La defensa de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, afirmó este 21 de octubre que ninguno de los 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que su cliente autorizara o conociera la participación de agentes extranjeros en el operativo antinarcóticos de abril en El Pinal, municipio de Morelos. El abogado Héctor Villasana también reveló que la jueza federal que firmó la orden de aprehensión renunció al cargo poco después de que esta se ejecutara.
- Sin señalamientos directos: de los más de 80 o 90 testimonios, ninguno menciona directamente a Jáuregui, sino al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes.
- Renuncia judicial: la jueza federal Mariana Vieyra Valdés dejó el cargo; el expediente pasó al juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes.
- Reclusión: el exfiscal está en El Altiplano y su audiencia federal de vinculación continuará el sábado 24 de octubre.
La ausencia de pruebas que alega la defensa
Villasana explicó que Jáuregui autorizó la operación para desarticular un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, pero nunca permitió la intervención de policías o agentes que no fueran mexicanos, en referencia a los supuestos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según el abogado, los testimonios apuntan a Pedro Oseguera Cervantes, quien falleció junto con otro agente mexicano y dos presuntos miembros de la CIA al regresar del operativo.
El defensor sostuvo que no bastaba con que Jáuregui fuera titular de la Fiscalía General del Estado para atribuirle conocimiento de todos los actos, pues la institución contaba con más de 3 mil agentes de la Policía Investigadora y más de 5 mil ministerios públicos. También criticó que agentes del Ministerio Público de la FGR compararan el caso con la intervención de Estados Unidos en Venezuela contra Nicolás Maduro y advirtieran que la falta de un “castigo ejemplar” podría derivar en una situación similar en México. Esa comparación, dijo, refleja una actitud “desesperada” ante la falta de pruebas del delito de traición a la patria, cuya pena va de 5 a 40 años de prisión. El Ministerio Público ya había decidido ejercitar la acción penal por ese delito y jurídicamente no podía sustituir la calificación con las mismas pruebas.
En un comunicado posterior, la defensa insistió en que durante la audiencia en El Altiplano no se presentó una sola prueba de autorización o conocimiento previo de agentes estadounidenses.
“Lo único que existe objetivamente es la presencia de estas personas en la Agencia Estatal de Investigación, que se encuentra en el C4”, precisó la defensa.
La renuncia de la jueza y el nuevo juzgador
La jueza que giró la orden fue identificada como Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México desde septiembre de 2024. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), tenía más de 16 años en el Poder Judicial de la Federación, 11 de ellos como secretaria de juzgado mixto, y llegó al cargo tras un concurso de oposición y un recurso de revisión administrativa. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO.
Villasana indicó que la defensa fue notificada de la renuncia mediante un oficio que solo señalaba la separación del cargo, sin detallar los motivos. El expediente pasó al juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, identificado desde el 20 de octubre. El abogado reconoció que el manejo del nuevo juzgador fue “sólido”, aunque no compartió el criterio de la prisión preventiva oficiosa; adelantó que impugnará la decisión mediante un juicio de amparo.
Los cargos del fuero común y el origen del caso
En el fuero común, Jáuregui enfrenta cargos por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, derivados de la orden librada por el juez Luis Alberto Simental Ortega mediante el oficio 53095/2026, causa penal 3055/2026. La resolución señaló como coautor a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, a quien además se le imputó falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Zuany fue nombrado por Jáuregui en septiembre de 2025 y renunció en mayo de 2026 tras un procedimiento administrativo por una posible omisión.
El caso se originó en el operativo de abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales desarticularon un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En el despliegue fallecieron dos servidores públicos estatales y dos ciudadanos estadounidenses, presuntos agentes de la CIA, lo que motivó la investigación sobre la posible participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad reservadas a autoridades mexicanas.
La audiencia de vinculación por los delitos del fuero común se realizará el jueves por videoconferencia, con Jáuregui conectado desde El Altiplano y la defensa en Chihuahua. No se discutirán medidas cautelares adicionales, pues el exfiscal ya tiene retenidos su pasaporte y visa, la obligación de firmar mensualmente y la prohibición de acercarse a testigos. Una eventual no vinculación en el fuero común podría fortalecer los argumentos en la causa federal, aunque el impacto no es automático, aclaró la defensa.
Villasana descartó que existiera información en la carpeta que sustentara una denuncia de otro agente estadounidense contra la gobernadora Maru Campos, de la que tuvo conocimiento por la prensa.
Con la audiencia federal prevista para el sábado, la defensa insistirá en la presunción de inocencia para evitar la vinculación a proceso. La renuncia de la jueza que giró la orden y el traslado del expediente a un juez de carrera suman un nuevo elemento de tensión a un caso que combina el fuero común, el proceso federal y la muerte de dos presuntos agentes estadounidenses.