La senadora panista Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo de urgente resolución ante el Senado para que distintas autoridades federales rindan cuentas sobre un contrato de Liconsa en Chihuahua marcado por presuntas irregularidades. El exhorto, fechado el 20 de octubre de 2026, gira en torno a la Auditoría 235 de la Cuenta Pública 2023, cuyos hallazgos involucran la gestión de Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora con licencia de Morena Andrea Chávez.
- Exhorto formal: Téllez pide a la ASF, la FGR, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Agricultura y Liconsa informar en un plazo máximo de 30 días naturales.
- Contrato observado: El contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, formalizado con 750 personas físicas, generó pagos por 1,106.1 millones de pesos durante 2023.
- Hallazgos clave: La ASF detectó pagos a personas fallecidas, concentración de recursos en una misma sociedad agrícola y falta de evidencia sobre la recepción de leche.
- Contexto político: Gregorio Chávez Treviño encabezaba la Gerencia Estatal de Liconsa en Chihuahua; su hermana Andrea Chávez aspira a la candidatura de Morena al gobierno estatal.
Los seis resolutivos del exhorto
El punto de acuerdo contiene seis resolutivos. A la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se le solicita informar el estado de las siete Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y de los cuatro Pliegos de Observaciones, así como los criterios con los que solventó una observación preliminar de 1,100.6 millones de pesos.
A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se le pide reportar el estado de las investigaciones y evaluar medidas cautelares. A la Fiscalía General de la República (FGR) se le exhorta a informar, en lo que permita la reserva legal, si existe una indagatoria sobre los hechos. A la Secretaría de Agricultura y a Liconsa (Leche para el Bienestar) se les solicita detallar las acciones para recuperar los montos observados y publicar contratos, litros pagados por centro de acopio y el padrón de productores.
El texto subraya que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades individuales y afirma que las medidas propuestas
“no prejuzgan sobre ninguna persona”.
Hallazgos de la Auditoría 235
De acuerdo con el Informe Individual, el 31 de diciembre de 2022 se formalizó el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 con 750 personas físicas para la compra de leche fresca. Durante 2023, Liconsa pagó por ese contrato 1,106.1 millones de pesos.
La ASF reportó, entre otros hallazgos:
- Pagos a personas fallecidas: se registraron 973.8 mil pesos y 53.1 mil pesos a dos proveedores que, según el RENAPO, murieron en febrero y marzo de 2023, por entregas posteriores.
- Límite de vacas: se pagaron 4.5 millones de pesos a seis proveedores que rebasaron el tope de vacas en ordeña.
- Lugar de entrega: la leche se acopió en 11 centros particulares, no en el centro de Liconsa. Nueve productores dijeron no contar con boletas ni tickets de báscula.
- Concentración de recursos: cuatro proveedores recibieron 75.7 millones de pesos y transfirieron 74.7 millones (98.7%) a una misma sociedad agrícola.
- Maquila: la empresa recibió 115.4 millones de litros, 10.6 millones más que el máximo contratado, sin convenio modificatorio.
El gerente estatal declaró ante la ASF que el control se basaba en reportes semanales en Excel del proveedor de maquila y que los pagos procedían si había cuenta bancaria y RFC activos.
Solventación técnica y pendientes
El propio documento precisa que la ASF dio por solventada la observación de 1,100.6 millones de pesos por falta de evidencia de recepción, tras revisar la documentación de Liconsa. Lo que el informe deja pendiente de aclarar en toda la auditoría son 45.1 millones de pesos.
Téllez sostiene que esa determinación técnica “se respeta”, pero que no elimina las fallas de supervisión. También plantea que no es del todo claro a qué contrato corresponde parte de la documentación presentada.
Contexto político y familiar
El exhorto indica que, desde noviembre de 2022 aproximadamente, la Gerencia Estatal de Liconsa en Chihuahua estaba a cargo de Gregorio Chávez Treviño. Atribuye a “reportes periodísticos” que es hermano de Andrea Chávez. La senadora pide que las autoridades determinen, con pruebas, si hubo nepotismo, tráfico de influencias u otra responsabilidad.
Cabe precisar que el documento no atribuye a Gregorio Chávez un delito. Se basa en el informe de la ASF y en una investigación de Emeequis, del periodista Jorge García Orozco, publicada el 19 de octubre.
La periodista Peniley Ramírez ya había dado a conocer, en una publicación de Reforma, los pagos a fallecidos y los señalamientos contra Gregorio Chávez. El presidente estatal del PRI, Álex Domínguez, pidió entonces investigar a fondo y evitar juicios anticipados.
Andrea Chávez pidió licencia en el Senado para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua en 2027. Tras no obtener la coordinación estatal de Morena, que recayó en Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “tiene un soldado” en ella. Morena la nombró después coordinadora municipal en Ciudad Juárez.
Sin posicionamientos públicos hasta el momento
Al momento de redactar esta nota, no se localizó un posicionamiento público de Andrea Chávez, de Gregorio Chávez, de Liconsa ni de la Secretaría Anticorrupción sobre estos señalamientos. El propio exhorto indica que tampoco hay información pública sobre el resultado de las siete PRAS ni sobre la recuperación de los montos observados.
El punto de acuerdo coloca el caso en la agenda de fiscalización del Senado y busca obligar a las dependencias a transparentar contratos, pagos y responsabilidades administrativas. De confirmarse las irregularidades, el asunto podría escalar a un nuevo frente político para Morena en Chihuahua de cara al proceso electoral de 2027.