Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) a nivel nacional, pidió por escrito al Comité de Ética legislativo de la Cámara de Diputados que se evite cualquier castigo contra los legisladores del PRI a los que se vincula con las agresiones del 20 de octubre. La gestión la difundió él mismo ese martes por medio de su perfil en X; allí explicó que el órgano legislativo se reuniría ese mismo día para revisar lo sucedido.
- Petición formal: el dirigente de MC solicita al órgano de ética que no aplique sanciones a los priistas señalados por lo ocurrido el 20 de octubre.
- Documento y destino: el oficio lleva fecha 26 de octubre de 2026, se dirige al diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, identificado como presidente de ese órgano, la Cámara de Diputados, y el sello de recibido del área de Presidencia de la Mesa Directiva anota las 18:17 de esa fecha.
- Argumento de fondo: aunque reprocha los actos, juzga que ninguna manifestación de un legislador debe ser sancionada y sostiene que el castigo ya ocurrió mediante descrédito y repudio social.
- Sin respuesta pública: no se conoce aún la determinación del comité ni si tomará en cuenta el escrito durante su deliberación.
El peso de la libertad de expresión
En el documento, Álvarez Máynez fijó su posición sobre lo ocurrido en San Lázaro. Reprobó las agresiones y manifestó que no respaldará insultos ni violencia de cualquier tipo. Añadió que, aun cuando un castigo pudiera estar justificado, no corresponde penalizar ninguna forma de expresión de los legisladores. Su advertencia fue que una medida así podría convertirse en un antecedente aplicable de manera indebida más adelante. Por eso defendió que se preserven las garantías para expresarse y para disentir.
“el país tiene cosas más importantes que atender”, escribió en X.
También lamentó la conducta de los diputados priistas en San Lázaro respecto del agua en Jalisco y afirmó que con ella solo buscan sacar raja política. Sobre el castigo, indicó que esas conductas ya reciben su propia condena: el desprestigio y el repudio de la sociedad.
“esa sanción ya fue impuesta”, remató.
Prioridades legislativas y alcance del comité
El coordinador de MC agregó que resulta improcedente que la labor legislativa se concentre en conductas como las del 20 de octubre y no en las necesidades de la población. Para él, lo central es preservar la autonomía del Congreso, así como la capacidad de sus integrantes para expresarse.
El Comité de Ética legislativo de la Cámara de Diputados supervisa que se respete el Código de Ética legislativo y tiene facultad para sugerir acciones frente a comportamientos impropios. Hasta ahora no se ha informado su resolución en este caso.
En los materiales difundidos por Álvarez Máynez tampoco se precisan los pormenores del 20 de octubre ni los nombres de los legisladores que habrían participado. La información pública disponible se limita, por ahora, al oficio ingresado la tarde del 26 de octubre y a la publicación en X.
Un expediente con claroscuros
Esa falta de precisiones deja abierto el terreno para que el comité valore el oficio sin un relato público completo de los hechos y sin que se conozcan los nombres de los señalados. El propio oficio, según lo difundido, no ofrece esos datos. La decisión que tome tendrá un doble costo explicativo. Si sanciona, deberá justificar por qué no atiende la solicitud de un coordinador parlamentario que invoca la libertad de expresión; si no sanciona, tendrá que aclarar ante la opinión pública por qué el mecanismo disciplinario del Congreso no se activa frente a agresiones entre legisladores. En ambos casos, el precedente que se fije influirá en el modo en que la Cámara de Diputados procese sus conflictos internos y en la credibilidad del órgano de ética.