La ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga quedó cancelada después de cinco años de búsqueda internacional. La decisión surtió efecto el 25 de septiembre, en respuesta a una solicitud presentada por la defensa el 13 de octubre de 2025, y se sostiene en cuatro argumentos que cuestionan el proceso judicial mexicano. La notificación formal llegó a la pareja casi un año después de que sus abogados plantearan ante el comité de Interpol que el caso violentaba los estatutos de la organización. La orden de aprehensión emitida en 2021, sin embargo, sigue vigente en México.
- Cancelación internacional: La ficha roja quedó sin efecto; la orden de aprehensión mexicana continúa firme.
- Cuatro alegatos: La defensa argumentó motivación política, riesgo de detención arbitraria, afectación al juicio justo y falta de recurso judicial efectivo.
- Respuesta del gobierno: La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el retiro y anunció que pedirá reactivar las notificaciones.
Los cuatro argumentos de la defensa
El primer alegato apunta directamente al estatuto fundacional de Interpol. Los abogados de Álvarez Puga y Gómez Mont sostienen que el caso tiene una motivación política, lo que violaría el artículo 3 de la Constitución de la organización, que prohíbe intervenir en asuntos de esa naturaleza.
El segundo planteamiento advierte que, en caso de ser entregados a México, la pareja enfrentaría un riesgo real de “detención arbitraria” derivado del uso de la prisión preventiva oficiosa. La defensa recordó que México ya fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abuso de esa figura legal.
El tercer eje se refiere a la exposición pública del caso desde 2021, que habría vulnerado el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia de ambos. Ese desgaste fue atribuido, en parte, a la ausencia de un poder judicial efectivamente independiente en México.
El cuarto motivo fue el que más peso tuvo en el expediente: la falta de un recurso judicial efectivo. Los abogados documentaron que el amparo promovido en noviembre de 2021 contra la orden de aprehensión no ha tenido resolución de fondo ni siquiera en primera instancia, pese a casi cinco años de litigio.
Un amparo rezagado
El expediente quedó radicado el 9 de enero de 2022 en un juzgado de la Ciudad de México, donde impugna la orden de aprehensión girada por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde entonces, el proceso se estancó por diferimientos de audiencias y, después, por un conflicto de competencias entre juzgados capitalinos, del Estado de México y de Sinaloa. El conflicto se resolvió hasta este 2026 con la radicación del caso en un juzgado de distrito del Segundo Circuito, en territorio mexiquense, después de cuatro años en la capital del país. Hasta la fecha no existe un pronunciamiento judicial que confirme o desestime si los derechos de la pareja fueron violentados.
La acusación de la FGR sostiene que la pareja encabezó una estructura que, mediante empresas fantasma, desvió recursos federales ligados a contratos del sistema penitenciario firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El juez que giró la orden, sin embargo, desestimó el señalamiento de que ambos fueran los jefes de esa estructura criminal.
La reacción del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum se anticipó a la confirmación formal cinco días después de que la decisión se hiciera efectiva. El 30 de septiembre, en su conferencia matutina, informó que esa misma mañana le habían notificado el retiro de las fichas.
“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México, pero con todas las pruebas habidas y por haber”, declaró la mandataria.
Sheinbaum adelantó que su gobierno solicitará a Interpol conocer las razones de la cancelación y pedirá que las notificaciones sean reactivadas.
“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque, si van a otro país, pues tiene que ser bajo orden de aprehensión porque son delincuentes”, dijo.
El 8 de octubre, la mandataria reiteró su exigencia y la vinculó con la cooperación judicial bilateral.
“Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”, afirmó, en referencia al gobierno de Estados Unidos.
Origen y desarrollo del caso
La investigación comenzó en noviembre de 2019, cuando la FGR abrió la carpeta FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/00001339/2019 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía señaló a la pareja como líderes de una estructura que, junto con Alejandro Álvarez Puga, hermano del empresario, y otras cinco personas, habría utilizado empresas fantasma para simular operaciones y desviar recursos de dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por 2,950 millones de pesos.
El antecedente fiscal de Gómez Mont es previo: en 2018 alcanzó un acuerdo con el SAT por 10.9 millones de pesos en impuestos omitidos; de acuerdo con registros posteriores, dejó un remanente de 2.6 millones de pesos sin cubrir. Cuando se reveló la nueva investigación por lavado de dinero, la pareja salió de México hacia Florida.
El 29 de septiembre de 2021, el juez Iván Aarón Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, giró diez órdenes de aprehensión. Días después, a solicitud de la Fiscalía, Interpol activó la ficha roja que buscaría a la pareja en 194 países.
En diciembre de ese año, ambos pidieron a la FGR un “criterio de oportunidad” para colaborar con la investigación a cambio de evitar prisión, pero la Fiscalía lo rechazó en enero de 2022. Ese mismo mes fueron detenidas tres de las ocho personas implicadas, mientras Gómez Mont y Álvarez Puga permanecían prófugos en Estados Unidos.
En noviembre de 2022, una demanda civil en ese país expuso el patrimonio inmobiliario de la pareja en Florida: propiedades valuadas en más de 11 millones de dólares. En 2023, la UIF los incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló sus cuentas, medida que la defensa revirtió ese mismo año mediante un amparo ratificado después por un tribunal colegiado. El 4 de marzo de 2025, por orden del Poder Judicial, la UIF reanudó todos los servicios financieros de la pareja; su titular, Pablo Gómez, calificó públicamente esa decisión como “corrupción judicial”.
El 24 de septiembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Álvarez Puga por su situación migratoria irregular y lo trasladaron al Centro de Procesamiento Krome North, en Miami. El empresario obtuvo libertad bajo fianza y espera una audiencia migratoria programada para noviembre de este año.
Mientras enfrentaba el proceso judicial, Gómez Mont publicó el 11 de septiembre su primera novela, Ley de Fuego, un thriller legal sobre una abogada penalista que defiende a un empresario acusado de delincuencia organizada. Dos semanas después de ese lanzamiento, Interpol notificó la cancelación de la ficha roja contra ambos.
La cancelación de la alerta internacional no extingue la acción penal en México: la orden de aprehensión sigue firme y el gobierno federal busca reactivar la búsqueda en otros países. La resolución de fondo del amparo y la audiencia migratoria de Álvarez Puga definirán los próximos pasos de un litigio que ya supera cinco años.