El Gobierno de México analiza la compra del Centro de Detención de Alta Seguridad de Papantla, en Veracruz, una obra que se encuentra al 90% de su construcción, para concluirla y ponerla en operación con un modelo distinto al de las antiguas asociaciones público-privadas. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.
- Punto clave 1: El penal de Papantla fue construido con el esquema de alta seguridad de otros centros que mantienen contratos, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador redujo los pagos casi a la mitad.
- Punto clave 2: La presidenta pidió a Raquel Buenrostro y al secretario de Hacienda realizar un avalúo para negociar su adquisición de forma transparente.
- Punto clave 3: El gobierno federal anunció la construcción de seis nuevos penales en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con capacidad para 18,480 reos.
- Punto clave 4: Los nuevos centros no serán operados por privados, sino por autoridades federales o estatales de seguridad.
Adquisición del penal de Papantla
Al explicar el origen de la obra, Sheinbaum señaló que el centro fue construido bajo el esquema de alta seguridad de otros penales con contratos aún vigentes. Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo el contrato, pero redujo los costos de manera significativa.
“Donde el gobierno da recursos a un privado y el privado opera el centro de detención hasta determinado año, cuando se acabe de pagar todo, como saben, los precios eran altísimos y como hay un contrato, el presidente López Obrador lo dejó, pero bajó los precios prácticamente a la mitad”.
La mandataria detalló que Papantla está al 90% de su construcción y que el gobierno quiere adquirir el inmueble, además de revisar cuánto se pagó en el pasado, pues la obra data de la administración de Enrique Peña Nieto.
“Adquirirlo, que se termine para que pueda funcionar como centro en un esquema distinto a las antiguas asociaciones público-privadas, pero es una infraestructura que está ahí, que ya se construyó, le pedí a Raquel Buenrostro y al secretario de Hacienda que hagan el avalúo, cuánto cuesta, en fin, que hablen con quien lo construyó y que se vea la manera de utilizarlo, de manera totalmente transparente”.
Seis nuevos penales ante la saturación carcelaria
La posible compra de Papantla se suma al plan anunciado apenas hace unos días por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para construir seis nuevos penales con un enfoque orientado a la reinserción social. El anuncio se dio a conocer el martes 13 de octubre durante la conferencia de prensa matutina.
Los centros estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. En conjunto podrán albergar hasta 18,480 personas privadas de la libertad y contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología para bloqueo de señales y módulos diferenciados para clasificar correctamente a los internos según su nivel de riesgo. El nuevo modelo contempla espacios para la educación, capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la modernización responde a la necesidad de atender la sobrepoblación en las cárceles del país.
“No podemos permitir la sobrepoblación, primero, por derechos humanos, a pesar que algunos creen que los detenidos no tienen derechos; y segundo, también por seguridad porque la sobrepoblación también genera problemas”.
Sheinbaum indicó que en los estados mencionados hay un aumento poblacional de reos y que por ello se tomó la decisión de apoyarlos. Se prevé que los nuevos centros sean construidos en los próximos dos años.
“Se han detenido 70 mil personas desde que llegamos al Gobierno (...) Realmente esto ha representado una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios”.
Operación pública y revisión de alternativas legales
Sobre el financiamiento, la mandataria aclaró que la Secretaría de Hacienda trabaja en la forma de financiar las nuevas cárceles.
“No van a ser operados por privados como en el periodo anterior, serían operados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal o de las entidades”.
Por su parte, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que junto con la Consejera Jurídica de la Presidencia se analizan alternativas legales y la posible liberación de personas procesadas por delitos menores, con el fin de generar equilibrio en el sistema penitenciario, con especial atención en el Estado de México.
La estrategia combina la ampliación y modernización de la infraestructura carcelaria con una revisión jurídica que busca aliviar la presión en los centros más saturados. La adquisición de Papantla, de concretarse, permitiría recuperar una obra casi terminada sin recurrir al modelo de asociación público-privada que, según el gobierno federal, elevó los costos en administraciones anteriores.