Antes de que un operativo llevara a la detención del exalcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya tenía documentadas fallas en la comprobación del gasto municipal. En las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024, el órgano fiscalizador acumuló observaciones por alrededor de 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar durante la primera gestión del exalcalde.
Los informes de la ASF identifican problemas concretos: pagos de personal de seguridad pública sin documentación suficiente, cuatro contratos de arrendamiento de maquinaria cuyos trabajos no pudieron acreditarse por completo, servicios de impresión sin evidencia total de lo pagado y procedimientos de contratación en los que dos empresas estaban vinculadas por socios en común.
- 105.3 millones de pesos: monto acumulado pendiente por aclarar en las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024 de Juchitán.
- Hallazgos en maquinaria: contratos de arrendamiento sin evidencia documental suficiente de los trabajos y del uso de los equipos.
- Seguridad pública y servicios: observaciones por 48.9 millones en 2022 y 41.5 millones en 2024, con documentación incompleta.
- Causa penal distinta: la detención de Sánchez Altamirano está relacionada con presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, no con las auditorías.
Contratos de maquinaria e impresión bajo la lupa en 2023
En la auditoría de participaciones federales de 2023, la ASF revisó siete contratos municipales por un total de 16 millones 194 mil 700 pesos. Cuatro correspondían al arrendamiento de maquinaria para construcción y sumaban 11 millones 388 mil 700 pesos.
Los contratos de maquinaria fueron identificados con los números MJZ/R28/043/001/2023, por 4 millones 466 mil pesos; MJZ/R28/043/003/2023, por 2 millones 200 mil 500 pesos; MJZ/R28/043/004/2023, por 2 millones 317 mil 700 pesos, y MJZ/R28/043/005/2023, por 2 millones 404 mil 500 pesos.
La observación principal fue que el municipio no presentó evidencia documental suficiente de las actividades realizadas con la maquinaria ni de los lugares donde fue utilizada. Sin esos elementos, la ASF no pudo comprobar por completo el uso de los recursos conforme a los servicios contratados. Para reconstruir el destino del dinero, los auditores señalaron que es necesario localizar a las empresas proveedoras, las facturas, los reportes de trabajo, las bitácoras de maquinaria y las ubicaciones de las obras en las que supuestamente se empleó el equipo.
En el conjunto de los siete contratos examinados, la ASF determinó 14 millones 724 mil 700 pesos pendientes por aclarar, monto que también incluyó deficiencias documentales en otros servicios y adquisiciones.
La misma auditoría detectó que, al revisar las actas constitutivas de las empresas participantes y ganadoras de tres contratos de maquinaria, dos compañías estaban vinculadas entre sí por socios o asociados en común. Los contratos involucrados sumaron 6 millones 922 mil 700 pesos. La ASF consideró que esa relación pudo representar una ventaja indebida en las adjudicaciones y promovió acciones de responsabilidad administrativa para investigar la actuación de los servidores públicos y la posible responsabilidad de las personas morales involucradas.
El informe público consultado no identifica por nombre a las empresas relacionadas. La relación societaria no demuestra por sí sola que existiera una empresa simulada o que se haya cometido un delito; lo que debe esclarecerse es si la participación de ambas compañías afectó la competencia en las adjudicaciones.
Entre los siete expedientes examinados en 2023 figuró el contrato MJZ/R28/043/013/2023, por 750 mil pesos, para la impresión de documentos oficiales y la reproducción de materiales informativos, libros, folletos y revistas. La ASF señaló que no se presentó evidencia de la totalidad de los servicios de impresión pagados y que en otros expedientes faltaban documentos de proveedores, como propuestas económicas, constancias de inscripción en el padrón correspondiente y opiniones de cumplimiento fiscal. Aunque el municipio entregó parte de la documentación durante la auditoría, algunas observaciones solo quedaron solventadas parcialmente.
Seguridad pública y nuevos pendientes en 2024
En la Cuenta Pública 2022, la ASF observó 48 millones 973 mil 502.95 pesos relacionados con el pago de personal de seguridad pública con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Los auditores indicaron que el municipio no proporcionó documentación suficiente para verificar las erogaciones, entre ella bases de nómina, plantillas autorizadas y comprobantes fiscales digitales, por lo que no pudieron acreditar que los recursos se hubieran pagado al personal correspondiente y conforme a los tabuladores aplicables.
El señalamiento involucra recursos destinados a seguridad pública, pero las auditorías consultadas no aportan evidencia que permita relacionar ese dinero con la presunta protección a Los Cromos atribuida a funcionarios municipales.
La revisión de la Cuenta Pública 2024 dejó otros 41.5 millones de pesos pendientes por aclarar. Entre los hallazgos, la ASF solicitó al municipio justificar 8 millones 28 mil pesos correspondientes a cuatro contratos de adquisiciones y servicios. Uno de ellos, identificado como MJZ/R28/005/2024, correspondía a la adquisición y arrendamiento de maquinaria para construcción; otros dos, MJZ/R28/013/2024 y MJZ/R28/027/2024, eran para servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal; y el cuarto, MJZ/R28/033/2024, para la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos de uso humano.
En esos expedientes faltaban documentos para acreditar los pagos y la recepción de bienes o servicios, como comprobantes de transferencias bancarias y estados de cuenta, actas de entrega-recepción de maquinaria, minutas, reportes fotográficos, evidencia de los servicios contables y documentos de ingreso al almacén y padrones de beneficiarios para los materiales médicos. La ASF también reportó documentación incompleta en siete expedientes de obra pública.
Una causa penal separada de la fiscalización
Las observaciones de la ASF no prueban que los recursos hayan sido desviados ni que los contratos estuvieran relacionados con Los Cromos, la célula criminal con la que las autoridades vinculan al exalcalde. Sin embargo, permiten identificar las operaciones que la administración municipal no justificó ante los auditores y las investigaciones administrativas que se promovieron.
Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre de 2026. Las autoridades lo vincularon con una presunta estructura criminal investigada por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Esa causa penal es distinta de los procedimientos de fiscalización de la ASF.
El 29 de septiembre fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. El juez impuso prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Los 105.3 millones de pesos dimensionan las observaciones acumuladas en tres ejercicios fiscales, pero no representan automáticamente un desvío probado. La revisión pendiente es concreta: identificar a los proveedores de los contratos observados, conocer qué funcionarios autorizaron las adjudicaciones, reconstruir los pagos y consultar las resoluciones más recientes de la ASF. También debe establecerse qué montos fueron aclarados después de la publicación de los informes y cuáles continúan bajo seguimiento.