La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa apartó a Enrique Mora García de la dirección del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, luego de los hechos violentos registrados el 8 y 9 de octubre que cobraron la vida de 11 internos y un menor de dos años.
El anuncio lo hizo el titular de la dependencia, Sinuhé Téllez López, este 23 de octubre. El funcionario explicó que la salida de Mora García busca evitar que la investigación en curso se vea condicionada, ya que la remoción permitiría que las pesquisas avanzaran sin posibles interferencias.
- Punto clave 1: Enrique Mora García fue separado del penal El Castillo en Mazatlán tras los enfrentamientos que dejaron 12 muertos.
- Punto clave 2: Los hechos violentos ocurrieron en dos jornadas: un tiroteo el 8 de octubre y agresiones con arma punzocortante el 9 de octubre.
- Punto clave 3: La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió carpeta de investigación por homicidio doloso desde el primer día de los hechos.
La decisión oficial y las investigaciones abiertas
Mora García había asumido el cargo el 19 de septiembre de 2025 y permaneció poco más de un año al frente del reclusorio. Hasta ahora se mantienen investigaciones internas en la SSP y en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que abrió carpeta de investigación por homicidio doloso desde el primer día de los hechos.
La cronología de la violencia en el penal
El primer conflicto comenzó la mañana del 8 de octubre con un tiroteo entre internos en los módulos cuatro y cinco. Nueve personas privadas de la libertad perdieron la vida, junto con un niño de dos años que había acudido a la visita familiar. Las detonaciones activaron el protocolo de emergencia y permitieron la intervención del Grupo Interinstitucional, conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las policías estatal y municipal. Al interior del penal se recuperaron dos armas cortas calibre nueve milímetros, mientras la fiscalía documentó rastros de disparos de arma larga.
El secretario Téllez López negó que personas ajenas al centro participaran en el ataque y descartó de forma tajante la irrupción de un grupo armado externo; ubicó el origen del conflicto en una riña entre reclusos que se desplazó de un módulo a otro.
Un segundo brote de violencia ocurrió el 9 de octubre, cuando dos internos más fallecieron por heridas de arma punzocortante. La suma de ambas jornadas dejó 11 reclusos y un menor muertos, además de 17 heridos.
Antecedentes y contexto de Los Chapitos
El penal arrastraba antecedentes de violencia a lo largo de 2026: una alerta sin heridos a finales de mayo, dos muertes bajo sospecha de suicidio en junio y agosto, y el fallecimiento de dos internos en septiembre tras una agresión con objeto punzocortante en el área de talleres.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró el 13 de octubre que el origen del enfrentamiento fue una disputa entre dos células de Los Chapitos, desatada tras la liberación de un líder criminal que operaba dentro del penal. Esa salida habría dejado a facciones rivales del mismo grupo en pugna por el control interno.
Reacciones y proyecto de nuevo penal de máxima seguridad
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa calificó lo sucedido como una muestra de múltiples violaciones a los derechos humanos de los internos y condenó los hechos de forma enérgica. El organismo dictó medidas precautorias y cautelares, y exigió a las autoridades penitenciarias restablecer con urgencia la operatividad y el control del centro. Familiares de internos bloquearon carreteras la tarde del 9 de octubre en demanda de información, mientras la comisión mantuvo acompañamiento con las familias de las víctimas.
Días después, el gobierno estatal reportó avances en el proyecto de un nuevo penal de máxima seguridad en Culiacán, sobre la carretera que conduce a Villa Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal acudió a reconocer el predio y posteriormente llegaron topógrafos desde la Ciudad de México para realizar el levantamiento técnico. La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava precisó que la instalación no se ubicaría en Navolato, sino dentro del municipio de Culiacán.
El proyecto requiere un predio de entre 12 y 15 hectáreas, con acceso a electricidad, agua y drenaje, y recibiría principalmente a internos del fuero federal clasificados como de alta peligrosidad originarios de Sinaloa. La obra forma parte de una estrategia nacional que contempla seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas, que se instalarán en Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sinaloa. Estos espacios contarán con circuito cerrado de televisión, sistemas de inspección e inhibidores de señal.
La separación de Enrique Mora García se produce en un momento de fuerte presión sobre el sistema penitenciario estatal, marcado por la exigencia de garantizar la seguridad de internos y visitantes. Con la investigación por homicidio doloso en curso y el proyecto de un centro de máxima seguridad en Culiacán, las autoridades de Sinaloa enfrentan el doble reto de esclarecer lo ocurrido en El Castillo y de avanzar en una infraestructura penitenciaria que evite nuevas crisis de violencia.