La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, defendió este miércoles la fortaleza del organismo ante las acusaciones que calificó como intentos de desacreditar a la autoridad electoral, y llamó a que las dudas sobre el uso de recursos públicos se resuelvan por los canales institucionales.
- Defensa institucional: Taddei sostuvo que la crítica es legítima, pero advirtió que las afirmaciones sin comprobar erosionan la confianza ciudadana.
- Presión del PRI: Carlos Gutiérrez Mancilla pidió que la consejera presidenta acredite la legalidad de su gestión o renuncie.
- Revisión administrativa: El Órgano Interno de Control analiza expedientes de excolaboradores y contratos con proveedores.
Defensa del INE y llamado a la vía institucional
Durante la sesión del 22 de octubre, Taddei sostuvo que la crítica hacia el INE y la fiscalización son legítimas, pero marcó una diferencia entre cuestionar con hechos y difundir afirmaciones que no han sido comprobadas. Alertó que erosionar la confianza ciudadana en la institución puede tener costos para la vida electoral del país.
La consejera presidenta invitó a quienes han formulado acusaciones a conocer el trabajo cotidiano del Instituto Nacional Electoral, desde sus juntas locales y distritales hasta los procedimientos administrativos que operan en sus distintas áreas.
Al respecto, Guadalupe Taddei afirmó:
“Las elecciones no se ganan cuestionando a la institución”
La titular del organismo remarcó que los partidos y actores políticos deben obtener el respaldo ciudadano mediante propuestas, diálogo con la población y votos en las urnas. También recordó que ha habido intentos previos de desacreditar a la autoridad electoral y aseguró que la estructura del instituto ha permitido sacar adelante los procesos comiciales.
Ante representantes y consejeros, Taddei expresó que el INE no cederá ante presiones ni descalificaciones:
“No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”
Pidió a los actores políticos defender sus posiciones y debatir sus ideas mediante los cauces legales, sin convertir al árbitro electoral en un adversario dentro de sus contiendas. “Conduzcámonos con altura de miras”, planteó.
Mientras persisten las discusiones públicas, Taddei afirmó que el organismo continúa con la actualización del padrón electoral, la preparación de casillas, la construcción de acuerdos y la toma de decisiones en todo el país.
PRI exige acreditación o renuncia
El representante del PRI pidió a Guadalupe Taddei dejar el cargo mientras aclara su nexo con un proveedor del organismo. Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y consejero del Poder Legislativo, sostuvo que la titular debe acreditar con documentos la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés.
De no hacerlo, afirmó el diputado, debe renunciar porque no puede encabezar la próxima elección federal sin demostrar la limpieza de su gestión. El legislador advirtió que, si la presidenta del INE no deja el cargo, acudirán a las vías previstas en la Constitución y la ley para exigir responsabilidades.
También señaló que la autonomía del organismo no se declara, sino que se ejerce, y afirmó que el instituto pertenece a la ciudadanía, no a la Presidencia, a los partidos ni al gobierno en turno.
Al cerrar su intervención, Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó un ultimátum:
“Señora presidenta, acredite o renuncie, no hay tercera vía. Porque si esta institución no se corrige desde adentro, la historia no juzgará a los que la cuestionamos, si no a quienes pudiendo aclarar decidieron callar.”
El diputado planteó cuatro exigencias: que Taddei dé explicaciones completas ante el Congreso del Instituto sobre los contratos con las empresas señaladas; que la ASF y el OIC actúen de forma independiente y publiquen sus resultados; que se fiscalicen las adjudicaciones con proveedores imputados; y que la presidencia renuncie si no puede acreditar la inexistencia de conflictos de interés.
La revisión de expedientes y declaraciones
La consejera presidenta informó que los excolaboradores señalados por presuntos vínculos con proveedores ya no laboran en el organismo y confirmó que los antecedentes fueron enviados al Órgano Interno de Control, instancia que deberá determinar si existieron omisiones, falsedades o responsabilidades administrativas.
En un mensaje a medios del 21 de octubre, Taddei sostuvo que su postura se basa en los expedientes laborales, así como en las declaraciones patrimoniales y de intereses que entregaron los servidores públicos involucrados. Aclaró que el instituto no anticipará conclusiones antes de que termine la revisión administrativa.
Indicó que quienes aparecen en las publicaciones sí laboraron anteriormente en el INE, aunque ya no pertenecen a la plantilla. Los cuestionamientos incluyen una presunta relación entre un excolaborador y una empresa que suministra materiales electorales al organismo.
Según Taddei, los expedientes institucionales contienen declaraciones en las que las personas involucradas negaron tener participación en empresas, sociedades o asociaciones; en otros apartados relativos a posibles intereses también registraron respuestas negativas.
Precisó que cada servidor público presenta esos documentos bajo protesta de decir verdad y asume las consecuencias legales por la información entregada. El Órgano Interno de Control deberá establecer si la información fue completa y veraz. Si identifica datos omitidos o declaraciones falsas, corresponderá a la autoridad determinar responsabilidades y proceder conforme a la ley.
Al respecto, Taddei señaló:
“El INE colaborará con la información que sea requerida sin interferir en esa investigación”
La titular del organismo puso a disposición de las instancias fiscalizadoras los datos disponibles sobre las contrataciones. Los señalamientos han planteado posibles conflictos de interés entre antiguos colaboradores del INE y compañías que participan en contratos para abastecer materiales electorales.
Subrayó que la revisión administrativa no representa, hasta ahora, una resolución sobre las acusaciones; el procedimiento se concentra en verificar el contenido de los expedientes y las declaraciones entregadas por los exfuncionarios.
Uno de los puntos abordados fue la versión de que una persona mencionada en las publicaciones se desempeñó como conductor personal de la consejera presidenta. Taddei rechazó esa afirmación y sostuvo que el trabajador estaba adscrito a la oficina de la Presidencia, sin realizar esa función para ella.
“Jamás fue mi chofer”
afirmó sobre el excolaborador. Explicó que el puesto correspondía a la Presidencia del INE, pero distinguió esa adscripción de las tareas realizadas por su asistente especializado.
El cruce de posiciones evidencia que el debate sobre la gestión del INE transita de los señalamientos públicos a la exigencia de controles institucionales. Mientras el Órgano Interno de Control define si hubo omisiones o conflictos de interés, la presidencia del organismo enfrenta una presión simultánea: sostener la legitimidad del árbitro electoral y responder ante quienes exigen que la titular acredite la legalidad de su gestión o devuelva el cargo.