La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) fijó postura frente a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos: apoya la modernización del comercio, pero advierte que la digitalización no puede imponerse sin condiciones accesibles para los establecimientos de menor tamaño.
- Punto clave 1: La cámara respaldó la legislación, al considerar que puede facilitar transacciones y ampliar la inclusión financiera, pero pidió atender los costos para las MiPymes.
- Punto clave 2: Las comisiones bancarias, las terminales punto de venta, los sistemas tecnológicos y la capacitación figuran entre los principales gastos que preocupan al sector.
- Punto clave 3: El organismo llamó a las autoridades federales, al Poder Legislativo y a las instituciones financieras a revisar tarifas y evitar una transición acelerada.
Respaldo condicionado a la viabilidad de los negocios
La Canaco CDMX reconoció que la aceptación de medios electrónicos representa una oportunidad para actualizar las operaciones comerciales. No obstante, alertó sobre los gastos que implica incorporar estas herramientas, destacando las comisiones bancarias, el uso de terminales punto de venta (TPV), los sistemas tecnológicos y la capacitación del personal.
Ante ese panorama, el organismo rechazó que se imponga la aceptación exclusiva de pagos digitales en determinados sectores mientras persistan los elevados costos para los negocios. Por ello, solicitó a las autoridades federales, al Poder Legislativo y a las instituciones financieras revisar las tarifas y establecer condiciones que permitan una transición viable para los comercios.
Comparar tarifas con la OCDE y reducir comisiones
La cámara planteó que, si uno de los propósitos de la legislación es disminuir los gastos relacionados con la acuñación de monedas y el transporte de valores, también deberían incorporarse acciones concretas para reducir las comisiones que cobran los bancos por las transacciones electrónicas.
Para ello, propuso comparar las condiciones que prevalecen en México con las de otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como con las naciones donde tienen su sede las instituciones financieras que operan en el mercado nacional. Esta revisión debe impulsar una mayor competencia, transparencia y tarifas accesibles, con especial atención a los establecimientos de menor tamaño, con el objetivo de evitar que la digitalización comprometa la liquidez, la rentabilidad y la capacidad de generación de empleos de las empresas.
Cuatro medidas para una transición gradual
Las fondas, los puestos de mercado, los talleres, los prestadores de servicios y los negocios familiares se encuentran entre los establecimientos que tendrían que asumir los costos de incorporar estas herramientas. Para quienes operan con márgenes reducidos, los cobros por terminales, transacciones, actualizaciones tecnológicas y capacitación representan una presión directa sobre sus actividades y posibilidades de crecimiento.
Por esta razón, el organismo consideró necesario evitar una transición acelerada antes de garantizar que los comercios cuenten con recursos y condiciones adecuadas para adoptar los nuevos mecanismos de pago. Las MiPymes son esenciales para el empleo, la recaudación fiscal y el desarrollo de las comunidades, por lo que su modernización no debe depender únicamente de su capacidad para absorber gastos adicionales.
Para lograr que los beneficios de la economía digital alcancen a todos los sectores, la cámara solicitó incorporar cuatro medidas en la aplicación de la legislación:
- Reducir las comisiones bancarias y promover tarifas competitivas para los comercios pequeños.
- Transparentar los costos de las terminales, las transacciones y los servicios relacionados.
- Facilitar la adopción tecnológica mediante incentivos, financiamiento y programas de acompañamiento para las MiPymes.
- Establecer una transición gradual que evite exigir pagos exclusivamente digitales antes de garantizar condiciones accesibles y económicamente viables.
Asimismo, el organismo pidió abrir un diálogo efectivo con los organismos empresariales y los sectores involucrados para incorporar sus planteamientos al análisis y la implementación de la ley. La discusión queda centrada en equilibrar la inclusión financiera con la viabilidad de los comercios de menor escala, en un contexto donde la digitalización avanza más rápido que la reducción de sus costos.