La Ciudad de México dio un paso para que ciertos robos y daños de bajo valor encuentren salida en los juzgados cívicos antes de convertirse en carpetas de investigación. La propuesta fue presentada este 19 de octubre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y mantiene abierta para las víctimas la posibilidad de denunciar penalmente si así lo deciden.
- Monto máximo: bienes muebles e inmuebles con valor de hasta 50 UMA, alrededor de 5 mil 800 pesos.
- Sanciones previstas: reparación del daño, arresto o trabajo en favor de la comunidad.
- Alcance: se aplicaría solo sin violencia, sin reincidencia y con consentimiento de la persona afectada.
Qué plantea la reforma a la Ley de Cultura Cívica
La iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica de la capital plantea que los daños a bienes muebles e inmuebles de bajo monto puedan resolverse ante juzgados cívicos. También abre la puerta a ciertos robos sin violencia ni reincidencia, siempre que no existan agravantes ni circunstancias que coloquen el caso en una conducta de mayor gravedad.
De acuerdo con el planteamiento, las personas agraviadas podrían elegir entre la vía penal y un procedimiento cívico. Brugada subrayó que el proyecto no modifica el Código Penal ni elimina las facultades del Ministerio Público.
La propuesta no pretende sustituir la vía penal cuando hay agresiones físicas u otros elementos que exigen investigar un delito. Tampoco incluiría violencia física ni agravantes. Sí contempla determinados supuestos de violencia verbal en el ámbito familiar, con la salvedad de que la definición final dependerá del Congreso de la Ciudad de México.
Juicios orales y atención psicosocial
Los juzgados cívicos celebrarían juicios orales con audiencias públicas, donde cada parte expondría sus argumentos ante un juez cívico. La intención es acelerar las resoluciones y dar seguimiento a los acuerdos, además de atender las causas de conductas repetidas y no limitarse a imponer una sanción.
Para ello se incorporaría la figura de agentes psicosociales restaurativos, encargados de evaluar factores emocionales y sociales relacionados con las infracciones. A partir de esas valoraciones, las personas podrían ser canalizadas a atención psicológica, tratamientos por consumo de sustancias, programas educativos, capacitación o alternativas de empleo.
La reforma también incorpora los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) —mediación, conciliación, juntas restaurativas, círculos de paz y diálogos restaurativos— en juzgados, centros comunitarios y territorio. Quedan excluidos los casos reincidentes o con incumplimientos previos del mismo convenio.
Reparación del daño y obligaciones del nuevo esquema
La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, informó que los acuerdos reparatorios registran un aumento de 120%. La iniciativa busca extender esa lógica a determinados daños materiales y robos de bajo monto mediante mecanismos cívicos.
La reforma establece la reparación del daño como obligación prioritaria, con modalidades material, económica y simbólica, además de medidas comunitarias, terapéuticas, educativas o de atención a adicciones según el tamizaje psicosocial. Regula infracciones contra la salud pública, el medio ambiente, la protección animal y la propiedad.
Para la vía cívica en daños o apoderamientos de bienes de hasta 50 veces la UMA se exige que no haya violencia, que ocurra la restitución inmediata, que se trate de una primera conducta, que exista consentimiento expreso de la persona afectada y que el caso no sea ya del conocimiento del Ministerio Público.
También se refuerza la profesionalización y supervisión mediante certificación de facilitadores y agentes psicosociales, expedientes digitales, registros de audio y video, un Registro Único con datos de sanciones y convenios, y un plazo de 30 días para presentar quejas por vulneraciones durante el procedimiento.
Tres rutas de detección y Calpullis de Paz
La detección de conflictos tendría tres rutas: identificación anticipada de riesgos en comunidades; reportes al 911, al Sistema Unificado de Atención Ciudadana, asambleas vecinales y otros canales de proximidad; y la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante posibles infracciones cívicas. El secretario Pablo Vázquez Camacho indicó que estrategias como La Policía Cerca de Ti y Código 1: Policía en tu Calle permitirían detectar conductas que afectan la convivencia.
Entre los casos mencionados por la autoridad se encuentran riñas, provocaciones, intimidación, maltrato, coacción, consumo de alcohol en espacios públicos, maltrato animal, daños, pintas, uso imprudente de objetos peligrosos y disposición indebida de basura.
La propuesta crea las Jornadas de Justicia Cívica Itinerante y los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios para acercar servicios a colonias, barrios y comunidades, tanto en modalidad presencial como virtual. Los centros, denominados Calpullis de Paz, podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros sitios públicos, y ofrecer mediación, conciliación y mecanismos de justicia restaurativa para diferencias entre vecinos.
La propuesta traslada una lógica de justicia cívica restaurativa a conflictos cotidianos que hoy suelen saturar las agencias del Ministerio Público. Si el Congreso local aprueba la reforma, la capital tendría una vía intermedia centrada en la reparación y en intervenciones psicosociales, aunque su efectividad dependerá de la capacidad para instalar los nuevos centros, certificar al personal y dar seguimiento real a los acuerdos.