La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó este martes una iniciativa para que los funcionarios y servidores públicos vinculados al narcotráfico sean procesados por el delito de traición a la patria. La propuesta plantea modificar el artículo 123 del Código Penal Federal y llega en medio de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien enfrenta ese mismo ilícito.
- Objetivo central: castigar como traidores a la patria a servidores públicos coludidos con el crimen organizado.
- Reforma propuesta: adicionar la fracción 16 al artículo 123 del Código Penal Federal.
- Contexto inmediato: el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue detenido la semana pasada por el delito de traición a la patria.
La propuesta de López Rabadán
La expresidenta de San Lázaro propuso que se considere traición a la patria cuando un servidor público otorgue protección, información privilegiada o recursos públicos con el fin de someter funciones de gobierno a las decisiones de grupos criminales. Actualmente ese delito contempla penas de cinco a 40 años de prisión, rango que podría aplicarse a quien sea hallado responsable. La legisladora convocó a Morena, al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México a respaldar la iniciativa, aunque ese respaldo se observa complicado en la actual legislatura.
Durante su posicionamiento, la diputada cuestionó la falta de respuestas sobre los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos militantes del partido oficial. Para la legisladora de oposición, los verdaderos traidores a la patria son los funcionarios que entregan la seguridad de los mexicanos al crimen organizado a cambio de poder o dinero.
“Una iniciativa para que se adicione la fracción 16 al artículo 123 del Código Penal Federal y se castigue a los servidores públicos que estén coludidos con el narcotráfico como traidores a la patria. Hoy pareciera que hay un discurso desde el gobierno y desde distintos medios de comunicación a propósito de quién es traidor a la patria y quién no es traidor a la patria”, dijo.
El debate sobre injerencia extranjera y colusión
Para Kenia López Rabadán, el delito de traición a la patria no siempre debe sustentarse en una injerencia extranjera: bastaría con que un funcionario o servidor público esté coludido con el crimen organizado. La diputada calificó de “politiquería” las posturas del oficialismo en torno a ese ilícito.
“Bueno, incluso ha habido algunos integrantes del régimen que dependiendo de la votación que se dé en alguna ley, consideran a los legisladores traidores a la patria o no traidores a la patria. Y eso es pura retórica, eso es puro discurso, eso es simple y sencillamente politiquería”, declaró.
La legisladora sostuvo que los verdaderos traidores son quienes entregan territorio mexicano y la paz de las familias mexicanas a los cárteles del narcotráfico. Además, insistió en que los servidores públicos que cobran del erario y están coludidos con el narco deben ser sancionados.
“Y yo convoco a el partido de Morena, al Partido Verde Ecologista y al partido del PT a que acompañen esta iniciativa, a que de verdad les digamos traidores a la patria a los que sí son traidores a la patria. Y es a esos servidores públicos corruptos ligados con el crimen organizado y con el narco”, sentenció.
Antecedente y freno oficialista
A inicios de septiembre, el PAN presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para aumentar las sanciones contra servidores públicos que tuvieran vínculos o colaboraran con integrantes del crimen organizado. Aquella propuesta establecía penas de entre 80 y 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y la imprescriptibilidad de esos delitos. El proyecto, denominado iniciativa en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, planteaba modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, señaló entonces que la reforma sería una de las prioridades de su grupo parlamentario en el actual periodo de sesiones y relacionó la discusión con los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa. Durante la presentación sostuvo que la reforma pretendía impedir que los servidores públicos declarados responsables recuperen su libertad. Sin embargo, días después la alianza oficialista frenó la propuesta panista y esta quedó únicamente en el discurso.
El nuevo intento de López Rabadán vuelve a colocar el tema en la agenda legislativa, aunque el camino se anticipa cuesta arriba por la composición del Congreso de la Unión. La iniciativa tendrá que discutirse y aprobarse en ese órgano para convertirse en ley; mientras tanto, el caso de César Jáuregui mantiene abierta la polémica sobre quiénes deben ser considerados traidores a la patria y bajo qué criterios.