La violencia contra la prensa en México mantiene una tendencia crítica. Durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, 18 periodistas han sido asesinados en el país, según dio a conocer el director general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Thibaut Bruttin. La cifra forma parte de un contexto más amplio: en las últimas dos décadas suman 169 comunicadores asesinados, con niveles de impunidad casi totales.
- Dato central: 18 periodistas han sido asesinados durante la actual administración federal.
- Impunidad crítica: Apenas el 1% de los 169 homicidios de periodistas en los últimos 20 años se ha esclarecido.
- Evaluación limitada: De los 22 compromisos asumidos por el gobierno con RSF, solo uno presentó evolución positiva.
Dos décadas de agresiones y un patrón de impunidad
Durante la presentación del informe “México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa?”, Bruttin explicó que la presidenta cumplió apenas 27% de los 22 compromisos firmados con RSF al inicio de su gestión. Según la organización, esos avances no han tenido un efecto significativo.
El informe ubica a México en el lugar 122 de 180 países analizados. De los 169 asesinatos de periodistas registrados en las últimas dos décadas, únicamente 1% de los crímenes se ha esclarecido. Del total, 166 comunicadores cubrían información local y 34 fueron torturados. En cuanto a sus actividades, 59% cubría temas relacionados con el crimen organizado y 46% con política.
Los estados con mayores registros de crímenes son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas. Además, en los últimos 20 años, 43 periodistas fueron víctimas de desaparición, siete de desaparición forzada, 13 fueron localizados sin vida y 23 siguen sin ser localizados. Balbina Flores, representante de RSF en México, alertó que ante la violencia al menos 70 periodistas y sus familias se encuentran desplazados de sus lugares de origen.
Reuniones en Gobernación y Fiscalía
Thibaut Bruttin, acompañado de Bia Barbosa, directora de Incidencia de RSF en América Latina, y de Balbina Flores, se reunió previamente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy. A ambas funcionarias les expuso la urgencia de convertir en acciones concretas los compromisos firmados al inicio del sexenio.
“Es hora de actuar, proteger a los periodistas, luchar contra la impunidad y garantizar la libertad de prensa”, instó el director general de RSF.
Bruttin también señaló que el gobierno mexicano “tiene que cambiar ahora, pronto, es un tema de urgencia”. A nivel global, indicó, el periodismo enfrenta voces hostiles contra la prensa, un entorno digital marcado por el discurso de odio y una banalización de la violencia. Pidió valorar al periodismo por su función social y su papel para garantizar el derecho a la información.
En el encuentro con Gobernación, la titular reconoció retrasos en la implementación de los compromisos y reiteró la voluntad del gobierno de acelerar el cumplimiento. También participaron la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y Tobyanne Ledesma Rivera, directora del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ambas funcionarias fueron instruidas para identificar los obstáculos en el esclarecimiento de los casos y fortalecer las capacidades de las entidades federativas para responder a las amenazas.
Con Ernestina Godoy, los representantes de RSF explicaron que se comprometió a reforzar la capacitación del Ministerio Público en materia de libertad de prensa, especialmente en las entidades federativas, y a incluir el tema en la agenda de una próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027.
Avances insuficientes
El informe de RSF sostiene que los avances durante los dos primeros años del gobierno de Sheinbaum no han sido suficientes para transformar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México. De los 22 compromisos evaluados, solo uno registró evolución positiva, cinco presentaron avances insuficientes, diez no mostraron avances sustanciales verificables, dos experimentaron retroceso institucional y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información suficiente.
La advertencia de RSF apunta a una conclusión: sin una ejecución real de los compromisos, la violencia contra comunicadores seguirá acumulando víctimas y la impunidad mantendrá un terreno fértil en el país.