México aparece entre los países con mayor deterioro en materia de Estado de derecho durante 2026, de acuerdo con la más reciente evaluación del World Justice Project (WJP). El país obtuvo 0.39 puntos sobre 1 y descendió del sitio 121 al 125 en la clasificación global, un movimiento que consolida la tendencia de debilitamiento institucional documentada por el organismo desde 2015.
- Calificación general: 0.39 puntos, por debajo del promedio mundial de 0.55.
- Retroceso anual: 2.7% frente a 2025, el cuarto mayor descenso entre las naciones evaluadas.
- Rubros más bajos: justicia penal con 0.22 y ausencia de corrupción con 0.26.
Resultados generales y posición regional
La edición 2026 del índice, publicada en octubre, mide el desempeño institucional y el cumplimiento de las leyes en 143 países y jurisdicciones. En la comparación anual, México perdió cuatro posiciones y se ubicó como el cuarto país con el mayor retroceso, al registrar una caída de 2.7%.
En América Latina y el Caribe, el país ocupó el lugar 28 de 32 naciones; entre las economías de ingreso mediano alto quedó en el sitio 43 de 44. Su puntuación general de 0.39 también se mantuvo por debajo del promedio global de 0.55.
El WJP analiza ocho componentes: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. De estos rubros, siete mostraron retrocesos respecto a 2025.
Un desempeño con retrocesos de largo plazo
El informe reporta una reducción de 8.4% en la calificación general de México entre 2021 y 2026. La serie histórica muestra que la puntuación ha descendido desde 2015, cuando el país obtuvo 0.48 puntos.
Entre los aspectos señalados por el organismo se encuentran las limitaciones a los contrapesos institucionales, la corrupción, la transparencia gubernamental, el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a la justicia.
El rubro de orden y seguridad presenta una caída de 5.7% en los últimos cinco años. En 2026 alcanzó 0.50 puntos y la posición 132 de 143 países. Dentro de este componente, el control efectivo del crimen fue de 0.38 y la capacidad para limitar conflictos civiles se ubicó en 0.18.
Justicia penal, corrupción y derechos fundamentales
La justicia penal registró uno de los desempeños más desfavorables: 0.22 puntos, el puesto 139 de 143 naciones y una reducción de 21.2% frente a 2021. La justicia civil alcanzó 0.34 puntos y el lugar 135 de 143; este apartado considera las condiciones para resolver controversias y hacer valer derechos mediante procedimientos accesibles e imparciales.
Por su parte, el indicador de ausencia de corrupción fue de 0.26 puntos, con la posición 135 mundial. La medición contempla posibles prácticas indebidas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En derechos fundamentales, México obtuvo 0.46 puntos, una disminución de 6.4% frente a 2021, y se colocó en el sitio 96 global. Los indicadores específicos mostraron diferencias: el debido proceso y los derechos de las personas acusadas alcanzaron 0.26; el derecho a la vida y la seguridad, 0.37; la igualdad de trato y ausencia de discriminación, 0.38; y la libertad de opinión y expresión, 0.46.
El gobierno abierto fue el componente mejor evaluado, con 0.54 puntos y el lugar 57 a nivel mundial, aunque también registró una caída de 9.9% en cinco años. En límites al poder gubernamental, México obtuvo 0.39 puntos y una reducción de 11.6% en el mismo periodo.
Contexto judicial y advertencias del WJP
Los resultados de 2026 se publicaron durante el primer año de funciones de jueces, magistrados y ministros elegidos mediante voto popular. Antes de la implementación de este mecanismo, organizaciones internacionales y especialistas habían advertido sobre posibles riesgos para la independencia judicial.
En ese contexto, la Unión Internacional de Magistrados expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib), después de que esta respaldara los cambios impulsados por la reforma judicial. La decisión fue relacionada con el señalamiento de que se vulneraron estándares internacionales de independencia judicial.
El WJP también advierte que el debilitamiento del Estado de derecho es una tendencia internacional. Sin embargo, sus resultados permiten comparar el desempeño institucional entre países y reconocer áreas de rezago, sin que por sí solos expliquen todas las causas de cada retroceso.
Para México, la evaluación refleja retos en justicia, seguridad, combate a la corrupción y controles al poder público, además de dificultades para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y la aplicación de las normas.