Una pesquisa federal estadounidense detectó una red que robaba automóviles en distintos puntos de Estados Unidos y los cruzaba a México para entregarlos a grupos delictivos. El Departamento de Justicia anunció que trece individuos fueron acusados en el fuero federal por llevar vehículos hurtados hacia cárteles mexicanos. La entrada principal se produjo por El Paso, Texas, aunque la investigación también apunta a otros cruces fronterizos.
- La operación: Southbound Takedown reconstruyó el trayecto de los autos sustraídos hasta la frontera y su entrega a organizaciones criminales transnacionales; además permitió recuperar 29 vehículos.
- El valor: esos 29 automotores se calcularon en cerca de 1 millón 137 mil dólares. Entre las imágenes difundidas hay una SUV blanca dañada hallada en México y una camioneta blindada negra.
- Los acusados: el grupo incluye nueve estadounidenses y dos mexicanos entre once imputados federalmente, más Kimberly Aguilar y Marty Gerardo Jr., ambos estadounidenses y procesados por separado.
- La pena: todos enfrentan el cargo de traslado interestatal de bienes robados; una condena podría llegar a un máximo de diez años en prisión federal, según determine un juez de distrito.
Cómo operaba la ruta hacia México
La indagatoria arrancó en la primavera de 2026. Agentes federales y fiscales advirtieron un patrón: autos particulares y de renta eran robados en el suroeste del país, llevados a El Paso y dejados al otro lado de la frontera. Las víctimas eran propietarios individuales y compañías de alquiler.
Vance Belew, quien dirige la oficina de HSI en El Paso como subagente especial a cargo, describió el mecanismo durante una conferencia de prensa:
“Vehículos de propiedad privada y autos de alquiler estaban siendo robados en todo Estados Unidos y trasladados hacia la frontera”.
Según su explicación, cómplices conducían luego esas unidades por distintos pasos internacionales para entregarlas a personas ligadas a cárteles importantes y a otras estructuras delictivas, con lo que se impulsaban sus actividades ilegales.
“Estos no son delitos aislados contra la propiedad. Los vehículos robados relacionados con esta operación se utilizan para apoyar las operaciones diarias de peligrosas organizaciones criminales en todo Estados Unidos y en México”.
Belew subrayó así que el impacto excede la pérdida patrimonial: el lucro alimenta la operación cotidiana de grupos peligrosos en ambos países.
Quiénes están imputados
Kimberly Aguilar, ciudadana estadounidense, recibió cargos el 25 de marzo y sigue detenida en custodia estatal. Marty Gerardo Jr., también estadounidense, fue imputado el 22 de julio. A las once restantes se les formularon cargos federales y se les detuvo del 22 de julio al 19 de octubre.
Dentro de ese grupo, nueve tienen nacionalidad estadounidense: Amy Foote, David Monarrez, Ángel Antonio Flores, César David Díaz, James Dewey Garrett, Sinuhe Baltizar López, Christopher Rene Reyes, Hilario Abraham Morales y Aaron Fernando Luna-Evans. Los dos restantes son mexicanos: Pilar Bernabeth Méndez Rivas, con tarjeta de cruce fronterizo, y Pablo Frías, poseedor de una tarjeta de residencia permanente legal.
Cada causa tiene un expediente propio en la corte federal que cubre el Distrito Oeste de Texas.
Penalidades y advertencia del fiscal
Los trece enfrentan cargos por trasladar bienes robados entre estados. Si son declarados culpables, podrían ser condenados a un máximo de diez años en prisión federal; la pena la fijará un juez de distrito después de considerar las directrices de sentencia vigentes en Estados Unidos y otros factores legales.
Justin R. Simmons, fiscal federal, envió un mensaje directo a quienes pudieran participar en estos esquemas:
“A cualquiera que esté considerando transportar vehículos robados a México: no lo hagan”.
Agregó que:
“estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su afán por obtener dinero fácil para expandir sus operaciones criminales, que incluyen tráfico de personas, extorsión, narcotráfico e incluso asesinato”.
Y cerró con una advertencia sobre los cárteles:
“Si brindan apoyo a estos cárteles, muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, transportando vehículos robados fuera de este país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”.
El expediente muestra cómo el robo de autos dejó de ser solo una pérdida patrimonial para convertirse en un insumo de la maquinaria criminal: según la fiscalía, los vehículos sostienen la actividad diaria de los grupos que los reciben. Con trece causas en marcha en el Distrito Oeste de Texas, la atención estará en las sentencias que se dicten y en si la evidencia confirma la referencia a otras puertas de entrada.