La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y corporaciones federales y estatales desmantelaron en Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, una red de seis cámaras de videovigilancia colocadas de manera ilegal en infraestructura pública. Los equipos, atribuidos presuntamente al crimen organizado, habrían servido para monitorear los patrullajes y despliegues de seguridad en la zona urbana.
- Punto clave 1: En el operativo participaron la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil.
- Punto clave 2: Las seis cámaras fueron localizadas en postes de energía eléctrica y telefonía, algunas cercanas a instalaciones de la FGE, la Fiscalía General de la República y la 43 Zona Militar.
- Punto clave 3: Michoacán acumula alrededor de 650 cámaras ilegales retiradas en los últimos cinco años; a nivel nacional, entre 2024 y los primeros meses de 2025 se desactivaron 6,619 dispositivos.
Operativo en la zona urbana de Apatzingán
Los recorridos se concentraron en la zona Centro de la cabecera municipal y en colonias del norte y noreste. Durante las inspecciones, las corporaciones localizaron los seis dispositivos instalados sin autorización, principalmente en postes de energía eléctrica y telefonía, considerados puntos estratégicos para la vigilancia urbana.
Además de las rutas céntricas, información adicional recabada por medios locales indicó que algunos equipos estaban distribuidos en las inmediaciones de instalaciones oficiales: las oficinas de la propia Fiscalía estatal, la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la 43 Zona Militar.
Las seis cámaras fueron retiradas conforme a los protocolos correspondientes y quedaron a disposición del Ministerio Público, con lo que se integrará la carpeta de investigación respectiva. La FGE informó que las indagatorias buscan identificar y localizar el centro de operaciones desde el cual integrantes del crimen organizado recibían las imágenes.
Para qué sirven las cámaras clandestinas
Las organizaciones delictivas utilizan estos sistemas para vigilar en tiempo real el movimiento de policías y militares, anticiparse a los operativos y facilitar la comisión de ilícitos en zonas urbanas. Los dispositivos, al estar conectados de forma remota, permiten recibir las imágenes de manera inmediata y reaccionar ante la presencia de las corporaciones.
La Fiscalía estatal no precisó si existen personas detenidas por la instalación o el manejo de esta red. La investigación también determinará el origen técnico de los equipos y su posible relación con hechos constitutivos de delito en la región. “Cámaras parásitas” es el término usado por las autoridades para referirse a este tipo de dispositivos, que se instalan sin autorización y se suman a la infraestructura existente.
Un fenómeno más amplio en Michoacán y el país
El hallazgo en Apatzingán se suma a una serie de aseguramientos similares en los últimos cinco años. De acuerdo con el conteo de las autoridades, en ese periodo se han retirado aproximadamente 650 cámaras ilegales en distintos municipios de Michoacán, entre ellos Apatzingán, Arteaga, Buenavista Tomatlán, Uruapan, Tangamandapio y Los Reyes.
El problema no es exclusivo de la entidad: a nivel nacional, entre 2024 y los primeros meses de 2025, las fuerzas de seguridad desactivaron 6,619 cámaras de este tipo en 75 municipios de 21 estados. En Culiacán, Sinaloa, una sola operación en febrero de 2025 permitió retirar 1,530 cámaras tras el descubrimiento de un centro clandestino de monitoreo.
Otros estados con decomisos relevantes son Guanajuato (más de mil cámaras), Baja California (670), Jalisco (114) y Acapulco (109). En Ciudad de México se retiraron 21 dispositivos entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de abril de 2026. La facilidad para adquirir los equipos —que cuestan entre 200 y 800 pesos mexicanos y se comercializan por internet— contribuye a su proliferación.
Investigación y desarticulación de estructuras
El retiro de estos sistemas forma parte de las acciones que buscan debilitar las estructuras delictivas en Apatzingán y otras zonas de Michoacán. Las cámaras ilegales permiten a los grupos criminales mantener vigilancia sobre puntos estratégicos y reaccionar ante los despliegues de seguridad, por lo que su retiro, según las autoridades, ayuda a reducir la capacidad de anticipación de las organizaciones.
La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de mantener acciones coordinadas entre las corporaciones federales y estatales para investigar los delitos relacionados con estas redes, procurar justicia y contribuir a la seguridad de la población.