La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que su administración atenderá los requerimientos de información y las diligencias que solicite la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones relacionadas con el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien fue ingresado al penal federal del Altiplano tras ser detenido por una orden de aprehensión del fuero federal.
En un mensaje público, la mandataria explicó que la indagatoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización de una causa por presuntos delitos del ámbito local. Sobre ese procedimiento, subrayó que la decisión final corresponde al Poder Judicial.
- Proceso estatal: la Fiscalía de Chihuahua imputa al exfiscal los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
- Investigación federal: la FGR lo señala por presunta traición a la patria en materia de seguridad nacional.
- Medidas cautelares: en la audiencia local se determinó que podía continuar en libertad, sujeto a diversas obligaciones.
- Traslado al Altiplano: la orden federal se ejecutó después de que concluyó la audiencia del fuero común.
Colaboración institucional y unidad especializada
Campos afirmó que su gobierno mantendrá la disposición de colaborar con las instituciones federales, siempre mediante canales oficiales y dentro del marco legal. Si las indagatorias arrojan nuevos hechos sobre el ejercicio del cargo de Jáuregui, dijo, la Fiscalía estatal actuará dentro de sus atribuciones y entregará la información que requieran las autoridades federales.
La gobernadora recordó que el 24 de abril anunció la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía de Chihuahua para esclarecer lo ocurrido durante el operativo de El Pinal, en el municipio de Morelos. Esa unidad recibió el encargo de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos y determinar responsabilidades, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
La mandataria también defendió que la cooperación con autoridades extranjeras debe realizarse conforme a la legislación y mediante las instituciones competentes. Afirmó que la administración estatal no protegerá ni perseguirá a personas y que las investigaciones deben avanzar conforme a las competencias de cada institución.
“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley”
Asimismo, reiteró que Chihuahua continuará la colaboración con el Gobierno de México en materia de seguridad y combate al crimen organizado, bajo los procedimientos establecidos legalmente.
Doble proceso judicial del exfiscal
La situación jurídica de Jáuregui cambió después de su audiencia ante un juez estatal. Aunque en ese procedimiento se determinó que podía continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares, agentes de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión federal cuando salió de las instalaciones judiciales de Chihuahua. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde quedó a disposición de una jueza federal.
La FGR lo investiga por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, por presuntamente permitir la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en actividades operativas sin autorización federal. Se trata de una causa distinta de la que lleva la Fiscalía de Chihuahua, aunque ambas están relacionadas con los acontecimientos de abril pasado.
El origen: operativo en El Pinal
El caso se remonta a un operativo realizado en abril de 2026 contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Las indagatorias se centran, entre otros aspectos, en la presencia de agentes estadounidenses en actividades de la Agencia Estatal de Investigación. La investigación estatal sostiene que Jáuregui habría permitido la participación de esos elementos en tareas de la corporación desde octubre de 2025.
Por su parte, la FGR considera que la intervención de personal extranjero sin autorización federal pudo vulnerar las atribuciones de las autoridades mexicanas y la soberanía nacional. El caso también está relacionado con un accidente vehicular ocurrido cuando los participantes descendían de la zona serrana, en el que murieron dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó previamente la actuación de las autoridades estatales y señaló que ciertas operaciones contra laboratorios clandestinos corresponden a las instancias federales.
Lo que sigue en el proceso
Mientras el proceso estatal continúa, la situación jurídica de Jáuregui por la acusación federal deberá resolverse ante las autoridades judiciales correspondientes. Ambos procedimientos mantienen su curso de manera independiente y las imputaciones deberán determinarse conforme avance el proceso legal. Con ello, el Gobierno estatal dejó claro que no habrá una defensa política automática y que las acusaciones se resolverán en los tribunales.