Organizaciones ambientales y civiles acusaron a dependencias federales de impedir el acceso a información pública sobre la aplicación del Acuerdo de Escazú en México. Los señalamientos apuntan contra las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), luego de que entregaran respuestas incompletas, se declararan incompetentes o remitieran solicitudes entre sí.
- Punto clave 1: Los colectivos pidieron la hoja de ruta, el plan nacional y los diagnósticos del acuerdo; ninguna dependencia ofreció documentos que permitieran verificar los avances anunciados.
- Punto clave 2: Semarnat y SRE se transfirieron las solicitudes, mientras Segob informó que no localizó la documentación.
- Punto clave 3: Las organizaciones exigieron hacer públicos los instrumentos de implementación y entregar respuestas claras y completas, conforme a la ley de transparencia.
Respuestas fragmentadas y falta de responsables
Los grupos firmantes buscaban conocer los documentos que respaldaran las acciones, plazos, dependencias responsables y recursos asignados para cumplir el acuerdo. Sin embargo, las respuestas oficiales incluyeron declaraciones de incompetencia, notoria incompetencia, problemas para localizar archivos, desechamiento de solicitudes e información insuficiente.
De acuerdo con el pronunciamiento, Semarnat y SRE crearon un circuito institucional al trasladarse mutuamente las solicitudes, sin que ninguna asumiera plenamente qué parte del proceso coordinaba ni qué documentos conservaba. Esa dispersión impidió reconstruir el estado real de la implementación y limitó la rendición de cuentas por los compromisos internacionales ratificados por México.
Segob señaló que no localizó la documentación solicitada. En otro caso, Semarnat respondió que los instrumentos continuaban en elaboración y bajo revisión interinstitucional, pese a que meses antes representantes gubernamentales habían informado sobre avances.
Avances anunciados frente a vacíos documentales
La falta de información ocurrió mientras la Semarnat difundía balances de proyectos ambientales. La dependencia aseguró que ejecutó obras de agua potable en 2,183 municipios y que mantenía 17 proyectos estratégicos con una inversión de 8,000 millones de pesos. También reportó 1,500 millones de pesos para remediación en el río Sonora, con un hospital regional, 22 plantas potabilizadoras y el retiro de 10,000 toneladas de suelo contaminado en un tramo de ocho kilómetros.
La secretaria Alicia Bárcena presentó esas acciones como parte de una política orientada a atender contaminación, deterioro ambiental y cambio climático. No obstante, las organizaciones subrayaron que en el país persisten más de 300 luchas ambientales vinculadas con agua, actividades extractivas, infraestructura y desarrollos inmobiliarios.
Durante la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, realizada en abril de 2026, el Estado mexicano confirmó que contaba con un documento inicial para una hoja de ruta. El 17 de junio, autoridades de SRE, Segob y Semarnat, entre otras instituciones, informaron a la sociedad civil que existían avances en el proceso, lo que motivó las solicitudes de información.
Exigencia de rendición de cuentas y participación
Las organizaciones advirtieron que la ausencia de la hoja de ruta y del plan nacional impide saber si los compromisos internacionales se tradujeron en medidas verificables de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Tampoco permite conocer retrasos ni acciones concretas para proteger a personas defensoras de territorios y recursos naturales.
Consideraron que las dependencias incumplieron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el principio de máxima publicidad previsto en el Acuerdo de Escazú. Ese instrumento obliga al Estado a difundir documentos de planeación, diagnósticos, mecanismos de seguimiento y criterios para la participación social.
Los colectivos reconocieron que hubo reuniones y espacios de diálogo con las instituciones, pero aclararon que esas mesas no sustituyen la obligación de entregar información completa. También plantearon que la participación debe darse desde las etapas iniciales de los planes de trabajo, no limitarse a validar documentos elaborados previamente por las autoridades.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran ARTICLE 19 México y Centroamérica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Servicios del Pueblo Mixe, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Maderas del Pueblo del Sureste y la Red Nacional para la Defensa Jurídica del Territorio y la Implementación del Acuerdo de Escazú. Exigieron a Semarnat, SRE y Segob hacer públicos los documentos y garantizar respuestas claras y de fondo.
El reclamo refleja una tensión central: el gobierno federal presenta inversiones y programas ambientales, pero la ciudadanía no puede verificar los instrumentos que deberían sustentar la implementación de un acuerdo regional clave para la transparencia y la protección de quienes defienden el medio ambiente.