclareció por completo: en 168 casos no se pudo identificar al autor intelectual ni determinar el móvil del asesinato.
- Impunidad extrema: 169 periodistas asesinados en dos décadas; 99 % de los casos sin esclarecimiento integral.
- Exigencia a Palacio Nacional: RSF pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar con urgencia medidas de protección para periodistas.
- Fallos estructurales: pérdida de pruebas, líneas de investigación incompletas y falta de coordinación marcaron las indagatorias.
Impunidad casi absoluta y responsabilidad del Estado
El registro equivale a un promedio de ocho homicidios de periodistas por año. Durante la presentación del monitoreo, RSF solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar “con carácter de urgencia” todas las medidas necesarias para garantizar la protección de quienes ejercen el periodismo. La organización ubicó los crímenes en un contexto de impunidad prácticamente absoluta.
La organización señaló que los cárteles y otros grupos del crimen organizado figuraron como los principales responsables de la mayoría de los asesinatos. En varios expedientes esas estructuras aparecieron señaladas como responsables e incluso reivindicaron los homicidios, mientras que en otros casos existieron indicios de participación sin que las investigaciones lograran establecer todas las responsabilidades. Advirtió que atribuirles los hechos sin destinar recursos para detenerlos ni desarticular las redes que los protegen también compromete la responsabilidad del Estado mexicano.
Artur Romeu, director de RSF para América Latina, describió así la dimensión de la violencia:
“Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia.”
El directivo también vinculó los homicidios con el funcionamiento del sistema de justicia:
“Es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas.”
Fallas documentadas en las primeras etapas de investigación
RSF retomó el trabajo de Propuesta Cívica, organización mexicana defensora de la libertad de expresión que brindó apoyo a las familias de periodistas asesinados y colaboró con la organización internacional en México. La agrupación documentó irregularidades durante las primeras etapas de las indagatorias, cuando se definen las posibilidades reales de esclarecer los crímenes.
Entre los problemas detectados estuvieron la pérdida o conservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto, coordinación deficiente entre autoridades y ausencia de voluntad política en numerosos expedientes. Estas fallas ocurrieron antes de que las investigaciones pudieran establecer el móvil o identificar a todos los responsables.
Instituciones y avances insuficientes
El reporte reconoció que México contó desde 2006 con una unidad especializada para investigar delitos cometidos contra periodistas. Su mandato se amplió en 2010, cuando dio origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Desde 2012 también existe un mecanismo federal de protección destinado a reforzar la seguridad de los periodistas; al 31 de agosto de 2026, 701 periodistas estaban incorporados a ese esquema, según datos del Gobierno mexicano.
RSF señaló que las condenas por asesinatos de periodistas aumentaron desde la creación de la Feadle. Entre 2006 y 2016 se dictaron cinco sentencias, mientras que durante la década siguiente se registraron al menos 33 condenas. Pese a ese avance, el alto nivel de impunidad se mantuvo: en total, 21 casos fueron esclarecidos de manera parcial.
El informe deja un panorama crítico para la prensa mexicana: la combinación de crimen organizado, fallas judiciales y protección insuficiente ha perpetuado una de las series más prolongadas de asesinatos contra periodistas en un país en paz durante el siglo XXI. El reto inmediato, según el propio organismo, es transformar las instituciones existentes en resultados concretos que impidan nuevos homicidios y permitan castigar a todos los responsables.