Organizaciones civiles, colectivos de personas liberadas y familiares exigieron al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum que el regreso a la vida en libertad no se convierta en una nueva fase de abandono institucional. Mediante un pliego difundido por EQUIS Justicia para las Mujeres e impulsado por Art20MX, plantearon 22 peticiones concretas para fortalecer los servicios postpenales y garantizar acceso a vivienda, documentos, salud, empleo y redes familiares.
- 22 peticiones: El pliego está dirigido a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, y a Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.
- Servicios urgentes: Se reclaman casas de medio camino, apoyo económico de emergencia, traslado desde penales y atención prioritaria para personas sin redes de apoyo.
- Enfoque de género: El documento exige un programa específico para mujeres, asesoría jurídica gratuita para madres y participación del DIF en la reinserción.
Vivienda, traslados y sustento económico inmediato
El pliego propone crear casas de medio camino, albergues o residencias temporales para quienes están por egresar o acaban de salir de prisión sin vivienda, recursos económicos ni redes familiares. Estos espacios ofrecerían alojamiento, alimentación, higiene, orientación social, acompañamiento psicológico y asesoría para la vida comunitaria. También se solicita un programa de traslado desde el centro penitenciario hasta el domicilio, una casa de medio camino o un sitio de recepción previamente identificado, con pasajes, transporte terrestre, viajes de larga distancia y ayuda para personas con discapacidad, adultas mayores o problemas de salud.
Para los primeros días o meses en libertad, las organizaciones piden un apoyo económico de emergencia para alimentación, artículos de higiene, ropa, medicamentos prescritos, transporte, documentación y otros gastos indispensables. Para personas sin familia, domicilio, dinero o alguien que pueda recibirlas, se exigen mecanismos de identificación y atención prioritaria, de modo que nadie en condición de vulnerabilidad quede sin una evaluación de necesidades ni una ruta de canalización a servicios públicos y sociales.
Empleo, educación, documentos y salud
El documento plantea programas gratuitos de capacitación laboral, actualización tecnológica, formación técnica, educación financiera, habilidades digitales y emprendimiento. También exige evaluar y certificar competencias adquiridas antes o durante el internamiento, así como reconocer estudios y experiencia laboral previa. Propone convenios con empresas privadas, cámaras empresariales, organizaciones civiles e instituciones públicas, junto con bolsa de trabajo especializada, intermediación laboral y campañas contra la discriminación por antecedentes penales. Para quienes busquen iniciar un negocio, integrarse a cooperativas o desarrollar proyectos de autoempleo, se pide asesoría para planes de negocio, capacitación administrativa y fiscal, acceso a incubadoras y vinculación con financiamiento o apoyos productivos.
En materia educativa, se solicita orientación y vínculos con instituciones para concluir estudios básicos, medios superiores y superiores, además de becas, materiales y mecanismos de reincorporación académica. El pliego exige asistencia gratuita para obtener o recuperar actas del Registro Civil, CURP, identificación oficial y comprobantes de situación fiscal, con el fin de acceder a empleo, salud, educación, programas sociales y servicios bancarios. También plantea orientación jurídica para obtener constancias de antecedentes penales, corregir registros inexactos y tramitar cancelación o actualización de datos cuando la ley lo permita. En salud, demanda continuidad en la atención médica, psicológica y psiquiátrica, acceso a medicamentos, seguimiento de enfermedades crónicas, salud mental, tratamiento de adicciones y canalización a instituciones públicas, además de asesoría para recuperar documentos, pertenencias, bienes, cuentas o recursos que hayan quedado sujetos a aseguramiento, inmovilización o controversia.
Mujeres, coordinación institucional y transparencia
El pliego dedica un apartado específico a las mujeres que salen de centros penitenciarios, con alojamiento seguro, prevención y atención de la violencia, salud integral, cuidado de hijas e hijos, asesoría familiar, capacitación laboral, autonomía económica y redes comunitarias de apoyo. Para las madres, se exige asesoría y representación jurídica gratuita para recuperar la guarda y custodia, restablecer la convivencia familiar o regularizar su condición jurídica, considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. También se demanda la intervención del DIF para que las mujeres tengan acceso, control y seguimiento sobre la situación de sus hijos, dónde están, con quién viven y cuáles son sus necesidades, así como apoyo jurídico para quienes perdieron la custodia o buscan volver a ejercer su derecho a la maternidad.
Cada persona que lo requiera debería tener un plan individual de atención postpenal elaborado con su participación, que identifique servicios, instituciones responsables, referencias y metas para acceder a vivienda, salud, educación, empleo, documentos y reunificación familiar. Para lograrlo, se pide coordinación entre Prevención y Reinserción Social, autoridades federales y estatales, servicios de salud, escuelas, autoridades laborales, sistemas de asistencia social, defensorías públicas y organizaciones civiles, con directorios actualizados y convenios que eviten recorridos innecesarios por varias instituciones.
Entre las peticiones dirigidas al Órgano Administrativo Desconcentrado está el envío oportuno de estudios de preliberación a las mujeres que los soliciten antes de sus audiencias. El pliego exige que el 25 de noviembre haya una disculpa pública por los suicidios ocurridos dentro del CPS 16, en Morelos. También se pide publicar los convenios de servicios postpenales que las autoridades aseguran tener, con datos de empresas, instituciones, organizaciones y medios de contacto, así como realizar una reunión virtual con gobernadores para coordinar la reinserción postpenitenciaria en cada estado.
Las personas firmantes solicitan que los acuerdos de las mesas de trabajo queden asentados en minutas firmadas por titulares y responsables, y que se elimine el lenguaje de “ponerse a disposición” cuando no exista una orden judicial que lo justifique. Finalmente, demandan información pública sobre programas postpenales: reglas de operación, requisitos, cobertura territorial, presupuesto, número de personas atendidas, servicios y resultados. Exigen respuestas por escrito, fundadas y motivadas, en las que las autoridades indiquen cuáles medidas ya existen, cuáles requieren fortalecimiento y cuáles podrían implementarse mediante coordinación institucional.
El pliego coloca la reinserción social como una obligación del Estado que no termina con la excarcelación. De atenderse, las 22 demandas implicarían una coordinación amplia entre órdenes de gobierno y una transformación en el acompañamiento a quienes recuperan la libertad.