El 27 de octubre, la elección de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE, luego de la salida de Guadalupe Taddei Zavala, desató una doble ofensiva del PAN. La diputada Kenia López Rabadán denunció una crisis de credibilidad y anunció una reforma para recortar facultades a la presidencia; ese día, ella y el dirigente nacional panista acudieron a la FGR con una denuncia por supuesta corrupción en contratos del instituto.
- Credibilidad bajo sospecha: López Rabadán dijo que el INE vive su momento más grave y pidió que el pleno, no una sola voluntad, decida.
- Reforma a la LEGIPE: el PAN busca quitar los superpoderes presidenciales y que consejeras y consejeros resuelvan lo electoral, político y administrativo.
- Denuncia penal: contra Taddei por contratos presuntamente irregulares; el partido estima 1,600 millones de pesos, cifra sin confirmación oficial.
- Exhorto a la CNDH: Rosario Piedra debe postular perfiles sin lazos políticos para el Comité Técnico que definirá la quinteta.
Una presidencia que, según el PAN, responde a Morena
En un video, López Rabadán calificó así la coyuntura del INE:
“el peor momento de la historia de este país”.
Reclamó que el pleno, no una sola persona, decida. A Cruz García le exigió autonomía frente al partido gobernante:
“La presidenta del INE debe rendirle cuentas a todo México, no a Palacio Nacional”.
“No se deje ideologizar, que no defina sus posiciones a favor de Morena, que no es empleada del régimen”.
Achacó a Morena, PT y Verde haber acumulado facultades administrativas en la presidencia. Imputó a Taddei manejar recursos y plazas y sustituir personal especializado por gente afín.
“Ya vemos qué pasa cuando hay una concentración absurda del poder”.
Criticó que Taddei protestara con la mano izquierda y dijo que esa postura:
“daña a las instituciones y daña al país”.
Menos poder en la silla y una denuncia penal
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, difundió que su partido exige convocar formalmente a elegir la próxima presidencia del INE. Escribió:
“No permitiremos que Morena vuelva imponer a sus incondicionales”.
Romero sostuvo que el árbitro debe responder a la ciudadanía, no a:
“a un grupo en el poder”.
Según López Rabadán, la reforma a la LEGIPE quitaría los superpoderes presidenciales y trasladaría al pleno las decisiones electorales, políticas y administrativas.
La denuncia ante la FGR, del martes 27 de octubre, señala a la expresidenta del INE por presuntas irregularidades en contratos que, según el partido, podrían minar la confianza en quien organizará los comicios de 2027. Romero pidió investigar seis delitos federales atribuidos a Taddei, otros funcionarios y empresarios, entre ellos tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y cohecho, sin determinación ministerial. El partido valuó en 1,600 millones de pesos los contratos supuestamente irregulares dados a empresas que Taddei y otros miembros habrían favorecido, cálculo no confirmado. Descartó que baste cambiar a la titular y describió una:
“tristísima descomposición”.
Mencionó supuesta corrupción y conflictos de interés; pidió revisar hechos divulgados y no públicos, y alertó que perder confianza sembraría dudas sobre 2027.
El llamado a la CNDH y el relevo provisional
López Rabadán pidió a Rosario Piedra, titular de la CNDH, postular aspirantes independientes y alejados del poder para el Comité Técnico que definirá la quinteta rumbo a la siguiente presidencia del INE. Recordó que la Comisión debe enviar dos integrantes y calificó su conducción de:
“irresponsable e ilegal”.
Lo atribuyó a una presunta postura ideológica, aunque le exigió designar personas sin vínculos políticos. Declaró:
“Este es el momento de pensar en México, no de pensar en Morena, no de pensar en una convicción política, sino de pensar en todo México”.
El Consejo General eligió ese 27 de octubre a Cruz García para ocupar provisionalmente la presidencia, después de que Taddei Zavala dejó el cargo, para conservar la conducción mientras se organiza el proceso federal 2026-2027 y cumplir plazos. La LEGIPE prevé que, ante ausencia definitiva, las consejerías escojan por mayoría simple a una de ellas. El instituto afirmó que opera con regularidad y que el relevo debe seguir la norma.
El PAN queda con dos frentes: uno legislativo, limitado por la aritmética parlamentaria, y otro judicial, en manos de la FGR y sin resolución previsible antes de 2027. Su tesis: cambiar a la persona en la silla no corrige nada si la ley conserva atribuciones concentradas. La presión se reparte entre la nueva presidenta provisional, la CNDH y la Fiscalía.