Yuriana Julia Pelaez Calderón, mexicana de 43 años sin estatus regular y vecina del sur de Los Ángeles, se declaró culpable de fingir un secuestro y de atribuirlo a agentes federales de inmigración, según fiscales federales del Distrito Central de California.
- Delito admitido: conspiración para entorpecer, trabar, dañar y frustrar la labor legal de HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) en el ámbito federal.
- Sentencia: el magistrado Stephen V. Wilson fijó para el 8 de febrero de 2027 la audiencia de sentencia; la pena máxima sería de cinco años de prisión federal.
- Simulación: entre junio y julio de 2025 afirmó que la habían detenido agentes federales, o gente que decía actuar por ellos, y varió su versión sobre el lugar y los captores.
- Difusión: sus mentiras llegaron a medios y a la policía; en una conferencia de activistas en Los Ángeles el día 30 de junio de 2025, otras personas repitieron su versión.
El acuerdo con la fiscalía
En su acuerdo, Pelaez Calderón reconoció haber obstruido diligencias oficiales de HSI. Según el documento, en junio de 2025 HSI cumplía tareas gubernamentales legítimas, como atender riesgos creíbles para la seguridad pública, entre ellos un secuestro; entonces decidió fingir su propia detención.
La investigación correspondió a la unidad El Camino Real, dedicada a delitos financieros dentro de HSI Los Ángeles, un equipo interinstitucional con investigadores federales y estatales.
Cómo se armó el relato
Del restaurante a Tulare
El día 25 de junio de 2025, dijo a una persona que “inmigración” la sacaba cuando estaba dentro o cerca de un local de comida rápida. Añadió que los agentes encendieron las luces y amenazaron con romper la ventana.
Los documentos judiciales recogen que los funcionarios habían “encendido las luces” y “amenazado con romperle la ventana”.
Pasadas 48 horas, el 27 de junio telefoneó a alguien de un grupo proinquilinos. Le dijo que las “autoridades” la trasladaron a San Ysidro; allí, según ella, junto a otros, la forzaron a firmar papeles de desalojo voluntario. En una tercera llamada sostuvo que estaba en una bodega desconocida, retenida con más detenidos.
El 28 de junio cambió otra vez: dijo estar con alguien del centro “B-18” de Los Ángeles y con otra persona recogida en una gasolinera de Bakersfield.
Su versión: estaba junto a alguien del centro “B-18” y a otra persona “recogida en una gasolinera en Bakersfield”.
Las mentiras se difundieron en medios y cuerpos de seguridad. La versión hablaba de hombres enmascarados, vestidos de civil, en un vehículo sin distintivos, que se hacían pasar por agentes federales o por sus enlaces, y decía que ella había sido “secuestrada”.
El día 30 de junio de 2025, activistas comunitarios dieron una conferencia en Los Ángeles; otros repitieron su relato y pidieron su libertad. Mientras crecía la cobertura, ella seguía oculta en Bakersfield, atenta a los medios.
El 3 de julio, con número oculto, avisó que pronto la liberarían por la difusión del caso. Ese día salió de Bakersfield rumbo al condado de Tulare y representó allí su salida: dijo a una persona que la “Patrulla Fronteriza” la había soltado y le pidió ser testigo del “caso” que preparaba contra la agencia, a la que pensaba demandar.
Para el montaje, alteró su aspecto y simuló maltrato; un cómplice fotografió ese cambio, parte del relato que quería mostrar.
Búsqueda y fiscales
Del 3 al 5 de julio de 2025 apagó sus teléfonos y no respondió a los agentes que la buscaban; pidió a otros hacer lo mismo aunque sabía que la localizaban. Su acuerdo admite que sabía, o debía saber, que se usarían recursos para hallarla por sus falsas denuncias.
Las fiscales adjuntas son Lana Morton Owens y Matthew J. Tako. Owens trabaja en la División de Seguridad Nacional; Tako, en la Sección de Crimen Organizado Transnacional.
La admisión cierra una etapa de un expediente que muestra cómo una denuncia inventada movilizó recursos y atención mediática. La sentencia del 8 de febrero de 2027 definirá el castigo de Pelaez Calderón, expuesta a cinco años de prisión federal. El caso también muestra la rapidez con que las instituciones activan protocolos ante un supuesto secuestro y la respuesta penal para quien inventa ese tipo de alerta.