Un nuevo operativo de seguridad en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa, terminó con el aseguramiento de 16 armas de fuego, una granada antidisturbios y diversos objetos prohibidos. La intervención, realizada el martes 20 de octubre, se dio en un momento de alta tensión para el sistema penitenciario estatal, que arrastra hechos violentos como los 12 homicidios registrados en el penal de Mazatlán a inicios de este mes.
- Operativo conjunto: Participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, personal de custodia y la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional.
- Arsenal incautado: Se decomisaron 8 armas largas y 8 cortas, cargadores, cartuchos, una granada antidisturbios y dispositivos de comunicación, además de droga, alcohol y cigarros.
- Contexto violento: Aguaruto acumula 111 fugas y 77 homicidios entre 1999 y 2022, y la crisis se agravó tras la fractura del Cártel de Sinaloa.
Detalles del hallazgo en Aguaruto
Las acciones de revisión estuvieron a cargo de elementos estatales y personal de custodia penitenciaria, con apoyo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional. Bases de operaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional brindaron seguridad perimetral durante la jornada.
Del armamento asegurado, las autoridades contabilizaron 8 armas largas y 8 armas cortas, además de cargadores y cartuchos de diferentes calibres. También se localizó una granada antidisturbios al interior de las instalaciones. Entre los objetos prohibidos se encontraron 19 radios transmisores, 7 cargadores para radio y 11 celulares, así como dosis de cocaína y marihuana, bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros. Las cantidades exactas de las sustancias no fueron reveladas.
Los objetos quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que las revisiones concluyeron sin incidentes y con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Las autoridades no compartieron fotografías de lo asegurado.
Historial de violencia y crisis penitenciaria
El penal de Aguaruto arrastra un historial de violencia documentado. De acuerdo con el diagnóstico de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el centro acumuló 111 fugas y 77 homicidios entre 1999 y 2022.
Además, la fractura del Cártel de Sinaloa, iniciada en septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a fuerzas estadounidenses, se trasladó a los módulos de Aguaruto y otros penales del estado. En mayo de ese año, las autoridades descubrieron un túnel de 15 metros de largo y un arsenal oculto en las instalaciones, además de dosis de droga y un dispositivo Starlink.
Los hechos violentos continuaron durante 2025 y 2026. A finales de mayo de 2025, un tiroteo dentro del penal motivó una revisión en la que se aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipos de comunicación. El 26 de junio de ese año, una balacera dejó un muerto y tres heridos, todos internos. El 17 de octubre, una nueva riña dejó un interno muerto y tres heridos, con un saldo de tres armas largas, dos cortas y un artefacto explosivo incautados.
Por su parte, el penal de Mazatlán registró una escalada de violencia antes de octubre. El 26 de agosto de este año, un interno fue hallado muerto en su módulo, caso manejado como probable suicidio por la Secretaría de Seguridad Pública. El 24 de septiembre, una riña en el área de talleres dejó dos muertos por arma punzocortante, entre ellos Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien llevaba tres semanas recluido.
El 8 de octubre, una riña en los módulos 4 y 5 del Centro Penitenciario El Castillo dejó 9 internos y un niño de dos años muertos, además de 16 heridos. Un segundo enfrentamiento, registrado al día siguiente, sumó dos víctimas más con arma punzocortante.
“Una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario, del mismo grupo criminal de la facción de Los Chapitos, fue liberado”, explicó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Plan de nuevos penales y exigencias de derechos humanos
La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció la autorización para construir un nuevo centro penitenciario en la entidad, con inversión federal y respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Omar García Harfuch precisó que el proyecto forma parte de un plan más amplio que contempla seis centros penitenciarios con capacidad para 18 mil 480 personas, ubicados en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Estos sitios contarán con circuito cerrado de televisión, sistemas de inspección e inhibidores de señal.
Hasta el momento no se ha confirmado en qué municipio estará el nuevo penal de Sinaloa, aunque las autoridades ya habían adelantado que la gobernadora interina trabajaba en la entrega de un predio para el proyecto.
Tras la riña que cobró 12 vidas en Mazatlán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa exigió acciones urgentes para garantizar la seguridad y gobernabilidad del penal. El organismo dictó medidas precautorias y cautelares tras calificar lo ocurrido como un hecho que advirtió múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El presidente de la Comisión, Óscar Loza Ochoa, informó que desde diciembre de 2024 el organismo había abierto 9 expedientes de queja por riñas en los penales estatales, 7 de ellos correspondientes a Aguaruto y 2 al penal de Goros II.
“Cada vez que hacen una revisión siguen encontrando y nunca termina esto. Tenemos 13 meses con una guerra, y eso no sé si acá no tiene solución, allá tampoco la tiene, así de sencillo”, afirmó Loza Ochoa.
Loza Ochoa atribuyó la persistencia del problema en Aguaruto a dos factores: la antigüedad del edificio, que facilita esconder objetos prohibidos, y un deficiente control administrativo. El nuevo aseguramiento vuelve a poner el foco sobre la capacidad del sistema penitenciario estatal para frenar el ingreso de armas y la violencia entre grupos criminales al interior de los penales.