El estado de Sinaloa carece de un padrón real de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia asociada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, del Cártel de Sinaloa. La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, admitió que la cifra actual —poco más de 3 mil familias— solo registra a quienes acuden de forma voluntaria, por lo que prepara un nuevo diagnóstico en coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).
- Subregistro reconocido: El padrón oficial no contabiliza a familias que no se registran por desconfianza, miedo, vergüenza o desconocimiento.
- Cifra actual: La Secretaría de Bienestar reporta 3,619 familias desplazadas; Concordia, Badiraguato y Culiacán concentran la mayor salida.
- Nuevo censo: La gobernadora anunció un estudio con la Universidad Autónoma de Occidente para obtener cifras más reales y revisar la confidencialidad del padrón.
El subregistro y la necesidad de un nuevo censo
En un evento sobre desplazamiento forzado en Mazatlán, Domínguez señaló que el desplazamiento en el país ha ido en aumento por la violencia.
"El desplazamiento lamentablemente en el país ha ido incrementándose producto de la violencia, y Sinaloa no ha sido la excepción", afirmó.
La mandataria consideró que será necesario replantear el registro porque el padrón vigente no capta la dimensión real del problema.
La gobernadora explicó que el objetivo es contar con datos más concretos para establecer mecanismos de atención. También planteó revisar el funcionamiento del registro actual para generar mayor confianza entre las víctimas, pues la confidencialidad de los datos personales debe garantizarse.
"No podemos revelar los datos de las familias que se registran, entonces a lo mejor hay que revisar también ahí un tema de que le dé mayor confianza a quienes viven en desplazamiento", manifestó.
Por su parte, el secretario de Bienestar en Sinaloa, Francisco Javier Barrón Aguayo, precisó que el padrón de su dependencia contabiliza actualmente a 3,619 familias desplazadas. Reconoció que una parte de la población no se incorpora al registro por miedo, vergüenza o desconocimiento de los mecanismos de atención.
"Mucha gente no lo hace por miedo, no lo hace por vergüenza o porque no sabe", afirmó.
Municipios expulsores y destinos de las familias
De acuerdo con las cifras disponibles, Concordia concentra el mayor número de familias desplazadas, seguido de Badiraguato y Culiacán. En contraste, Mazatlán y la capital sinaloense son los principales destinos de quienes abandonan sus comunidades de origen.
Barrón explicó que Mazatlán recibe familias procedentes de Concordia, Rosario y Escuinapa, mientras que Culiacán concentra a personas que huyen de comunidades cercanas como Tepuche e Imala, además de Badiraguato. Entre los factores que impulsan esta dinámica, el funcionario mencionó la posibilidad de encontrar empleo en las ciudades receptoras.
Vivienda y crisis humanitaria
Las declaraciones de la gobernadora se realizaron después de un encuentro con familias en condición de desplazamiento forzado interno, a quienes se entregaron lotes de vivienda en Mazatlán.
"Vamos a poner todo nuestro empeño para que ustedes recuperen esa tranquilidad, sabemos que lo primero que da esa seguridad es tener una casa", afirmó.
La mandataria señaló que la vivienda es el primer paso para que las familias recuperen la dignidad y la seguridad perdidas.
El programa de entrega de lotes se llevará a siete municipios, donde la Comisión de Vivienda del Estado (CVIVE) cuenta con reservas territoriales de 53 hectáreas en 12 predios. El presupuesto para la atención de familias desplazadas este año es de 75 millones de pesos, de los cuales 38 millones se destinan a la entrega de lotes.
El desplazamiento forzado en Sinaloa tiene su origen en la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, que estalló el 9 de septiembre de 2024. El quiebre se produjo tras el secuestro y la entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal, a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Especialistas y defensores de derechos humanos han calificado esta disputa como la más prolongada y sanguinaria que ha enfrentado el Cártel de Sinaloa desde su fundación en los años noventa.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), advirtió en junio pasado que Sinaloa se encuentra próxima a una crisis humanitaria. Señaló que el desplazamiento forzado, las muertes violentas y las desapariciones son los tres factores que lo evidencian. Desde julio pasado, la violencia ha tenido como epicentro el municipio de Mazatlán, con jornadas de hasta diez asesinatos, ataques armados y hallazgos de cuerpos.
El reconocimiento del subregistro por parte del gobierno estatal abre la puerta a una actualización esperada por víctimas y organizaciones. Sin embargo, la persistencia de la violencia en municipios como Mazatlán plantea un escenario complejo: mientras no se garantice confianza y protección a las familias, cualquier nuevo padrón podría volver a quedarse corto frente a la crisis humanitaria advertida por la CEDH.