La presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó este 24 de octubre la investigación de oficio abierta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a presuntas irregularidades en procedimientos de contratación, y se comprometió a entregar los documentos y antecedentes que permitan esclarecer el uso de recursos públicos.
- Investigación aceptada: La consejera presidenta Guadalupe Taddei respaldó la fiscalización y afirmó estar a favor de que se investigue a fondo.
- Colaboración documental: El INE entregará contratos, evidencias y antecedentes a la ASF y a su Órgano Interno de Control.
- Alcance de la revisión: Las pesquisas incluyen materiales electorales, proveedores, exfuncionarios y Organismos Públicos Locales Electorales.
Postura del INE ante la fiscalización
En un comunicado fechado el 24 de octubre, la presidencia del INE señaló que recibió con respeto la decisión de la ASF y consideró que la fiscalización forma parte de los contrapesos previstos para las instituciones del Estado. El organismo aclaró que la revisión debe realizarse conforme a derecho y sin prejuzgar a funcionarios, exfuncionarios ni proveedores.
“El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, indicó el documento.
La postura institucional subrayó que las responsabilidades tendrían que definirse a partir de los expedientes, las pruebas documentales y los elementos recabados por las autoridades. Además, sostuvo que ningún proceso de contratación, persona servidora pública o proveedor está por encima de la ley.
“La Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso”, señaló el posicionamiento.
Qué está en revisión y cómo comenzó el caso
La ASF inició las pesquisas por presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones vinculadas con la producción de materiales electorales, entre ellos papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. Los señalamientos apuntan a posibles vínculos entre exfuncionarios del INE y empresas proveedoras, así como a conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.
La auditoría también incluyó a Organismos Públicos Locales Electorales, proveedores y personas servidoras públicas relacionadas con los hechos analizados. Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, la ASF fiscaliza el ejercicio de los recursos federales; sus revisiones pueden derivar en procedimientos administrativos y, si se detectan posibles delitos, en denuncias ante las autoridades competentes.
El anuncio de la investigación se produjo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 20 de octubre que solicitaría a la Auditoría Superior revisar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos dentro del organismo electoral.
Respuestas de Taddei y medidas internas
De acuerdo con el comunicado, el Órgano Interno de Control del INE ya recibió los antecedentes relacionados con las acusaciones. Esa instancia deberá determinar si existieron omisiones, inconsistencias o declaraciones falsas por parte de personas servidoras públicas.
Guadalupe Taddei ha rechazado tener proveedores favoritos y ha señalado que las empresas cuestionadas ya ofrecían bienes y servicios al INE antes de que asumiera la Presidencia del Consejo General, en abril de 2023. También negó que una de las personas mencionadas en los señalamientos fuera su chofer personal; precisó que el trabajador estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia, aunque no desempeñó esa función.
La presidenta del INE ha sostenido que la información sobre vínculos empresariales asentada en las declaraciones patrimoniales era responsabilidad individual de cada servidor público, y que correspondía al Órgano Interno de Control verificar si los datos fueron completos y veraces.
Como parte de las medidas ante los señalamientos, el instituto realizó relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa. El INE anticipó que no emitirá pronunciamientos sobre casos particulares mientras continúen las indagatorias, por las reglas de reserva, la presunción de inocencia y el debido proceso.
El organismo anunció que pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre las contrataciones a través de la plataforma “INE siempre a la vista, contigo a cada paso”. La publicación incluirá contratos, montos, proveedores y los documentos que respalden cada etapa de los procedimientos.
Con esta postura, el INE busca mostrar apertura ante la fiscalización y dar cauce institucional a los señalamientos. La coordinación con la ASF y el Órgano Interno de Control será clave para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales, mientras la ciudadanía espera la publicación de los contratos y documentos que permitan un escrutinio más amplio.