La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a México fortalecer las salvaguardas para las mujeres trans en la iniciativa de ley general contra el feminicidio, con el fin de que cualquier muerte violenta de mujeres pueda investigarse bajo esa figura delictiva sin condicionar el inicio de las indagatorias a la acreditación previa de la identidad de género de las víctimas.
- Alcance incluyente: se pidió precisar que el delito de feminicidio comprende a todas las mujeres y niñas, incluidas las transgénero.
- Investigación sin barreras: el futuro protocolo nacional no debería exigir determinar previamente la identidad de género para abrir una indagatoria por muerte violenta.
- Responsabilidad pública: se planteó exigir cuentas a las instituciones cuando sus omisiones contribuyan a no prevenir la violencia feminicida.
Recomendaciones de la ONU para cerrar brechas de protección
El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, reconocieron los esfuerzos del Gobierno mexicano por unificar la legislación en la materia. No obstante, formularon observaciones para ampliar las garantías de acceso a la justicia y fortalecer los procedimientos de investigación.
Entre los planteamientos centrales figura precisar que el delito de feminicidio abarca a todas las mujeres y niñas, incluidas las transgénero. Aunque la iniciativa mexicana ya contempla expresamente a esta población, los especialistas consideraron necesario robustecer la redacción para asegurar su protección efectiva.
Además, pidieron que el futuro protocolo nacional de investigación establezca que no es indispensable determinar previamente la identidad de género de una víctima para iniciar las indagatorias por una muerte violenta. La propuesta busca evitar que los casos queden fuera del tipo penal por requisitos procesales que retrasen o limiten la investigación.
Antecedentes de la CEDAW y enfoque en trabajadoras sexuales
En 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó preocupación porque los asesinatos transfóbicos estaban tipificados de forma específica únicamente en Ciudad de México y Nayarit, sin una disposición equivalente a nivel nacional. Ese vacío forma parte del debate que la ley general busca atender al armonizar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en el país.
Los especialistas también respaldaron la propuesta de establecer penas agravadas cuando la víctima ejerza el trabajo sexual, dadas las condiciones particulares de violencia y discriminación que enfrenta esa población. Recomendaron, asimismo, que las investigaciones consideren posibles escenarios de trata, explotación, coacción y violencia perpetrada por clientes o terceras personas, y advirtieron que la actividad de la víctima no debe utilizarse para restar gravedad al delito.
Responsabilidad institucional y respuesta de la Cancillería
La ONU pidió establecer mecanismos para exigir responsabilidades a las instituciones públicas cuando existan fallas en la atención de denuncias previas, la evaluación de riesgos o la implementación de medidas de protección que pudieron contribuir a prevenir una agresión. También consideró necesario valorar la propuesta de procedimientos uniformes para investigar los feminicidios y crear registros especializados, incluido uno para las niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad por estos crímenes.
En un comunicado difundido el pasado 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó el reconocimiento de Naciones Unidas a la revisión de la legislación mexicana con perspectiva de derechos humanos. La Cancillería resaltó, además, los avances planteados para proteger a las mujeres trans y a las trabajadoras sexuales.
El organismo internacional solicitó al Gobierno mexicano información actualizada sobre el proceso legislativo y pidió transmitir sus recomendaciones al Congreso. La iniciativa busca armonizar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio ante las diferencias que persisten entre las leyes de las entidades federativas, un punto que los expertos consideran clave para garantizar una justicia uniforme y sin discriminación.