La búsqueda de justicia por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, dio un nuevo giro. Este miércoles, representantes legales de familiares de víctimas mortales y de sobrevivientes presentaron un recurso de apelación contra la resolución que favoreció a Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM).
- Recurso formal: La apelación impugna la decisión del juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien declaró cumplidas las condiciones impuestas y extinguió la acción penal.
- Proceso vigente: Las organizaciones aseguraron que la causa penal no está cerrada y que aún quedan recursos judiciales por agotar.
- Señalamientos: La defensa de las víctimas documentó irregularidades y advirtió que podría acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Apelación contra el sobreseimiento
La impugnación se dio a conocer en conferencia de prensa por abogados de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica de Derechos Humanos Alaidee Foppa de la Universidad Iberoamericana. Las organizaciones representan a 10 núcleos familiares de víctimas mortales y a 10 sobrevivientes del siniestro ocurrido el 27 de marzo de 2023.
“La causa penal no está cerrada”, afirmó Marcos Zavala, integrante de la FJEDD, quien detalló que en la víspera se interpuso “el recurso de apelación correspondiente”.
Zavala explicó que su tarea será acudir a instancias judiciales y no jurisdiccionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e impugnar todas sus determinaciones para documentar las omisiones, con la finalidad de asistir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Tampoco nosotros creamos unas falsas expectativas en las víctimas y creo que ellas lo saben, que si en el sistema jurídico mexicano no se puede alcanzar una esperanza de justicia, pues tendremos que acudir a un sistema interamericano”, comentó Marcos Zavala.
El abogado recordó los 13 juicios de amparo que los representantes de las víctimas interpusieron a lo largo del proceso. Algunos cuentan con suspensiones definitivas; otros permanecen en trámite sin que el juez federal los atienda. Para Zavala, el litigio contra Garduño dejó una conclusión clara:
“El sistema jurídico mexicano no es capaz de analizar en su justa dimensión casos de graves violaciones a derechos humanos”.
Durante el proceso judicial, agregó, se advirtió que “todo el aparato está alineado para limpiarle el expediente en materia penal o administrativa del señor Francisco Garduño Yáñez”. En enero pasado, Garduño Yáñez fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Estar dentro de los procesos nos permite documentar todas estas omisiones que hemos impugnado, cosa por cosa, dentro de la investigación, la ausencia de las víctimas y los procesos penales federales que fueron realizados a modo de fraude procesal y simulación procesal a favor, en este caso, del señor Francisco Garduño”, señaló Zavala.
Irregularidades señaladas por la defensa
Los abogados identificaron varias irregularidades desde el inicio del proceso. Según Marcos Zavala, la Fiscalía General de la República (FGR) incurrió en anomalías: a Garduño se le acusó de ejercicio indebido del servicio público, mientras que al resto de las 10 personas inculpadas se les imputaron homicidio de 40 personas y lesiones graves a 20.
- Reclasificación del delito: No se atendió a las víctimas que pidieron al juez este cambio, que se opusieron a que el proceso continuara en libertad y que rechazaron el beneficio de un proceso abreviado.
- Medidas judiciales: Las siete condiciones impuestas a Garduño no se cumplieron cabalmente, pese a que las víctimas lo denunciaron.
- Suspensiones definitivas: El juez no atendió las suspensiones que obligaban a reponer el procedimiento, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) litigó en favor del actual funcionario de la SEP.
Atención médica y disculpa pública en entredicho
Durante la audiencia, las víctimas que participaron desde sus lugares de origen sostuvieron que el convenio entre la Secretaría de Gobernación (Segob), el INM y el IMSS para brindarles atención médica “no se ha podido materializar”. Las solicitudes presentadas en diversas ocasiones lo confirman, según su testimonio.
Gabriela Romero, de DHIA, declaró que hay víctimas que requieren atención médica urgente y que, hasta el momento, no la han recibido. Sobre la disculpa pública, otra de las condicionantes, la abogada señaló que las víctimas no consideraron que dignificara la memoria de las personas fallecidas ni que resignificara lo ocurrido.
“No consideraron que fuera un hecho que dignificara la memoria, en el caso de las víctimas fallecidas, la memoria de sus familiares, o en el caso de los sobrevivientes, que pudiera resignificar el hecho, porque esta disculpa pública fue condicionada, porque justamente deviene de este proceso penal del excomisionado, por lo tanto no consideraron que fue para ellas una medida de satisfacción”, señaló Gabriela Romero.
Romero lamentó que ni el señalamiento de la asesoría victimal ni el propio dicho de las víctimas fueron tomados en cuenta por el juez.
Los abogados de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez subrayaron que el proceso judicial contra Francisco Garduño no está cerrado. Advirtieron que el caso probablemente regresará a tribunales una vez que procedan las apelaciones presentadas y, si el sistema jurídico mexicano no ofrece una salida, buscarán instancias internacionales. El litigio se mantiene así como un expediente abierto, tanto en el plano penal como en la exigencia de atención médica y una disculpa pública con efectos reales para las víctimas.