El actor Sebastián Rulli vuelve a quedar en el centro de un desencuentro legal con Cecilia Galliano. Versiones difundidas en medios del espectáculo apuntan a una demanda para reducir la pensión de su hijo, lo que revive el primer conflicto judicial que ambos sostuvieron tras su divorcio en 2011.
- Convenio vigente: el acuerdo de alimentos pactado tras la separación establece que Rulli debe destinar 30% de sus ingresos brutos a los gastos escolares y personales del adolescente.
- Primer litigio: en 2012, el actor promovió un juicio mercantil y una denuncia penal por la presunta venta irregular de una camioneta Hummer negra modelo 2006.
- Resolución judicial: en 2014, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia determinó que la firma en la factura pertenecía al actor y exoneró a Galliano.
La primera batalla patrimonial
El convenio de alimentos firmado al separarse en 2011 fija que el actor destine 30% de sus ingresos brutos a los gastos escolares y personales del adolescente, quien estudia la preparatoria fuera del país. Estimaciones del medio artístico ubican las percepciones del actor en 10,000,000 de pesos por proyecto televisivo, cifra que elevó los depósitos mensuales y reactivó las diferencias económicas.
La primera confrontación judicial ocurrió en 2012, meses después de disolver su matrimonio civil de tres años. Rulli promovió un juicio mercantil y una denuncia penal contra Galliano por la presunta venta irregular de una camioneta Hummer negra modelo 2006, valuada en 800,000 pesos. El actor argumentó ante el Ministerio Público que la unidad pertenecía a su patrimonio personal y que nunca autorizó la enajenación.
Galliano sostuvo que Rulli le regaló la camioneta durante el matrimonio y afirmó que la vendió para cubrir compromisos financieros derivados de la mudanza y la compra de su nueva casa.
Peritajes y resolución judicial
El conflicto escaló cuando el actor desconoció la firma en el endoso de la factura original. Rulli acusó falsificación de documento privado y exigió la restitución del valor del automóvil.
El juzgado ordenó pruebas periciales de documentoscopía y grafoscopía. Especialistas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal analizaron muestras de escritura de ambas partes. Durante más de dos años, los dictámenes presentaron contradicciones entre peritos independientes y oficiales.
La defensa del actor insistió en que el trazo no correspondía a su puño y letra, mientras Galliano defendió la autenticidad del endoso. En 2014, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia determinó que la firma en la factura pertenecía al actor y exoneró a Galliano de responsabilidad civil o penal.
La conductora ganó la última instancia luego de que tribunales federales desecharon los recursos de apelación de los abogados de Rulli, lo que cerró el expediente patrimonial.
El nuevo capítulo familiar y los criterios judiciales
El nuevo diferendo por la manutención de Santiago, de 16 años, traslada la pugna al derecho de familia en la Ciudad de México. El Código Civil local rige las obligaciones alimentarias bajo el principio de proporcionalidad.
Ese principio obliga al juez a tasar el monto según la posibilidad económica del deudor y la necesidad real del acreedor. La pensión no es inmutable y admite revisión ante cambios comprobables en las finanzas. Para reducir un porcentaje fijado, el promovente debe demostrar una disminución real en sus ingresos o que las necesidades del hijo quedaron cubiertas con una cantidad menor.
Estudiar en el extranjero influye en el cálculo judicial: colegiaturas, hospedaje, alimentación y seguro médico fuera del país forman parte del balance que evalúa el juzgador.
Iniciar una demanda de reducción no altera de forma inmediata el esquema de pagos vigente desde 2011. El deudor debe continuar con las transferencias pactadas hasta que exista sentencia firme. El procedimiento exige estudios socioeconómicos actualizados para ambas partes, y los juzgados familiares solicitan informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al SAT para acreditar los ingresos reales del demandante.
Hasta el momento, ambos se mantienen sin posturas públicas sobre el expediente familiar, que continúa en los tribunales a la espera de contestaciones de demanda o acuerdos.
El historial entre Rulli y Galliano muestra cómo una diferencia económica familiar puede convertirse en un litigio técnico y prolongado. El nuevo proceso se definirá por la evidencia que ambas partes aporten sobre ingresos, gastos y necesidades del adolescente.