En el Senado, la senadora Lilly Téllez acusó este 20 de octubre a Morena de mantener un supuesto narcopacto para proteger a políticos señalados por presuntos vínculos con cárteles y de encarcelar al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por el desmantelamiento de un narcolaboratorio. La legisladora sostuvo que un operativo antidrogas no debería tipificarse como traición a la patria, incluso si se realizó sin autorización formal.
- Señalamiento central: Téllez acusó a Morena de blindar a perfiles que llamó “narcopolíticos” y cuestionó la detención del exfiscal de Chihuahua.
- Postura sobre el operativo: La senadora afirmó que la intervención antidrogas sin autorización formal no constituye traición a la patria.
- Iniciativa del PAN: La diputada Kenia López Rabadán propuso castigar como traidores a servidores públicos coludidos con el narcotráfico.
Acusaciones de Téllez contra Morena
Durante su intervención, Téllez acusó a Claudia Sheinbaum de proteger a Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López y Enrique Inzunza, a quienes calificó de narcopolíticos. También afirmó que la campaña de Sheinbaum recibió recursos del crimen organizado y que Alfonso Romo, exjefe de su oficina, ayudó al Cártel de Sinaloa a importar precursores químicos desde China para producir fentanilo.
Sobre el delito por el que se señala al exfiscal de Chihuahua, la senadora explicó que la traición a la patria implica cometer actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de México para someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero. En cambio, dijo, un operativo antidrogas podría representar una violación a la Ley de Seguridad Nacional o a las reglas de coordinación con agencias extranjeras, pero no esa figura penal.
La situación de César Jáuregui y el operativo en El Pinal
Las declaraciones se producen después de la detención de César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, señalado por la FGR por presunta traición a la patria. De acuerdo con la acusación, el exfuncionario habría permitido que agentes extranjeros operaran en territorio mexicano sin autorización federal durante un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, donde habrían intervenido agentes de la CIA.
Un juez de control decretó un receso en la audiencia inicial y la diligencia se reanudará a las 21:00 horas de este martes, a puerta cerrada, ante un posible conflicto diplomático derivado de la información expuesta. La causa se desarrolla en los juzgados federales de Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la conducción del juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes.
Los abogados del exfuncionario, José Ramón Flores y Arturo Medel Casquera, solicitaron 24 horas para revisar el expediente de la FGR, integrado por cuatro tomos con constancias y anexos; sin embargo, el juzgador autorizó la mitad del plazo. José Ramón Flores declaró que la representación social no había formulado formalmente la imputación, por lo que la defensa desconocía los hechos específicos atribuidos a su cliente.
El expediente se originó por el desmantelamiento de una red de laboratorios de drogas sintéticas en las comunidades de El Pinal, entre el 17 y el 19 de abril de 2026. La Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua realizó las acciones pese a que, de acuerdo con la acusación federal, los delitos con posibles vínculos con delincuencia organizada corresponden a la jurisdicción de la Federación.
La iniciativa del PAN para sancionar vínculos con el narco
En paralelo, la diputada Kenia López Rabadán, del PAN, presentó este martes una iniciativa para modificar el artículo 123 del Código Penal Federal y castigar como traición a la patria a funcionarios y servidores públicos coludidos con el narcotráfico.
“Una iniciativa para que se adicione la fracción 16 al artículo 123 del Código Penal Federal y se castigue a los servidores públicos que estén coludidos con el narcotráfico como traidores a la patria”
declaró la diputada ante medios de comunicación. La propuesta busca sancionar a quienes proporcionen protección, información privilegiada o recursos públicos a grupos criminales con el propósito de someter las funciones de gobierno a sus decisiones.
Actualmente, el delito de traición a la patria contempla penas de cinco a 40 años de prisión. López Rabadán planteó que esa figura no debería limitarse a casos de injerencia extranjera, sino incluir a quienes, desde el servicio público, mantengan vínculos con el crimen organizado.
Cuestionó que integrantes del oficialismo llamen traidores a la patria a legisladores según el sentido de sus votaciones.
“Eso es pura retórica, eso es puro discurso, eso es simple y sencillamente politiquería”
afirmó. Para la panista, los funcionarios que entregan territorio mexicano o la seguridad de las familias a los cárteles por poder o dinero son quienes deben recibir esa denominación. Además, pidió a Morena, PT y Partido Verde respaldar el proyecto.
La diputada también señaló que la responsabilidad debe alcanzar a cualquier persona que cobre recursos del erario y, en lugar de cumplir sus obligaciones públicas, esté coludido con el narcotráfico o amafiado con el narco. Sus declaraciones se dan en medio de los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos militantes de Morena, así como de los cuestionamientos por la falta de respuestas sobre esos casos.
El cruce de acusaciones entre la oposición y Morena reaviva el debate sobre el alcance del delito de traición a la patria y sobre el control de los operativos antidrogas realizados con agencias extranjeras. Mientras la audiencia del exfiscal de Chihuahua continúa a puerta cerrada, la iniciativa del PAN abre un nuevo frente legislativo en torno a los vínculos entre el poder público y el crimen organizado.